La decisión llega después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera, el pasado 16 de julio, un informe favorable “con condiciones”. Entre ellas, garantizar la dotación mínima de personal de seguridad entre 2028 y 2030.

Antes de entrar en lo que implica y lo que no implica esta prórroga, merece la pena pararse un momento en la propia central, porque Almaraz no es solo un dato en un calendario energético: es también una pieza clave de la historia energética y social de España.

Una central con historia propia

La construcción de Almaraz arrancó en 1973, promovida por CENUSA, la sociedad que en 1958 habían formado a partes iguales (33 % cada una) Hidroeléctrica Española, Unión Eléctrica Madrileña y Compañía Sevillana de Electricidad. Almaraz I se conectó por primera vez a la red el 1 de mayo de 1981 y Almaraz II lo hizo el 8 de octubre de 1983, aunque empezaron a vender electricidad regularmente más tarde: Almaraz I el 1 de septiembre de 1983, y Almaraz II el 1 de julio de 1984. En cualquier caso, todo ello en plena carrera de construcción del parque nuclear español.

Y aquí conviene recordar una cifra que suele sorprender y que recogimos en nuestro libro sobre la historia nuclear en España: entre finales de los años sesenta y mediados de los ochenta, las eléctricas españolas llegaron a solicitar permisos para más de 40 reactores. De ellos, 22 recibieron preautorización, 15 iniciaron obras y solo 10 acabaron conectados a la red. El resto quedó por el camino, víctima de la crisis del petróleo, la caída de la demanda eléctrica, los problemas de financiación y de la fortísima oposición social que se organizó en varios emplazamientos. El parque nuclear español que conocemos hoy es, en realidad, una versión muy reducida de lo que se planeó originalmente.

Extremadura fue protagonista en ambos sentidos: dio nombre a Almaraz, pero también fue uno de los escenarios donde se fraguó una parte importante del movimiento antinuclear español. El caso más recordado es el de la central de Valdecaballeros, en Badajoz, promovida también por Hidroeléctrica Española y Sevillana: construida casi por completo pero nunca puesta en marcha, fue paralizada en 1984 tras una fortísima oposición social y las dudas sobre su rentabilidad. Aquella lucha, junto con la de Lemóniz, en el País Vasco, marcó a toda una generación de activismo antinuclear en España.

Ninguna de las tres empresas que promovieron Almaraz existe ya con ese nombre. Hidroeléctrica Española se fusionó en 1992 con Iberduero para formar Iberdrola; Sevillana de Electricidad fue absorbida por Endesa entre 1991 y 1996, y Unión Eléctrica Madrileña acabó, tras varias fusiones sucesivas, integrada en lo que hoy es Naturgy. Así, la vieja CENUSA se ha transformado en la actual Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), con Iberdrola al frente (52,7 % de la propiedad), seguida de Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %).

Fueron precisamente estas tres compañías las que, en octubre de 2025, solicitaron formalmente al Ministerio la modificación del calendario de cierre, argumentando el papel de Almaraz como infraestructura esencial (llegó a suministrar más del 7 % de la electricidad del país) en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del gas ligada a la crisis en Oriente Próximo

Vale la pena detenerse en cómo se llegó exactamente a esos 31 y 19 meses de prórroga, porque no fue un número que pusiera el Gobierno sobre la mesa: según reconstruye pv magazine España, Iberdrola y Endesa defendían inicialmente una prórroga de diez años, mientras que Naturgy se opuso a esa opción. Al ser CNAT una comunidad de bienes en la que las decisiones exigen unanimidad, la petición final que llegó al Ministerio quedó recortada a los tres años en los que sí coincidieron las tres socias. El propio informe del CSN, además, no salió por unanimidad: el pleno lo aprobó con la abstención de uno de los consejeros.

