Los emprendedores cubanos deben enfrentarse a dificultades provenientes de múltiples flancos: desde cadenas de suministro volátiles hasta un entorno institucional restrictivo.

Sorprendentemente, en Cuba hay emprendedores. Esto es algo que puede parecer una contradicción ya que no es lo que se espera en un país gobernado por un partido comunista.

Poco se sabe de cómo los emprendedores inician sus negocios, sobreviven y prosperan en Cuba, un país con una economía controlada por el Estado y en la que la oferta es muy limitada.

De ahí que hayamos investigado las variables que influyen en los resultados empresariales de los emprendedores cubanos: la capacidad de gestión, los problemas de la cadena de suministro y los factores institucionales.

Crisis tras crisis

Muchos acontecimientos históricos han afectado al emprendimiento en Cuba desde mediados del siglo XX. Con la Revolución cubana de 1959, la mayoría de los negocios privados fueron tomados bajo el control del Estado. Casi diez años después, en 1968, la “Ofensiva Revolucionaria” nacionalizó las cerca de 58 000 pequeñas empresas privadas que seguían en funcionamiento.

Además, desde los primeros años de la Revolución, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han afectado seriamente a su desarrollo económico, el acceso a los mercados y las cadenas de suministro.

Aunque Cuba ha atravesado otras crisis económicas, desde principios de esta década está sufriendo una de las peores, con el cierre de negocios, la subida en los precios de la energía, la caída en los salarios y el aumento del desempleo.

Cuentapropismo cubano

Las dificultades económicas han hecho del trabajo por cuenta propia una opción para que las familias cubanas puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. Estos empresarios por necesidad suelen tener problemas de falta de recursos y de acceso a la financiación, y no suelen contar con la formación necesaria para dirigir sus empresas en condiciones de mercado inestables. Así, deben aprender sobre emprendimiento y a desarrollar sus capacidades de gestión a través de la experiencia (en el sector estatal o las multinacionales extranjeras) y las universidades.

En 2021, Cuba lanzó una serie de cambios para estimular su crecimiento económico. Entre otras medidas, aprobó la apertura de pequeñas empresas privadas con hasta 100 empleados a su cargo, yendo más allá del cuentapropismo (trabajo por cuenta propia, TCP). Aunque la gestión de estos negocios tiene menos interferencias del Estado, siguen contando con una fuerte regulación y control.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de los empleados cubanos trabaja para el sector estatal. Al permitir operar a pequeñas empresas privadas, el Estado reduce sus gastos y, además, apuesta por aumentar la eficiencia del suministro en muchos sectores económicos.

No obstante, la situación de economía de guerra, en palabras del propio gobierno cubano, le ha llevado a tomar medidas extremas que, seguramente, repercutirán en los negocios de los emprendedores cubanos.

Desafíos para emprendedores

Los emprendedores cubanos deben enfrentarse a dificultades provenientes de múltiples flancos: desde cadenas de suministro volátiles hasta un entorno institucional restrictivo. Además, deben operar sus negocios en un entorno que cambia constantemente por la aceleración y desaceleración de las reformas económicas. En nuestra investigación, exploramos cómo se enfrentan a estas dificultades y cómo afectan al rendimiento empresarial.

La rigidez y los controles generan negocios subóptimos y sistemas logísticos ineficaces. Las reformas en el sector financiero han sido lentas y a los empresarios les resulta imposible obtener préstamos o créditos de cualquier otra fuente formal para financiar sus negocios.

Además, hay graves problemas en la cadena de suministro (falta de electricidad, agua, infraestructura de transporte, materias primas y otros insumos relevantes), lo que fomenta la corrupción y el mercado negro.

También las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos son un obstáculo para el emprendimiento en Cuba. Cuando la Administración Obama propició la apertura comercial hacia Cuba (desde finales de 2014), surgieron oportunidades en el sector turístico: alojamientos gestionados a través de plataformas digitales, taxis, restaurantes, visitas guiadas por la isla, etcétera. Sin embargo, la decisión de la Administración Trump de endurecer las sanciones fue perjudicial para estas pequeñas empresas.

