El problema de garantizar el uso eficiente y sostenible de los recursos de todos

La noche del sábado 6 de enero de 2018 se produjo una intensa nevada que provocó el caos en las carreteras. Los servicios de emergencias y protección civil se vieron desbordados. En la N-1, a su paso por el puerto de Etzegarate (en la muga entre Navarra y Gipuzkoa), más de un millar de personas se vieron atrapadas. Por fortuna, pudieron recogerse en la localidad navarra de Altsasu, pasando la noche en espacios municipales y casas particulares. No puede decirse que el Estado estuviese ausente, pero el episodio sirvió a la prensa para destacar el ejemplar comportamiento y la capacidad de resolución del ayuntamiento y los vecinos. Nos sirve para ilustrar la viabilidad de la cooperación y de la auto-organización a escala comunitaria como alternativa a las soluciones ofrecidas por el mercado, de un lado, y por el Estado, de otro. Es este un asunto al que las ciencias sociales han prestado atención y que atañe a lo que se conoce como el “dilema de los comunes”, es decir, el problema de garantizar el uso eficiente y sostenible de los recursos que son de todos.

La pequeña escala no garantiza por sí misma la cooperación ni la operatividad de la organización comunitaria. Hacen falta algunos mimbres que cohesionen y articulen los comportamientos cooperativos en el seno de la comunidad. No otra cosa son las instituciones, entendidas al modo de Douglas North como las “reglas del juego”. En 1990, Elinor Ostrom condensó en ocho célebres puntos aquellos principios de diseño institucional que descubrió coincidentes en aquellos casos de organización comunal que habían demostrado una larga pervivencia histórica. Estos principios, a los que más tarde se limitó a calificar modestamente como buenas prácticas, incluyen: límites bien definidos; reglas adecuadas a las condiciones locales; canales de participación de los usuarios; vigilancia organizada; sanciones incrementales; mecanismos sencillos para la resolución de disputas; reconocimiento externo; y estructuras anidadas a sucesivas escalas (policentrismo), que faciliten la operatividad del sistema. Otros autores suman más elementos, pero quizá no importe tanto la extensión de las condiciones favorables a la cooperación como el hecho de que acierten a regular las interacciones entre el recurso natural, el grupo de usuarios, la organización que los reúne y el entorno externo. En suma, en la medida en que logren crear y fortalecer el capital social.

Cincuenta años han transcurrido desde la publicación por la revista “Science” de un artículo de breve extensión y gran impacto. Su autor, el biólogo Garrett Hardin, vaticinaba un destino fatal para los recursos naturales de libre acceso y ponía como ejemplo la conocida parábola del pastizal abierto al uso de todos los ganaderos. Atrapados entre los intereses de corto y de largo plazo, entre los beneficios individuales y los costes repartidos colectivamente, la libertad en el uso de los recursos naturales conduciría a su saqueo y a su degradación, al estar cada actor individual guiado por incentivos para apropiarse unidades de recursos y para no participar en su provisión. Proponía así dos alternativas: la privatización de los recursos o bien su estatalización. El debate sobre la “tragedia de los comunales” no ha cesado desde entonces.

Limitado el juego a incentivos utilitarios de corto alcance, resultaría difícil explicar el comportamiento individual de los vecinos de Altsasu aquella noche de invierno. Probablemente, las “reglas del juego” subyacentes en el devenir cotidiano de esa comunidad, las experiencias pasadas (buenas y malas) y el capital social acumulado proporcionasen los incentivos adecuados para un comportamiento altruista. Es materia para investigar.

 

Referencias:

Hardin, G. (1868). The tragedy of the commons. Science, 162: 1243-1248.

North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge UP.

Ostrom, E. (1990) Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge UP.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por José Miguel Lana Berasain, profesor titular de Universidad en el Departamento de Economía e investigador en el Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), dentro del Grupo de Investigación Historia y Economía

 

Una tecnología emergente para conservar productos derivados de la pesca

Con el fin de mejorar la calidad microbiana y aumentar la vida útil de productos de pescado fresco, se propone el uso de películas y recubrimientos comestibles antimicrobianos como una tecnología emergente para complementar los procedimientos tradicionales de conservación empleados por la industria alimentaria.

Recientemente, en un trabajo de investigación realizado en la UPNA, se combinaron dos estrategias distintas para conservar medallones de merluza fresca en refrigeración: i) la aplicación de un recubrimiento antimicrobiano con aceite esencial de orégano o carvacrol y ii) la reducción de la carga microbiana inicial mediante buenas prácticas de manejo y un tratamiento superficial mediante hipoclorito de sodio. El uso de ambas estrategias combinadas dio lugar a una reducción significativa en el crecimiento de bacterias asociadas a la descomposición del pescado fresco, después de doce días de almacenamiento a 4 ºC.