Una fuente que fue la primera y ya no lo es

Conviene recuperar la perspectiva de cuánto ha pesado la nuclear en el sistema eléctrico español. A mediados de los noventa, con el parque recién completado y antes del despegue renovable, llegó a cubrir en torno al 35 % de la demanda, siendo la primera fuente de energía eléctrica del país. Esa cuota fue descendiendo, pero no tanto por el cierre de Zorita y Garoña como por el crecimiento del sistema y el avance de las renovables.

En 2021, la energía eólica (23,3 %) superó por primera vez a la nuclear (20,6 %), un liderazgo que no ha vuelto a ceder. Desde entonces, la nuclear es la segunda fuente, oscilando entre el 19 % y el 21 % del mix, con una producción de 52 000-56 000 gigavatios-hora (GWh) anuales (frente a los más de 58 000 GWh de mediados de la pasada década). Es, por tanto, un descenso relativo, no de producción: el parque nuclear sigue operando casi a plena potencia, con disponibilidad por encima del 83 %.

Tener esto presente ayuda a matizar el debate: Almaraz y el resto reactores no son ya la columna vertebral del sistema que fueron hace treinta años, pero siguen aportando una base de generación estable, sin emisiones e independiente de Oriente Medio.

Lo que cambia y lo que no

Es importante ser precisos aquí, porque el propio comunicado del Gobierno insiste en un matiz relevante: esta prórroga afecta únicamente a Almaraz y no altera, formalmente, el calendario de cierre del resto del parque nuclear español, que sigue fijado para 2035 según el protocolo firmado en 2019 entre las eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Es decir, sobre el papel, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós mantienen sus fechas de cierre escalonado tal y como estaban previstas.

Dicho esto, sería ingenuo leer esta decisión de forma aislada. Un cambio de Gobierno podría perfectamente traer consigo una revisión de ese calendario, sobre todo si Almaraz demuestra en la práctica que una central puede operar con seguridad más allá de los 40 años inicialmente previstos. El precedente que se sienta ahora, más que el contenido literal de la orden, es probablemente lo más importante de la noticia.

Que hoy, cuatro décadas después, una parte de los extremeños (representados por plataformas como “Sí a Almaraz, Sí al futuro)”) celebren la prórroga con satisfacción, mientras que el movimiento antinuclear histórico la viva como una derrota dice mucho de cómo ha cambiado el debate energético, y también de lo distintas que pueden ser las prioridades. Ambas lecturas son legítimas. Lo que no podemos hacer es fingir que no hay tensión entre ellas, ni que el debate energético español está, ni mucho menos, cerrado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en número de incendios forestales, con 300 eventos registrados, por delante de Francia, que reporta 275.

En las últimas semanas, buena parte de la geografía española, desde Aragón a Andalucía, pasando por Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León, se ha visto asolada por incendios forestales.

Los incendios forestales no son un problema nuevo, pero sí creciente. En mayo de 2026, el Gobierno de España presentaba su campaña contra los incendios, donde ya señalaba que “los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 muestran una evolución desfavorable, con 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 %”.

En relación con los denominados “grandes incendios”, hasta el 19 de julio de 2026, España registró 21 fuegos que arrasaron un total de 65 753,71 hectáreas. Esta cifra supone más del doble de la superficie quemada en el mismo periodo de 2025, año en el que se habían contabilizado 11 grandes incendios y 29 817 hectáreas afectadas.

Además, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en número de incendios forestales, con 300 eventos registrados, por delante de Francia, que reporta 275.

No es el objeto de este artículo valorar las causas y agravantes de estos incendios. Los últimos datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica, de 2016, señalan que ese año el 54,61 % de los incendios fueron intencionados, el 27,57 % se debieron a accidentes y neigligencias y un 10,44 % tuvieron una causa desconocida.

Nos centraremos en las consecuencias de los incendios y, en particular, en los costes asociados.

¿Cuánto cuesta un incendio?