Gestionar un negocio en un entorno cambiante

Los emprendedores necesitan tener habilidades empresariales dinámicas que les permitan adaptarse rápidamente a un entorno económico inestable. Y si bien estas habilidades influyen directamente en los resultados de las pequeñas empresas, no son suficientes para mitigar los problemas externos a los que se enfrentan los emprendedores cubanos. Entre ellos, la burocracia y la complejidad de la normativa legal, el sistema fiscal y los procesos de registro y puesta en marcha de una empresa.

A diferencia de los países con economías estables, donde sólidas habilidades empresariales se traducen a menudo en una mejor gestión de la cadena de suministro, los problemas en las cadenas de suministro cubanas (controladas por el Estado) no se reducen aumentando estas habilidades.

En las pequeñas empresas, ciertas habilidades empresariales, como la creación de redes y la predicción de cambios en el mercado, permiten a los emprendedores navegar en un contexto de cadenas de suministro complejas y desafíos institucionales.

El control estatal crea barreras innecesarias

En un entorno cambiante, las empresas se enfrentan a dificultades de origen institucional que pueden aumentar la incertidumbre de los emprendedores y obstaculizar el rendimiento empresarial de sus proyectos.

Las lentas reformas del sector financiero cubano y el requisito de obtener suministros a través de los canales controlados por el Estado crean ineficiencias que exacerban los problemas de la cadena de suministro.

Estos problemas conducen a un aumento de los costos de transacción, ventas retrasadas y una rentabilidad reducida, lo que amenaza la viabilidad a largo plazo de las pequeñas empresas cubanas.

Para favorecer el emprendimiento

Hemos abordado las debilidades internas (capacidades dinámicas de gestión) y externas (trabas institucionales) a las que deben hacer frente los pequeños emprendedores cubanos en un contexto cambiante que condiciona el funcionamiento (y el rendimiento) de las empresas.

Los responsables políticos deben ser conscientes de que las trabas institucionales dificultan el desarrollo del espíritu empresarial. El Estado debe proporcionar a los empresarios redes de seguridad (como fondos de emergencia) ante la inestabilidad del mercado en una economía de transición como la cubana.

Las universidades, el gobierno y las grandes empresas podrían trabajar conjuntamente con las redes informales de apoyo a los empresarios para desarrollar programas de formación adecuados como gestión empresarial, financiera y de la cadena de suministro.

El fin de las sanciones comerciales de EE UU también sería una forma efectiva de fomentar el emprendimiento y la transición económica y política en Cuba. Obviamente, esta es una medida de política internacional que, en todo caso, queda fuera del control de los pequeños empresarios que, mientras tanto, hacen uso de sus habilidades empresariales para mantener a flote sus negocios y contribuir, en alguna medida, al saneamiento de la economía nacional.

Oscar Martín Martín, Full Professor of Marketing and International Business/ Director of INARBE, Universidad Pública de Navarra; Julio Cervino Fernandez, Professor of Marketing and Brand Management, Universidad Carlos III y Sylvie Chetty, Visiting Professor of International Business, Uppsala University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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El presupuesto anual de Hezbolá ronda los mil millones de dólares.

La naturaleza doble de Hezbolá –el Partido de Dios, en árabe– como organización política y milicia asentada en el Líbano es compleja. Implica una historia intensa de más de 40 años que comienza, aproximadamente, en 1982; una ideología en evolución; cierta base religiosa y unas alianzas, enemistades y objetivos estratégicos entreverados.

Hezbolá surgió de una urdimbre hilvanada por la guerra civil libanesa (1975-1990), la Revolución islámica iraní (1978), el impulso de clérigos chiitas, la denominada ocupación israelí de 1982 y las injerencias de Siria en el Líbano.

Inicialmente, la organización buscaba la expulsión de Israel del suelo libanés y la creación de un Estado Islámico en dicho país pero, tal como se abordará más adelante, esos objetivos fueron cambiando paulatinamente, salvo el de la “resistencia” frente a Israel.

En sus orígenes fue muy cruel. Sin embargo, a pesar de que en el Líbano opera como partido político, no ha cejado en su justificación del uso de la violencia como estrategia, especialmente en lo que respecta a la relación con Israel. Además, fue el único grupo que, tras la guerra civil libanesa, no se desmilitarizó, principalmente por el apoyo de Siria.

Por último, en todos estos años ha participado en operaciones militares fuera del Líbano tales como la guerra civil siria, apoyando a Bashar Al-Assad o en atentados terroristas que se le atribuyen en países como Argentina. Por ello, diferentes países occidentales y miembros de la Liga Árabe lo consideran un grupo terrorista.