Por otro lado, novedosos agentes antimicrobianos fueron incorporados en diferentes concentraciones en las formulaciones para elaborar películas y recubrimientos comestibles. Así, uno de los compuestos antimicrobianos adicionados en la formulación de películas a base de gelatina de pescado fue el arginato láurico. Este agente antimicrobiano afectó a las propiedades tecnológicas de las películas a base de gelatina de pescado. Se observó que estas películas antimicrobianas inhibieron el crecimiento de bacterias asociadas a la descomposición del pescado fresco.

Un extracto de la planta de hinojo marino fue también incorporado en las formulaciones de películas comestibles a base de proteína aislada de suero lácteo y de gelatina de pescado. Se evaluaron la capacidad antioxidante y el contenido de compuestos activos presentes en los extractos y su efecto en la incorporación sobre las propiedades tecnológicas de estas películas.

Para la obtención de los extractos se evaluaron dos métodos de secado: convencional mediante aire caliente y por liofilizació (frío). Las plantas deshidratadas fueron tratadas con dos concentraciones de etanol. Los mejores resultados se observaron en los extractos de plantas obtenidos mediante liofilización y alta concentración de etanol. Estos extractos mostraron una alta capacidad antioxidante y abundante compuestos activos. Con estos extractos, se elaboraron películas activas y se evaluaron sus propiedades tecnológicas. El extracto agregado afectó a las propiedades físicas y mecánicas de las películas activas y le atribuyeron capacidad antioxidante.

Las películas y los recubrimientos comestibles antimicrobianos representan una tecnología innovadora efectiva y consolidadas para mejorar la calidad microbiológica del pescado fresco, al tiempo que prolongan la vida útil y garantizan la seguridad de los productos al inhibir el crecimiento de los microorganismos y los patógenos transmitidos por los alimentos. Si bien esta tecnología de conservación ofrece muchas ventajas, no pueden reemplazar las buenas prácticas de higiene y manejo y los sistemas actuales de conservación de los alimentos frescos, pero su uso, en conjunto con otros medios de procesamiento que se utilizan actualmente en las industrias alimentaria, ofrece nuevas oportunidades y desafía tanto a los científicos como a los fabricantes para satisfacer las demandas de los consumidores de productos mínimamente procesados.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Víctor Oswaldo Otero Tuárez, doctor por la Universidad Pública de Navarra (con una tesis sobre la conservación de productos derivados de la pesca) y profesor de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)

 

 

¿Se debe colocar un ascensor en el Castillo de Olite? (y II)

El reto que se abre para garantizar los derechos culturales a las personas con discapacidad es importante y no está exento de incertidumbres. La letra de la Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra parece soportarlo todo, incluso, cuando en este caso, tanto la Ley Foral de Derechos Culturales como la de Accesibilidad Universal realizan una trasposición de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que recoge la obligación de los países de la promoción de la participación en la vida cultural, asegurando el suministro de películas, material teatral y cultural en formatos accesibles, haciendo accesibles los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa en su propio beneficio y para enriquecimiento de la sociedad.

Sin embargo, tanto la normativa sobre derechos culturales como la relativa a la discapacidad tienen el riesgo de encallar cuando esos derechos pasan de la teoría a su materialización práctica. Se trata esta de una cuestión que ha venido siendo constantemente recordada por quienes han estudiado la aplicación de la Convención.

Los equipamientos culturales actuales se ajustaban relativamente bien a las condiciones establecidas en la Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas o, dicho de otra manera, bibliotecas, museos y colecciones museográficas, auditorios, teatros, casas de cultura y otros equipamientos culturales estaban generalmente adaptados y eran accesibles para todos, al menos en lo que concierne a la accesibilidad física.

Pero en este 2019 y años sucesivos, toca dotarse de nuevos medios, sobre todo, en el ámbito de la información que deben ofrecer los diferentes servicios culturales, para ajustarnos a lo preceptuado en la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. Lo mismo ocurre con la información proporcionada a través de internet adaptada a diferentes discapacidades. Habrán de implementarse las tecnologías que ayudan a que las personas con discapacidad no tengan barreras y puedan disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones.

Navarra no cuenta, hoy por hoy, con ningún equipamiento cultural que reúna todas las características exigidas por la Ley Foral de Accesibilidad Universal ni, por ende, por la Ley Foral de Derechos Culturales. Sin desatender las necesidades de las personas con discapacidad en silla de ruedas –que generalmente han venido siendo correctamente resueltas en los equipamientos navarros–, los edificios deberán ir adaptándose a las necesidades de las personas con dificultades visuales y auditivas, con instrumentos como la audiodescripción, la subtitulación y el lenguaje de signos y el bucle magnético. Ejemplo paradigmático de buen hacer en esta materia es el Planetario 3D CosmoCaixa de Barcelona, que bien podría servir de ejemplo para los equipamientos culturales navarros. Pero los derechos culturales no solo pueden centrarse en las discapacidades físicas, visuales y auditivas; también habrán de extenderse a otras discapacidades como el síndrome de Arperger, la discapacidad psico-social o la discapacidad intelectual, discapacidades, estas últimas, para las que los servicios públicos no han articulado soluciones, salvo actuaciones esporádicas, por lo que esas personas discapacitadas han de ejercer su acceso a la cultura a través, únicamente, del asociacionismo especializado.