La mejor pista de cuánto cuesta un incendio no la dan las llamas, sino lo que ocurre después. En Estados Unidos, un estudio en relación con los incendios de California del año 2018 ponía de relieve que “los daños causados por los incendios forestales en 2018 ascendieron a 148 500 millones de dólares, aproximadamente el 1,5 % del producto interno bruto anual de California, con pérdidas de capital por valor de 27 700 millones de dólares (19 %), costes sanitarios por valor de 32 200 millones de dólares (22 %) y pérdidas indirectas por valor de 88 600 millones de dólares (59 %)”.

Una investigación similar estimó que “las regiones del sur de Europa golpeadas por grandes incendios pierden entre un 0,11 % y un 0,18 % de su crecimiento anual del PIB. El empleo en transporte, alojamiento y restauración –el turismo– cae entre un 0,09 % y un 0,15 %”.

No cabe duda de que es algo prematuro intentar realizar una valoración económica de los incendios forestales que han ocurrido este año en España, pero haremos un pequeño ejercicio basado en los costes de oportunidad.

Un coste de oportunidad se define como aquello a lo que se renuncia como consecuencia de una acción o decisión. Pensemos ahora en un pequeño pueblo de cualquiera de las regiones afectadas. Durante los meses de invierno la población es de 600 habitantes, pero durante el verano en algunos momentos se llega incluso a cuadriplicar esta cifra. Un paisaje ennegrecido y una evacuación en plena temporada alta golpean justo donde más duele. A ello se suma el campo: cosechas paradas y ganado muerto o incomunicado. Son ingresos que no vuelven cuando el humo se disipa. Por tanto, un incendio deja así dos huellas: una inmediata, la de apagarlo, y otra persistente, la de recuperar lo perdido.

Mientras el fuego arde

En España, los efectos a corto plazo están vinculados con la extinción de las llamas. Aunque es difícil encontrar fuentes fiables, la Agenda Forestal de Navarra presentada en el año 2019 señalaba que el coste de extinción de un incendio forestal declarado es muy variable, pero puede rondar los 10 000 euros por hectárea cuando intervienen medios aéreos, a los que habría que sumar el importe de las tareas posincendio.

No solamente son medios aéreos los que generan este coste. También brigadas, maquinaria, combustible y retardantes trabajando sin pausa durante días. Así, en un incendio de 16 000 hectáreas estos costes ascenderían a 160 millones de euros.

Después de apagar las llamas

Sin embargo, la realidad no termina aquí. La factura que vemos en televisión, con hidroaviones y bomberos, es solo el primer recibo. Es necesario tener en cuenta los efectos a largo plazo y, especialmente, aquellos que tienen carácter indirecto.

Siguiendo con el ejemplo del pequeño pueblo, pensemos qué ocurre con un camping situado en el municipio que ve reducidas sus reservas en 50 plazas como consecuencia del incendio. A un coste de 14 euros/día por autocaravana y en la temporada de verano de 90 días, una simple multiplicación arroja una cifra de 63 000 euros perdidos. Ahora pongamos ocho campings en la zona afectada, estaríamos hablando de una cifra superior al medio millón de euros.

Y falta trasladar el golpe a panaderías, comercios y bares. Un incendio, además, cambia el paisaje, empeora la calidad y la cantidad de agua, se pierde biodiversidad y deja un suelo que tardará años en volver a sostener el ecosistema que tenía.

La moraleja económica es clara

Este ejercicio es solo una ilustración didáctica. A la factura real habría que sumar los costes de gestión forestal, ganadería extensiva y limpieza del monte durante todo el año. Todos son costes económicos reales, aunque nadie emita una factura por ellos, y los soporta en primer lugar quien vive del territorio. Así, cada incendio encarece la decisión de quedarse: se pierden ingresos, se destruyen infraestructuras y se erosiona la confianza en el futuro del lugar. El fuego no causa la despoblación, pero la empuja.

Como repiten los expertos, “los incendios se apagan en invierno”. Invertir en el territorio antes del verano no es un capricho; es, sencillamente, la política económica más barata a largo plazo. Las estadísticas oficiales muestran, año tras año, que salimos más caros apagando que previniendo.