Su ideología y el uso de la violencia

Hezbolá es un grupo islamista que plantea la posibilidad de introducir elementos del islam en la política, la gestión pública y la organización de la sociedad.

Los grupos islamistas modernos que buscan introducir en la política diferentes aspectos del islam se pueden dividir en tres categorías: los que justifican el uso de la violencia con fines políticos y abogan por establecer un Estado Islámico donde se aplique la sharía o ley islámica; los que respetan el juego democrático pero, si llegan al poder, no renuncian a intentar establecer un Estado Islámico, y los que respetan el juego democrático y, además, consideran la democracia el mejor sistema político, por lo que solo aspiran a mejorar la gestión pública de lo común.

Hezbolá ha ido oscilando desde la primera categoría hacia la tercera. En sus inicios justificaba el uso de la violencia para llegar al poder en el Líbano y establecer así un Estado Islámico. Después aceptó las reglas democráticas, sin renunciar a la posibilidad de establecer un Estado Islámico, pero no dejó las armas. Y, finalmente, al final de la primera década del siglo XXI, emitió un comunicado mediante el que decía renunciar al objetivo de establecer un Estado Islámico en el Líbano, aunque parece que mantiene aproximadamente 100 000 combatientes entrenados y militarizados.

En el Líbano conviven principalmente cristianos, musulmanes sunitas y musulmanes chiitas; siendo estos últimos minoritarios. Los chiitas eran representados políticamente por el movimiento chiita relativamente secular Amal. El éxito de la Revolución islámica de Irán, no obstante, mostró a los clérigos chiitas del Líbano una pauta política alternativa.

Así, entrenados y apoyados financieramente por Irán, dicha élite religiosa se organizó políticamente en la forma de Hezbolá. Desde entonces, Hezbolá sobresale como símbolo político de los chiitas del Líbano. Debido a su acción militar interior y exterior, así como a lo que se interpreta como gran heroicidad por haber hecho tablas en un enfrentamiento militar con Israel en 2006, Hezbolá tiene gran prestigio entre sectores islamistas, sunitas y chiitas.

Objetivos, alianzas y enemistades estratégicas

Tal y como he mencionado, Hezbolá comenzó aspirando a expulsar a los judíos del Líbano, a acabar con el Estado de Israel y a establecer un Estado Islámico en el Líbano inspirado en la República Islámica de Irán. Además, tanto la República Islámica de Irán como Siria no han dejado de apoyarle. De ahí que su presupuesto anual ronde los mil millones de dólares.

Dichos objetivos, no obstante, han evolucionado, particularmente por su mayor implicación en la política local del Líbano y su implicación en conflictos internacionales, tales como la guerra civil siria, en la que apoyan a Al-Assad.

A pesar de lo dicho, y simplificando un poco, se podría decir que los vectores de alianzas y enemistades estratégicas de Hezbolá se articulan alrededor de la oposición a Israel y Estados Unidos y del apoyo a Irán y Siria: quienes quieran ir en contra de Israel y EE. UU. son sus aliados y quienes apoyen a Irán y Siria, también; y viceversa, los amigos de los primeros y los enemigos de los últimos son sus adversarios.

El caso de Hamás ilustra bien este principio: en la lucha contra Israel es su aliado, pero en la guerra civil siria, su enemigo, puesto que Hamás se opone a Al-Assad.

En definitiva, Hezbolá es una organización fuertemente armada y empoderada compuesta por múltiples capas. No obstante, Israel le ha asestado dos duros golpes en los últimos días que van más allá del daño físico y material. Ha demostrado que se ha podido infiltrar en su corazón y que sigue estando a la vanguardia de la innovación tecnológica y de las estrategias de defensa. Sin embargo, estamos hablando de un león, herido, pero león; y los leones heridos son sumamente peligrosos.

Sergio García Magariño, Investigador de I-Communitas, Institute for Advanced Social Research, Universidad Pública de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

La primera semana de septiembre dio comienzo el juicio correspondiente a uno de los casos más relevantes y sobrecogedores que han azotado a la sociedad francesa en los últimos años. El relato, espeluznante, provoca una suerte de encogimiento moral que dificulta la visión del ser humano como sujeto digno de esperanza en un mundo cada vez más inundado de episodios descorazonadores.