El futuro pasa por el desarrollo reglamentario que habrá de hacerse en virtud de la Ley Foral de Accesibilidad Universal, así como a través de las cartas de servicios que debe realizar el Gobierno de Navarra y los planes de acción cultural que podrán hacer los municipios, ambos contemplados en la Ley Foral de Derechos Culturales. Convendría aquí tratar de unificar criterios para establecer las adaptaciones que requiere la accesibilidad universal. Esa unificación deberá ser promovida por las administraciones públicas. Entramos aquí, una vez más, en la trascendencia de que los responsables directamente implicados en la garantía de la accesibilidad interioricen este derecho fundamental, pues de ellos dependerá la toma de decisiones adecuadas para la resolución satisfactoria de ese derecho. En esta unificación de criterios deberán participar necesariamente las entidades y asociaciones especializadas en discapacidad, pues entre sus objetivos está contribuir de manera efectiva en la implementación y desarrollo de las políticas y programas relativos a la discapacidad. Sería conveniente, asimismo, que en lo que toca a la Cultura, estén presentes las asociaciones de los diferentes sectores.

La propuesta de unificar criterios no es mera elucubración teórica. Se han realizado desde hace casi dos décadas planificaciones generales muy sopesadas, como el pionero “Libro Verde de la accesibilidad en España”, el “Primer Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012”, el “Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020”, o, en el ámbito municipal, la “Guía para la elaboración de un Plan Municipal de Accesibilidad” de Madrid. Cuestión distinta es su materialización práctica, marcada por significativos claroscuros.

Sin embargo, también se pueden esgrimir precedentes exitosos, como la unificación de criterios en el ámbito universitario a través de la Red de Servicios de Atención a las personas con Discapacidad en las Universidades (red SAPDU), fomentada desde la comisión sectorial de Asuntos Estudiantiles de la CRUE. La red SAPDU ha supuesto un instrumento efectivo para garantizar los derechos de los estudiantes con discapacidad reconocidos por las leyes. En este caso, no contamos con reglamentos y cartas de servicios, pero sí con magníficas guías dirigidas a estudiantes con discapacidad, profesionales y docentes, elaboradas por diferentes universidades y, con carácter general, por la propia red SAPDU y la Fundación ONCE, en colaboración con la CRUE.

Desde la perspectiva de los derechos culturales resultará de capital importancia la “Guía para diseñar y organizar eventos culturales accesibles e inclusivos”, elaborada por la Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa), en el marco del proyecto “2016, Capital Europea de la Cultura,” el documento más completo y actualizado sobre la materia específica de cultura, planteado en forma de herramienta dirigida principalmente a responsables del diseño y ejecución de eventos culturales para garantizar su carácter accesible e inclusivo.

Los futuros reglamentos y cartas de servicios tendrán también que plasmarse en la práctica, para lo cual será capital establecer un sistema de auditorías que analicen el correcto cumplimiento de esos instrumentos, sirviendo para corregir las deficiencias y mejorar de manera continuada en el tiempo la accesibilidad universal. Auditadas o no esas actuaciones derivadas de los reglamentos y cartas de servicios, estos, en todo caso, se convertirán en herramientas jurídicas, que, junto con las leyes, garantizarán los derechos culturales de las personas con discapacidad y, con ello, su inclusión. Se logrará, así, el empoderamiento de estos ciudadanos y su reconocimiento real como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho en el terreno cultural y se dotará a las personas con discapacidad de una serie de instrumentos que podrán ejercitar ante la Administración, primero, y ante la Justicia, después, cuando sus derechos culturales sean vulnerados.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Roldán Jimeno Aranguren, profesor titular de Historia del Derecho del Departamento de Derecho e investigador del Instituto I-Communitas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

 

¿Se debe colocar un ascensor en el Castillo de Olite? (I)

La Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra pretende asegurar y poner en valor los derechos culturales del conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Foral, a través del fomento de unas políticas públicas culturales que defiendan el valor de la cultura como bien común y los derechos de acceso a la cultura y de participación en la vida cultural como pilares de la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática. Se trata de la primera Ley de derechos culturales del Estado español, por lo que puede servir de modelo a futuras leyes que se realicen en otras comunidades autónomas que, independientemente de cómo se formulen, no deberán de obviar los derechos de las personas discapacitadas en el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural.

La Ley Foral de Derechos Culturales no es una Ley Foral de la Cultura, pues ya pues contamos con leyes sectoriales de Bibliotecas (2002), Patrimonio Cultural (2005), Archivos (2007), Museos (2009), Mecenazgo Cultural (2014) y Euskera (1986 y 2015).