Por eso el verdadero coste de un incendio no se salda la semana en que arde el monte, sino durante los años que tardan en recuperarse el paisaje, la economía y la gente de cada pueblo. Lo que hoy no se invierte en prevención se paga mañana, con intereses, en extinción y en abandono. Ese es el auténtico coste de oportunidad del fuego.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Desde el mundo académico se ha comenzado a explorar si los desastres naturales también influyen en el riesgo crediticio de los estados. Es decir, en su capacidad para endeudarse y en las condiciones en que lo hacen. Veamos qué nos dicen hasta ahora esos estudios y qué preguntas quedan aún abiertas.

Por qué un desastre puede complicar las finanzas públicas

Tras una catástrofe, los gobiernos suelen aumentar el gasto en rescate, reconstrucción y ayudas a los afectados. Esto puede elevar el déficit y con él, el nivel de deuda pública. Si los mercados financieros perciben que esa deuda es menos sostenible, el coste de financiación del estado tiende a subir.

Este mecanismo depende de muchos factores: la magnitud del desastre, la situación previa de las finanzas públicas, la capacidad institucional del país o el acceso a seguros y ayuda internacional. Según el informe global para 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la factura global de esos eventos podría acercarse a los 2,3 billones de dólares anuales (aunque estas estimaciones deben interpretarse con cautela por la cantidad de variables incluidas).

Qué dice la investigación: primeras evidencias

Los estudios pioneros apuntan a que la conexión existe, aunque los efectos varían según el tipo de catástrofe y el contexto económico del país. Algunas investigaciones sugieren que los desastres geofísicos (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, avalanchas) y meteorológicos (olas de calor, huracanes, tornados) tienden a elevar la prima de riesgo de los países (la tasa a la que se financian en los mercados internacionales) tanto a corto como a largo plazo. En cambio, los eventos hidrológicos (sequías, inundaciones) muestran efectos más transitorios.

En el caso de los países del Caribe, la exposición recurrente a huracanes puede limitar la capacidad de los gobiernos para emitir deuda en condiciones favorables. En Europa, un análisis de 92 desastres en 17 países entre 2007 y 2021 generó reacciones distintas en los mercados de deuda soberana: el impacto varía según la región y el tipo de calamidad.

El impacto sobre el riesgo soberano es mayor en los países de Europa del Sur y Europa del Este, mientras que Europa Occidental muestra efectos más moderados y Europa del Norte los menores. Los desastres geofísicos y climatológicos (terremotos, incendios, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas) generan los mayores aumentos del riesgo soberano, superando a los hidrológicos y meteorológicos (sequías, lluvias extremas, inundaciones).

Se trata de un tipo de investigación joven y con matices. Ni todos los desastres tienen el mismo impacto, ni todos los países reaccionan igual.

Un riesgo global, no solo local

Una de las conclusiones más relevantes de este estudio es que los desastres naturales no son eventos aislados. Sus consecuencias financieras se contagian. Cuando un país sufre una catástrofe, los inversores que tienen deuda de países vecinos o con economías similares también se ponen en alerta.

Un estudio reciente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) sobre 52 economías entre los años 2000 y 2023 confirma que los riesgos físicos (daños directos a personas e infraestructuras) y los riesgos de transición (impactos económicos derivados de la transición ecológica) provocados por el cambio climático se trasladan a los rendimientos de los bonos soberanos, con efectos más pronunciados en economías en desarrollo y en países con altas emisiones.

Más expuestos y con menos recursos

Las investigaciones sugieren que las economías en desarrollo podrían ser más vulnerables a estos efectos al tener:

• Menor margen fiscal para absorber daños imprevistos (menos fondos disponibles, capacidad para endeudarse o flexibilidad en sus presupuestos).
• Acceso más limitado a instrumentos y mecanismos para identificar, evaluar, controlar y mitigar amenazas, proteger sus recursos, anticipar impactos negativos y tomar decisiones informadas frente a la incertidumbre.
• Infraestructuras más frágiles.

Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 164 países estima que una sequía puede reducir el crecimiento del PIB en economías emergentes alrededor de 1,4 puntos porcentuales y deteriorar el saldo primario (la diferencia entre los ingresos tributarios de un Estado y lo que gasta en sus políticas públicas y en pagar a sus funcionarios). En cambio, en economías avanzadas el efecto fiscal es menos pronunciado.

En una línea similar, otro trabajo con datos de 98 países observa que los más vulnerables al cambio climático tienden a pagar más por financiarse en los mercados, aunque la causalidad es compleja y difícil de aislar.

El cambio climático como factor de riesgo financiero

Si los desastres naturales pueden afectar al riesgo soberano hoy, el cambio climático plantea preguntas sobre lo que podría ocurrir a largo plazo. Una simulación reciente sobre las calificaciones crediticias de 109 países sugiere que, bajo escenarios de altas emisiones, podrían producirse rebajas de calificación en varias decenas de países hacia 2030, con incrementos potenciales en el coste de la deuda soberana.

Estas proyecciones, que se basan en modelos matemáticos (con su correspondiente incertidumbre), muestran una tendencia que los gestores de riesgo y los responsables de diseñar las políticas económicas tienen cada vez más en cuenta.

Investigación en curso, preguntas abiertas

Los estudios sobre la conexión entre desastres naturales y riesgo soberano son relativamente recientes y requieren más evidencias, pero apuntan en una dirección clara: las consecuencias de una catástrofe natural no se limitan a los daños inmediatos, sino que pueden extenderse a la capacidad de un país para financiarse, lo que va a influir en su desarrollo a largo plazo. Entender mejor esa relación es, en sí mismo, una forma de prepararse para el día después.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Los analistas financieros desempeñan un papel clave en los mercados. A través de la valoración de los estados financieros y otros factores relacionados con aspectos sociales, ambientales y de gobernanza de las empresas, emiten sus recomendaciones, que influyen cada día en las decisiones económicas de los inversores individuales e institucionales.

Sin embargo, en periodos de entusiasmo alcista, los analistas tienden a emitir más recomendaciones de compra que de venta, mostrando un contagio del optimismo presente en el mercado en sus recomendaciones de inversión.

Por otra parte, en los últimos años, cada vez es mayor el número de empresas que publican informes de sostenibilidad con información ambiental, social y de gobernanza (ESG). Esto implica una mayor presencia de información no financiera disponible para los participantes del mercado.

Este artículo busca responder una pregunta relevante: ¿puede la información sobre sostenibilidad reducir el sesgo optimista de los analistas?

Sostenibilidad como freno al optimismo desmedido

Los analistas financieros están sujetos a sesgos cognitivos, como el producido por el sentimiento del inversor. Este fenómeno representa la actitud o expectativa (optimista o pesimista) de los participantes hacia el mercado o hacia determinados activos, y afecta a la toma de decisiones y la valoración de los activos.

En su actividad, los analistas emplean la información financiera para emitir sus predicciones y recomendaciones. Sin embargo, en los últimos años, también han incorporado información no financiera como una variable clave en sus pronósticos.

Cuando las empresas proporcionan información no financiera, la influencia del sentimiento del mercado en el optimismo de los analistas disminuye. Así, mejora la base informativa para el análisis y las recomendaciones dependen menos de las percepciones del mercado.

Los informes de sostenibilidad

Los informes de sostenibilidad recogen esta información no financiera y exponen cómo gestiona una empresa su impacto ambiental, social y de gobernanza (los llamados factores ESG). Se detallan aspectos como las emisiones de carbono, el uso de recursos y energía, las políticas laborales, la diversidad en la plantilla, la relación con las comunidades o la estructura de gobierno corporativo.

Esta información, clave dentro de la estrategia empresarial, aporta a los analistas financieros señales que no aparecen en los estados contables tradicionales. Al analizarlos, se obtiene información sobre la calidad de la gestión, los compromisos de sostenibilidad y la preparación de la empresa para un entorno económico cada vez más exigente en materia ambiental y social

¿Más información no financiera, menos estrategias de inversión?