Dominique P. invitó durante casi diez años (entre 2011 y 2020) a 72 hombres de diferentes perfiles sociológicos y profesionales a violar repetidamente a su esposa, Gisèle Pélicot, drogada previamente a través de una sumisión química que la situaba en una situación de inconsciencia.

El origen de la investigación penal se situó en unos hechos cometidos por el mencionado individuo relacionados con la filmación de las partes íntimas de algunas mujeres en establecimientos públicos. Iniciadas las correspondientes diligencias policiales a partir de la denuncia presentada, la policía francesa descubrió en su domicilio vídeos y fotografías relacionadas con las múltiples y continuadas agresiones sexuales cometidas sobre su esposa a lo largo casi de una decena de años.

Más allá de las consideraciones que se puedan efectuar en torno a los delitos cometidos y a las penas que, eventualmente, puedan recaer sobre quienes han sido acusados, una cuestión ha llamado poderosamente la atención en el inicio del juicio y es el hecho de que el mismo se celebre con carácter público a petición expresa de la víctima.

El acceso de terceros al juicio oral

Hay que tener en cuenta que la investigación criminal de un delito presenta unas reglas particulares en lo que atañe al principio de publicidad o, lo que es lo mismo, al acceso de terceros y medios de comunicación a las actuaciones que se desarrollan en fase de juicio oral.

En el ordenamiento jurídico francés, el artículo 306 del Código de procedimiento penal determina que los debates serán públicos, a menos que tal publicidad presente un riesgo asociado al mantenimiento del orden o las buenas costumbres, en cuyo caso el órgano judicial podrá decretar de manera motivada, y según su criterio, que la vista oral se celebre a puerta cerrada.

Se trata de una regla general que se ve matizada en el propio precepto al establecer que en aquellos casos en los que el juicio trate sobre violación, tortura y actos de barbarie acompañados de agresión sexual, trata de seres humanos o proxenetismo agravado, el juicio deberá necesariamente celebrarse a puerta cerrada si la víctima –no el acusado– así lo solicita. Esto es algo que en buena lógica sucederá en prácticamente todos los casos mencionados, habida cuenta de la gravedad del delito, de la afectación de la víctima y de la necesidad que pueda tener de evitar revivir en un contexto público los graves hechos acontecidos.

Se establece igualmente como cláusula de cierre que, en el resto de supuestos, la vista sólo podrá celebrarse a puerta cerrada si la víctima que sea parte en el proceso no se opone.

La víctima tiene, por tanto, una posición prevalente para decidir si el juicio se celebra a puerta cerrada cuando nos encontramos con delitos de naturaleza sexual. No deja margen de apreciación al órgano judicial y tampoco pueden entrar en juego otro tipo de consideraciones relacionadas con el orden público, el equilibrio entre las partes en el proceso o el derecho a la presunción de inocencia del acusado, habiendo reconocido el Consejo constitucional francés la constitucionalidad del mencionado artículo 306 (Décision nº. 2017-645 QPC, de 21 de julio de 2017).

En el caso que nos ocupa, la víctima ha manifestado su voluntad de que la vista oral se celebre con una “publicidad completa, total, hasta el final” para que aquello que ha vivido sea conocido y explicado.

El privilegio del silencio en delitos sexuales

En palabras expresadas por sus abogados, la violencia sexual no debe contar con el privilegio del silencio, la víctima no tiene por qué esconderse y la sociedad debe tomar conciencia de hechos como los acontecidos a través de la información proporcionada por unas actuaciones judiciales públicas.

Tomando en consideración tales argumentos, el tribunal ha rechazado la celebración del juicio a puerta cerrada, requerida tanto por el Ministerio Fiscal –quien ha alegado que la publicidad puede atentar a la dignidad de todas las partes implicadas en el proceso– como por algunos abogados de la defensa, que han invocado la necesidad de evitar que el juicio se convierta en un espectáculo público.

Sin duda, se trata de un escenario sorprendente, no sólo por el hecho de que un proceso de estas características se desarrolle con plena publicidad, sino por la circunstancia de que sea precisamente la víctima la que haga caso omiso de las posibilidades de protección que le ofrece el ordenamiento jurídico francés y se exponga con ello al escrutinio público, en una sala de vistas en la que se practicará con toda crudeza la prueba obtenida.

Iñaki Riaño Brun, Profesor titular de Derecho Procesal, Universidad Pública de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.