El despliegue legislativo de los derechos culturales en el mundo occidental se fue produciendo lentamente a partir de los años 2000, conforme se fue recepcionando la doctrina relativa a los derechos culturales existente en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 2001; en la Declaración de Friburgo de la UNESCO sobre los derechos culturales en 2007; en el Pacto Internacional del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en 2009; y en la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural de 2005.

En el Estado español, estos derechos alcanzaron el máximo rango normativo, con su incorporación en las renovaciones estatutarias de Valencia (2006), Cataluña (2006), Baleares (2007), Andalucía (2007), Aragón (2007), Castilla y León (2007) y Extremadura (2011). Esos derechos culturales recogidos en los nuevos estatutos de autonomía pasaron a ser un espejismo a raíz de la crisis económica abierta a partir del año 2008, que se cebó de manera dramática en las políticas públicas dirigidas tanto a la cultura como a la accesibilidad.

En Navarra, con anterioridad a la Ley Foral de Derechos Culturales, los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura tenían un tratamiento muy pobre en la legislación sectorial y mostraban una acusada obsolescencia.

Uno de los objetivos que persiguió la realización de la Ley Foral de Derechos Culturales fue allanar el camino a la necesaria modificación de la legislación cultural navarra derivada de la trasposición de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En este sentido, la Ley Foral de Derechos Culturales nace estrechamente relacionada con la plena inclusión. La accesibilidad universal, como bien lo ha puesto de relieve la doctrina, está en estrecha vinculación con el ejercicio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.

La citada ley contempla el acceso físico a todo tipo de centros culturales, bienes integrantes del patrimonio cultural y, en general, a cualesquiera equipamientos culturales. También regula el acceso virtual a través de las tecnologías de la información y regla muchos más aspectos que la accesibilidad, como el derecho de participar en la vida cultural y en los procesos culturales y creativos, así como el derecho a la creación artística y literaria y a la investigación científica.

La Ley Foral de Derechos Culturales insta a las administraciones públicas a velar porque el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural se realice en condiciones de igualdad efectiva, sin lugar a discriminación alguna, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la inclusión de todas las personas, especialmente, de las que puedan encontrarse en situación de discapacidad.

En el caso de los equipamientos culturales navarros, nos encontramos que los que estaban construidos a partir de los años 90 y, sobre todo, 2000, no han requerido de especiales adaptaciones, pues se habían construido desde parámetros bastante adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad física, aunque no, generalmente, para las discapacidades visual y auditiva. Mayor problema tuvo la adecuación de espacios culturales construidos con anterioridad, que, en el caso de Navarra, fueron adaptándose, generalmente, con bastante fortuna, aunque siempre supeditados a las características y problemas particulares que tenía cada inmueble.

La Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal, ha creado un nuevo escenario al elevar los requisitos legales exigidos en relación a la accesibilidad de los edificios de uso público (tanto en los accesos como el mobiliario fijo y de los elementos de información y comunicación).

La minuciosidad del articulado de la Ley Foral de Accesibilidad Universal no impidió que la Ley Foral de Derechos Culturales, pretendiendo reforzar la inclusión, señalara categóricamente que “los equipamientos dedicados a la cultura y las artes deberán cumplir las exigencias que establezca en su ámbito la normativa de accesibilidad universal”. Y toda vez que estos equipamientos pueden sufrir modificaciones o quedarse anticuados, “el departamento competente en materia de cultura favorecerá la realización de mapeos que sirvan de diagnóstico y análisis de tendencias tanto de los equipamientos culturales de Navarra como de los espacios que impulsen la creatividad artística y cultural”. Estos mapeos deberán tener en cuenta todo lo relativo a la observancia cumplimiento estricto de la normativa de accesibilidad universal.

Existe un último ámbito de actuación, el correspondiente a los bienes histórico-culturales, ciertamente complejo. El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión social no explicita la antigüedad de los bienes inmuebles de las administraciones públicas, lo cual, en teoría, obligaría a adaptar, en aras a la accesibilidad, edificios patrimoniales históricos y dotar a estas actuaciones de las consignaciones presupuestarias correspondientes. Entramos aquí en una colisión normativa, pues esos bienes inmuebles están sujetos a una férrea legislación de patrimonio histórico, aunque, por otra parte, quedan sujetos a una gran discrecionalidad en cuanto a la decisión técnica sobre las actuaciones a realizar en los mismos.

¿Por qué se va a colocar un ascensor en el castillo de Olite, el monumento más visitado de Navarra, hoy vetado a cualquier visitante en silla de ruedas, y no se va a colocar, en cambio, en la catedral de Pamplona, donde se estudió esa posibilidad?