Estudios previos han observado que las recomendaciones de compra de los analistas de inversión suelen aportar menos información útil que las de venta. Además, el sentimiento de mercado influye en ese contenido informativo.

Por otra parte, está la creciente presencia de información no financiera. Una alta divulgación en sostenibilidad puede hacer que el valor informativo de las recomendaciones de inversión sea menor, reduciendo la importancia del papel de los analistas financieros como intermediarios de la información.

En cambio, las recomendaciones de venta sobre empresas con baja divulgación resultan mucho más informativas, especialmente cuando el sentimiento inversor es optimista, y mejoran la rentabilidad de las carteras de inversión.

Sin embargo, el patrón se invierte en periodos de bajo optimismo: en ese contexto, las recomendaciones de compra sobre empresas con alta divulgación en sostenibilidad contienen mayor valor informativo que las recomendaciones de venta sobre empresas con baja divulgación.

En otras palabras, el contenido informativo de las recomendaciones de los analistas depende tanto del sentimiento del mercado como de la calidad de la información de sostenibilidad de las empresas.

La divulgación en sostenibilidad y su importancia en los mercados

Más que una obligación normativa, los informes de sostenibilidad son un reflejo de la gestión empresarial y la transparencia de la organización. De ahí su impacto en los mercados financieros. Además, reducen el exceso de optimismo que los analistas muestran cuando el sentimiento de mercado está al alza.

La divulgación de la sostenibilidad de las empresas añade transparencia informativa a los mercados, reduce el sesgo optimista de los analistas financieros y aumenta la calidad de sus recomendaciones.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Los propios docentes reconocen que tienen importantes lagunas en áreas muy complejas y emergentes para el desarrollo de su actividad profesional que su formación no cubre, ni al inicio de su carrera ni a través de la formación continua.

Falta de tiempo y de recursos, cambios normativos, problemas de disciplina y convivencia en las aulas, necesidades de aprendizajes muy diversas y burocracia en la rendición de cuentas. Esta acumulación de factores –profesionales, emocionales y organizativos– está en el centro de las protestas que han protagonizado maestros y docentes de diferentes puntos de España en los últimos meses.

¿De dónde parte este hartazgo? Los datos del informe sobre la situación de la profesión docente, recientemente publicado por la OCDE, ahondan en esta realidad. En este informe se entrevista a docentes y responsables de dirección de 55 países de diferentes etapas educativas: infantil, primaria y secundaria.

Los resultados obtenidos nos permiten identificar al menos cuatro grandes factores que ayudan a comprender por qué tantos docentes manifiestan niveles elevados de estrés y un gran desgaste profesional.

Diversidad de necesidades de aprendizaje

En todos los niveles educativos, el profesorado trabaja de forma habitual en aulas con una elevada diversidad de estudiantes que abarcan desde dificultades de aprendizaje como la dislexia o el trastorno por déficit de atención, a diferentes presentaciones del trastorno del espectro autista o necesidades especiales de apoyo educativo.

La complejidad, diversidad y heterogeneidad de estas aulas, que incrementa la carga emocional y organizativa del profesorado, es una realidad para la que no siempre tiene conocimientos, ni competencias, ni recursos, ni tampoco tiempo para abordar.

En el caso de España, en educación secundaria obligatoria (ESO), solamente el 0.6 % del profesorado declara no tener alumnado con necesidades diversas; el 67.5 % tiene diversidad académica en el aula (diferentes dificultades o necesidades de adaptación curricular); y el 77.8 % informa de necesidades conductuales, lingüísticas o de educación especial.

Esto sitúa a España ligeramente por debajo del promedio TALIS en diversidad académica, pero por encima en necesidades conductuales, lingüísticas o de educación especial.

Sobrecarga de cambios sin tiempo

Los docentes experimentan una fuerte “fatiga por el cambio”. Muchos profesores se sienten cansados ante las continuas reformas e iniciativas que deben implementar en sus centros educativos. El estrés aumenta especialmente cuando los docentes perciben que esos cambios se exigen sin proporcionar los recursos necesarios. Y es que, con demasiada frecuencia, las nuevas demandas curriculares, tecnológicas o administrativas suelen llegar sin formación, apoyo ni tiempo para su conocimiento y aplicación.

Un ejemplo fue la reciente implantación de la evaluación por competencias con la LOMLOE. Su puesta en marcha aumentó la carga administrativa del profesorado, que tuvo que elaborar nuevas rúbricas y registros de evaluación sin disponer de más recursos ni tiempo. Y todo ello sin reconocimiento institucional y social.

Sobrecarga de trabajo administrativo

Continuando con el análisis del informe, el exceso de trabajo administrativo es la principal fuente de estrés para el profesorado. Destacan Australia (con un 69 % de los docentes con esta sensación), Bélgica (70.3 %), Costa Rica (65.2 %) y Japón (62.8 %). España se encuentra en valores próximos a los países mencionados (64.3 %).

En cuanto al estrés por corrección de tareas y exámenes, España, con un 53.5 % de docentes que reportan sentirlo, está por encima de Australia (49.7 %), Bélgica (46.6 %), Costa Rica (53 %) y Japón (36,6 %).

Estos datos evidencian que la burocracia escolar constituye una preocupación ampliamente compartida entre los docentes de diferentes países.

Necesidad de formación profesional docente

Los propios docentes reconocen que tienen importantes lagunas en áreas muy complejas y emergentes para el desarrollo de su actividad profesional que su formación no cubre, ni al inicio de su carrera ni a través de la formación continua.

Las mayores necesidades se concentran en el uso de la inteligencia artificial, herramientas digitales, atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, gestión del comportamiento en el aula y apoyo socioemocional a estudiantes.

La autoeficacia, es decir, la percepción que tiene cada profesional de su capacidad y sus aptitudes, también es una fuente de estrés para muchos docentes. Los docentes que perciben menor autoeficacia tienden a experimentar más estrés relacionado con la gestión y la disciplina en el aula, la relación con las familias y el bienestar socioemocional del alumnado.

Mejores condiciones para enseñar

El agotamiento docente surge de la interacción de múltiples variables que hacen que las aulas sean cada vez más complejas: reformas constantes, sobrecarga laboral, demandas crecientes en el ámbito de las emociones y una necesidad constante de actualización y formación profesional.

Detrás de cada aula hay docentes que intentan responder a necesidades cada vez más complejas, plurales y diversas. Por ello, mejorar la educación no sólo es pedir más al profesorado sino ofrecer mejores condiciones para enseñar: ratios más reducidas, apoyos más especializados y menos carga burocrática.

Que son, precisamente, las reivindicaciones que actualmente mueven a movilizarse a docentes de diferentes comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Cataluña.

15Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

25Sara Torregrosa Hetland es investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Economía e investigadora del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la Universidad Pública de Navarra

Imagen creada por IA

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el secreto de la redistribución no está solo en la progresividad de los impuestos (donde se aplican tipos impositivos más altos a las rentas superiores), sino también en convertirlos en un fenómeno de masas.

Cada año, el impuesto sobre la renta provee a los gobiernos con ingresos esenciales para llevar a cabo sus políticas. En la Unión Europea de los 27 supone, de media, entre un 9 y un 10 % del PIB. Pero no sólo es importante por su peso en la economía.

El impuesto sobre la renta es también un instrumento clave para la reducción de la desigualdad. Como suele ser progresivo (es decir, quien tiene más renta paga un porcentaje mayor), las rentas netas, tras el pago del impuesto, son menos desiguales que las rentas brutas. Esto, a su vez, puede contribuir a la reducción de la desigualdad con el paso del tiempo.

En esta época del año, muchos nos enfrentamos a la declaración fiscal. Esto es algo que los españoles en general no empezaron a hacer hasta mediados de los ochenta. En otros países, sin embargo, el impuesto sobre la renta tiene una historia más larga que merece la pena conocer.