El artículo 31 de la Ley Foral de Accesibilidad Universal, consagrado a los edificios de valor histórico-artístico, indica que los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Navarra “podrán ser objeto de las adaptaciones precisas para garantizar la accesibilidad universal, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección”. En las ocasiones en las que no sea posible cumplir alguna de las condiciones básicas de accesibilidad, deberán aplicarse “los necesarios ajustes razonables” y, en cualquier caso, deberán observarse las exigencias previstas para la intervención en esta modalidad de bienes en la legislación en materia de patrimonio histórico-artístico. Cuando no pueda realizarse ese acceso físico, se promoverán medios alternativos para poder acercar el Patrimonio Cultural a las personas que no pueden acceder al mismo, a través de visitas virtuales, audiodescripciones o reproducciones de ese patrimonio. Un futuro reglamento determinará los plazos y condiciones para la adaptación y, en su caso, aplicación de los ajustes razonables.

Como se puede advertir, el criterio para fijar las intervenciones, más allá de las directrices generales marcadas por la Ley, es discrecional. En la práctica, no existe un protocolo establecido, fundándose la decisión en el criterio técnico del Gobierno de Navarra, que estudia la viabilidad del proyecto atendiendo al valor patrimonial del Bien de Interés Cultural y al coste económico que supone el proyecto de adaptación. Está, por otra parte, la voluntad política, en este caso de la Consejería de Cultura, que, a través de sus decisiones, priorizará o no unos proyectos sobre otros.

Pocos eran los bienes catalogados en los que se habían realizado actuaciones en materia de accesibilidad que cumplían los parámetros de la anterior Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Fueron actuaciones acertadas las adecuaciones encaminadas a lograr la accesibilidad universal que se realizaron en el yacimiento protohistórico de las Eretas de Berbinzana, en la villa romana de las Musas de Arellano, en el Cerco de Artajona y en la torre de Olcoz, entre otros. En el mismo sentido, los edificios históricos rehabilitados en las dos últimas décadas como equipamientos culturales también atendieron, por lo general, a los criterios de accesibilidad, como ocurrió, por ejemplo, en el palacio Condestable o en el Archivo Real y General de Navarra, ambos en Pamplona. Todos estos edificios, sin embargo, habrán de adecuarse a los nuevos criterios de accesibilidad establecidos en la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.

Asimismo, las nuevas tecnologías vienen siendo una herramienta de primera magnitud para la inclusión de las personas con discapacidad, de ahí que el acceso virtual a la cultura sea imprescindible para determinadas discapacidades. La Ley Foral de Derechos Culturales ha hecho especial hincapié en esta cuestión, impulsando el acceso virtual a la cultura.

Para poder llevar a cabo este propósito, el departamento competente en materia de cultura habrá de promover el denominado Portal Digital de la Cultura Navarra, un servicio público de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que hará accesible a la ciudadanía la información y documentación cultural y contribuirá al desarrollo y fortalecimiento del espacio cultural digital de Navarra. En todo caso, este Portal “atenderá a criterios de accesibilidad universal”.

Cabe recordar que un sitio web es accesible cuando se permite el acceso efectivo a todos los contenidos y, sobre todo, a todas las personas, independientemente de su discapacidad, sea esta visual, auditiva, física o intelectual. Por este principio de accesibilidad universal, las personas con discapacidad tendrán que poder percibir, entender, navegar e interactuar con la web, de ahí que el Portal tendrá que ofrecer la información en formatos acústicos, visuales y táctiles.

La Ley de Derechos Culturales, regula, además, aspectos específicos del acceso virtual a la cultura en bibliotecas, archivos y museos. El acceso virtual a la cultura también se extiende a las personas con discapacidad que quieran realizar investigación histórica o de otra índole a través de fondos archivísticos digitalizados, que quedarán, albergados también en el Portal Digital de la Cultura Navarra.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Roldán Jimeno Aranguren, profesor titular de Historia del Derecho del Departamento de Derecho e investigador del Instituto I-Communitas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

 

Nuestra “vida” sin montañas…

“Las montañas son esenciales para nuestras vidas” rezaba el lema del día internacional de las montañas invitándonos a pensar sobre su importancia, sobre lo que nos aportan a nuestra vida cotidiana. Los ecólogos llamamos servicios ecosistémicos a los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad. Un ejemplo muy sencillo y directo son los bienes o materias primas que produce el ecosistema, como los alimentos, el agua y la madera. Hay ejemplos un poco más complicados como los llamados servicios de regulación que ayudan a mitigar y reducir impactos; por ejemplo, el control de la erosión del suelo. Así que pongámonos a imaginar que sería de nosotros sin los servicios ecosistémicos que nos proporcionan las montañas.

Para empezar, las montañas cubren el 24% de la superficie de nuestro planeta y en ellas viven 1.200 millones de personas con sus culturas, idiomas y creencias y un montón de especies endémicas: ¡el 25 % de la biodiversidad terrestre se encuentra en las montañas! Todo ello desaparece. ¡Poof!  Después, los alpinistas consumados, los excursionistas entusiastas y los domingueros despistados (todos ellos suponen entre el 15 y el 20% del turismo global) se quedan sin montañas que visitar y conocer. Pero bueno, si eres un urbanita que no sale de la ciudad ni por equivocación no te afecta, ¿no? Veamos.

Las montañas son el origen de seis de los veinte cultivos de alimentos más importantes. Nos quedaríamos sin patatas, tomates, manzanas, maíz, cebada y sorgo. Además, los sistemas agrícolas de montaña han proporcionado alimentos al ser humano de forma diversificada y sostenible a lo largo de los siglos, así que toca tachar de la lista a los alimentos, madera y fibra que nos proporcionan. Llegados a este punto, podemos pensar que aún podríamos cultivar nuestros alimentos en las zonas bajas, propicias para la agricultura… ¡Error! Se nos olvida que las montañas nos proporcionan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. Por eso, se dice que son las “torres de agua” del mundo. En las montañas, las precipitaciones son mayores que en las zonas bajas y el agua se acumula en forma de hielo y nieve. La escorrentía por las laderas de las montañas abastece los caudales de los ríos y de las aguas subterráneas. Así que nos quedamos sin la mayor parte del agua que teníamos para cubrir las necesidades de la agricultura, la industria, el uso cotidiano y la producción de energía. Nuestro urbanita tendría una severa escasez de alimentos, agua, bienes y energía. Pero, ¡ojo!, que no acabamos ahí. Los ecosistemas montañosos que se encuentran en buen estado nos protegen de los riesgos naturales y los impactos de eventos extremos como sequías, inundaciones y grandes tormentas, ya que tienen la capacidad de regular el clima, la calidad del aire y el flujo del agua. Las zonas bajas de aguas abajo son las más vulnerables, por lo que nuestro habitante de las tierras bajas se verá expuesto con mayor frecuencia e intensidad a estos eventos.

Ahora que tenemos clara la importancia de las montañas en nuestra vida diaria, ¿qué amenazas les acechan? Los ecosistemas montañosos son muy vulnerables y sensibles al cambio global. Los efectos del cambio climático se manifiestan a un ritmo más acelerado en las montañas que en otros ecosistemas, y el cambio del uso del suelo que se produce al abandonar las prácticas agro-ganaderas tradicionales es la mayor amenaza a los servicios ecosistémicos ofertados por las montañas.

Y en nuestros montes, ¿qué está pasando? Desde la segunda mitad del siglo pasado, las montañas navarras están perdiendo población. El municipio de Roncal, por ejemplo, pierde población a un ritmo de más del 20% desde 1998. Menos habitantes en la montaña implica el abandono de prácticas agro-ganaderas tradicionales. En los últimos años, el ganado ovino que sube a pastar a los montes ha descendido un 35% y el vacuno un 7%, lo que ha provocado que durante los últimos 50 años hayan desaparecido 30.433 hectáreas de pastos en Navarra (su superficie se ha visto reducida un 30%).

Conservar nuestras montañas y la calidad de vida de sus habitantes significa asegurar también la calidad de vida de los habitantes de las zonas bajas. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Es vital desarrollar políticas adecuadas que afronten de manera específica los retos a los que se enfrentan estas zonas montañosas, sin olvidarnos de acompañar estas políticas con inversiones eficaces y bien orientadas. Desde el ISFOOD, trabajamos para identificar soluciones innovadoras de valorización económica de los productos de montaña. Necesitamos desarrollar cadenas de valor adecuadas que ayuden a comercializar los productos de montaña y permitan una compensación justa por productos de alta calidad y, de este modo, asegurar la viabilidad de un modelo de gestión sostenible para la montaña navarra.

En conclusión, ya seas un montañero amante de la naturaleza o un urbanita por convicción, difunde: #MountainsMatter. Te va la vida. Nos va la vida.

Foto: María Durán.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Leticia San Emeterio Garciandía, investigadora doctora del Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con contrato de Captación de Talento financiado por la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación Bancaria Caja Navarra

¿Creen realmente las empresas españolas que las personas son su principal activo?

Una de las ideas más recurrentemente expresadas por los directivos empresariales es la de que el principal activo de sus compañías son las personas. Un interrogante que surge de inmediato ante este tipo de declaración es si se trata realmente de un principio dominante en nuestro tejido empresarial con repercusiones en la manera en que se gestionan las personas. Creer de verdad en el valor de los trabajadores implica un enfoque particular en los diferentes ámbitos de la dirección de recursos humanos. Más concretamente, supone adoptar políticas y prácticas de alto rendimiento que otorguen al trabajador poder de decisión en su actividad diaria a través del rediseño de puestos de trabajo y la implantación de mecanismos de participación, alineen intereses mediante prácticas de remuneración que conectan el salario con los resultados, y fortalezcan el vínculo con la empresa proporcionando seguridad en el empleo, carrera profesional y formación.