De impuesto de élites a impuesto de masas

Durante la primera mitad del siglo XX, el impuesto sobre la renta creció y se desarrolló en los países más avanzados. En un artículo reciente, el profesor Oriol Sabaté y yo hemos analizado su comportamiento en Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

Nuestro estudio muestra que el efecto de este impuesto en la reducción de la desigualdad fue más fuerte donde se aplicó de manera más generalizada, incorporando a la mayoría de la población en su red. Es decir, el secreto de la redistribución no está solo en la progresividad de los impuestos (donde se aplican tipos impositivos más altos a las rentas superiores), sino también en convertirlos en un fenómeno de masas.

Además, nuestro trabajo evidencia la gran precocidad del sistema fiscal sueco. Ya en la década de 1920 cerca de la mitad de la población del país hacía su declaración de la renta, un hito que los países anglosajones no alcanzarían hasta la Segunda Guerra Mundial. Para 1950, esta cifra superaba el 75 % en los tres países estudiados, consolidando la transición desde un impuesto “de élites” a un impuesto “de masas”.

Las guerras mundiales fueron eventos clave para la evolución de la fiscalidad. Ambas contiendas impulsaron la redistribución en el impuesto sobre la renta, pero con dinámicas diferentes. Durante la Primera Guerra Mundial se recaudó más dinero y, además, crecieron mucho los tipos impositivos aplicados a los más ricos. Durante la Segunda, la redistribución alcanzó niveles récord y los tipos impositivos aplicados a las clases altas volvieron a crecer, pero la progresividad del impuesto disminuyó. Esto se debió a que la base del impuesto fue ampliada drásticamente para incluir a las clases medias y bajas.

Impuesto sobre la renta y estado del bienestar

Desde la orientación socialdemócrata de Suecia hasta la más liberal de Estados Unidos, distintos impuestos sobre la renta se pueden vincular a modelos diferentes de estados del bienestar. La redistribución por vía de este impuesto creció durante la primera mitad del siglo XX en los tres países analizados en nuestro artículo, pero lo hizo de manera diferente.

El Reino Unido destaca como el país que generó el sistema más redistributivo, al combinar un gran tamaño con una considerable progresividad. En Estados Unidos, el impuesto tuvo, en general, un menor alcance, aunque creció de manera muy importante en los años cuarenta. Finalmente, Suecia tuvo sistemáticamente la base fiscal más amplia, pero también el sistema menos progresivo de los tres. En buena parte, esto se debe a la aplicación de impuestos locales.

El impuesto sobre la renta en España

España no tuvo un impuesto sobre la renta comparable hasta 1932, cuando apareció la “Contribución general sobre la renta”. Durante los siguientes 40 años, este impuesto y sus sucesores alcanzaban apenas a un 1 % de los hogares, y recaudaban en torno al 0,15 % del PIB.

Hasta los años de la Transición, el sistema fiscal español seguía siendo pequeño y basado en impuestos indirectos. La redistribución de la renta brillaba por su ausencia. Con la democracia, esto empezó a cambiar. El actual IRPF se introdujo en 1978, al mismo tiempo que se daban pasos hacia el desarrollo del estado del bienestar.

El impuesto sobre la renta hoy

A partir de 1970, los sistemas fiscales en muchos países avanzados han ido perdiendo progresividad, reduciendo los tipos aplicados a las rentas altas. Tras varias décadas de convergencia, el porcentaje del PIB que se recauda en impuestos sobre la renta en España es bastante parecido al de los países analizados en el artículo: entre el 9,1 % español y el 11,3 % sueco.

El tipo efectivo del impuesto sobre la renta español hoy en día está cerca del 15%, un nivel que países más avanzados alcanzaron en los años cuarenta del siglo pasado. Cabe preguntarse, por tanto, sobre la influencia de estas diferencias fiscales en los niveles de desigualdad social y de desarrollo del sistema de bienestar de los países analizados.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.