La investigación realizada a partir de la información proporcionada por la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo y la Encuesta Europea de Empresas aporta luz sobre esta cuestión y permite un conocimiento mejor de la realidad de la dirección de recursos humanos en España desde una perspectiva internacional. Los resultados apuntan a que la situación española, en comparación con el resto de la Unión Europea, es manifiestamente mejorable, no siendo ello atribuible a diferencias en las estructuras demográfica y ocupacional de la población o en la estructura sectorial de la actividad económica. En una clasificación por el grado de adopción de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento, España se sitúa en el puesto 21 de 28 países. Su posición es cercana a la de países como Italia, Croacia y Bulgaria, estando claramente más cerca del grupo de países menos avanzados en este ámbito (Polonia, Chipre, Portugal y Grecia) que de los países de cabeza, que son Finlandia, Dinamarca y Suecia. España sale especialmente malparada en seguridad en el empleo, perspectivas de carrera profesional y formación en el trabajo.

En lo que respecta a la evolución entre 2005 y 2015, se aprecia que la difusión de las prácticas de alto rendimiento ha aumentado durante este periodo tanto en España como en Europa. ¿Cómo se traduce esto en términos de confluencia? Existe convergencia en la medida en que los dos ámbitos geográficos avanzan en la misma dirección positiva, pero no se ha producido un acercamiento que permita prever que España pueda llegar a situarse en un futuro inmediato dentro de los parámetros medios de la Unión Europea. De hecho, en lo que concierne a la formación y el desarrollo, la distancia con la media europea ha crecido.

Aunque la rigidez del mercado de trabajo español se propone en muchas ocasiones como una posible explicación a algunos de los males de nuestro país en materia de trabajo y empleo, en este caso no parece estar siendo una barrera a la adopción de mejores prácticas de recursos humanos. Lo mismo sucede con los aspectos relativos a las relaciones industriales, como la cobertura de la negociación colectiva. Sin embargo, la menor competencia en nuestros mercados es un factor explicativo relevante, puesto que no está animando a las empresas a impulsar estas políticas favorecedoras del capital humano. Los aspectos que emergen como más determinantes para entender la situación española son la visión poco favorable de los directivos hacia la implicación de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa y un pobre clima de cooperación entre empleador y empleados.

En resumen, las empresas españolas presentan un retraso importante en su gestión de recursos humanos, lo que lastra su competitividad. Sus causas se localizan principalmente en el nivel más alto del sistema de dirección de personas, ya que la filosofía de gestión preponderante no parece confiar suficientemente en la importancia del papel activo de las personas, lo que se traduce en una menor implementación de políticas y prácticas que favorezcan su capacitación y motivación.

Nota: esta investigación ha sido realizada conjuntamente con Pere Ortín Ángel (Universitat Autónoma de Barcelona)

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Alberto Bayo Moriones, catedrático del Departamento de Gestión de Empresas e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Huella hídrica: el uso invisible del agua

Alrededor del 90% del agua que consumimos se utiliza para producir alimentos, por lo que tanto unos sistemas de producción agrícolas adecuados como una buena elección de productos por parte de los consumidores son importantes.

El agua “invisible” utilizada en el proceso de producción de un bien cualquiera (agrícola, alimenticio, industrial) se denomina huella hídrica. Por ejemplo, según datos de la Red de la Huella Hídrica (Water Footprint Network), para producir un kilo de legumbres se necesitan unos 3.000 litros de agua, como media global. Un kilo de ternera requiere de 15.000 litros de agua, pues hay que contabilizar la cantidad de agua que ha bebido el animal, el forraje que ha comido y los servicios que ha necesitado a lo largo de su vida (limpieza, veterinaria, etc.). La distribución de la huella hídrica en los cultivos y ganadería varía mucho según el lugar, época del año, variedad y sistema de producción. Esto nos proporciona una excelente base de datos de partida para tener en cuenta el uso oculto del agua.

Figura 1. Cantidades de agua (litros) para producir una unidad de algunos bienes. Fuente: Water Footprint Network (2018).

Una reciente publicación de la Comisión Europea en la prestigiosa revista “Nature” sobre la huella hídrica de diferentes dietas en los principales países europeos (Reino Unido, Francia y Alemania) (Vanham et al., 2018) pone de manifiesto que un cambio en la dieta actual, con exceso de azúcares, grasas y carne, hacia una dieta saludable recomendada no solo es bueno para la salud, sino que también reduce sustancialmente el consumo de recursos hídricos en unos rangos de 11–35% al cambiar a una dieta saludable con carne, 33–55% a una dieta saludable basada en pescado y 35–55% a una dieta saludable vegetariana.

El enfoque que nos ofrece la huella hídrica ha generado un cambio de paradigma en la gestión de los recursos hídricos y la sostenibilidad del agua en este planeta azul. Proporciona otra manera de entender los usos del agua dejando clara la diferencia entre el uso de agua directo en los domicilios y las fábricas, y el uso de agua indirecto, que es el que está relacionado con la materia prima agrícola, y que es notablemente mayor.

Figura 2. Huella hídrica directa e indirecta. Fuente: www.aquapath-project.eu.

¿Qué podemos hacer?

  • Opciones alimentarias:

-Reducir el desperdicio de alimentos. La comida desperdiciada se suma a la energía desperdiciada y al agua desperdiciada.
-Probar “el lunes sin carne”. La producción de carne requiere más agua y combustibles fósiles que las verduras y los granos. Por lo tanto, omitir el consumo de carne por solo un día a la semana puede reducir tu huella hídrica y energética.
-Apoyar la agricultura sostenible. En lo posible, compra alimentos de granjas sostenibles que minimicen el uso de pesticidas peligrosos y fertilizantes sintéticos. Esto reduce el uso energético y protege los cursos de agua de ser contaminados.

  • Opciones hídricas:

-Ahorrar agua ahorra energía. Al utilizar menos agua en el hogar (por ejemplo, el uso de cabezales de ducha de bajo flujo y la reparación de fugas), una menor cantidad de agua va por el desagüe y debe ser canalizada y depurada en una planta de tratamiento.
-Comprar menos cosas. La reutilización y reciclaje de los productos puede reducir tu uso de agua indirecto, lo que podría disminuir tu impacto en los recursos alimentarios y energéticos.
-Decir “no” al agua embotellada. En 2006, se requirió el equivalente a más de 17 millones de barriles de petróleo para producir el plástico del agua embotellada en Estados Unidos.

  • Opciones energéticas:

-Ser eficientes. Compra productos energéticamente eficientes (busca la etiqueta Energy Star) cuando reemplaces tus electrodomésticos antiguos. Ahorrarás energía y agua.
-Fomentar la energía renovable. Los paneles solares eléctricos y muchos otros sistemas eléctricos renovables requieren poca o ninguna agua, a diferencia de las centrales eléctricas convencionales.
-Cambiar a una fuente de energía verde. Elige opciones de energía verde disponibles a través de tu compañía.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Maite Martínez Aldaya, investigadora del Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde evalúa la huella hídrica en el marco del proyecto “La sostenibilidad del agua en el sector agroalimentario navarro: La evaluación de la huella hídrica y el análisis económico de los usos del agua” con el apoyo de la convocatoria de Captación de Talento de la Obra Social Caixa-Fundación Bancaria Caja Navarra. Es también académica de número de la Academia Joven de España

Informe de la ONU: lo que se dice -y lo que no se dice- sobre la carne

De exhaustivo y clarificador puede calificarse el informe que el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), órgano perteneciente a la ONU, ha dado a conocer recientemente con el título “El cambio climático y la tierra”. El hecho de que hayan participado en su elaboración 107 expertos de 52 países da idea de su importancia y magnitud.

El informe está estructurado en siete capítulos: Contextualización del cambio climático (cap. 1), Interacciones tierra-clima (cap. 2), Desertificación (cap. 3); Degradación de tierras (cap. 4), Seguridad alimentaria (cap. 5), Interrelaciones entre estos fenómenos (cap. 6) y Gestión de riesgos y toma de decisiones en relación al desarrollo sostenible (cap. 7). En total, 1.384 páginas de texto, más abundante material suplementario. Conscientes de la dificultad que supone para los no expertos en el tema la lectura y el estudio de un texto de tal extensión, el IPCC ha elaborado un comunicado de prensa de siete páginas donde recoge las principales ideas y conclusiones del informe. Este resumen lo publica, además de en la lengua inglesa en que está redactado el informe, en árabe, chino, francés, ruso y español. Su lectura, por la transcendencia del tema y la concisión y claridad con que está escrito, resulta muy recomendable para todo ciudadano del mundo.

Pues bien, dicha declaración supone, en primer lugar, una llamada de atención a toda la humanidad para concienciarnos de las consecuencias que pueden tener sobre el futuro del planeta tierra las pautas y hábitos de vida que estamos instaurando en nuestra sociedad.

De forma más concreta, apela al área de la silvicultura, agricultura y ganadería, cuya gestión y actividades generan el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero no olvidemos, y el informe de la IPCC así lo señala, que la gran mayoría de las emisiones contaminantes de nuestra atmósfera se deben al consumo de combustibles fósiles y a la actividad industrial, procesos en los que estamos involucrados una gran parte de los habitantes del planeta. A esto habría que añadir, a consecuencia del afán de consumismo que prevalece en nuestra sociedad, el despilfarro de comida que realizamos, que alcanza la vergonzosa cifra de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial. Solo con que consiguiéramos solucionar este problema, más bien lacra si lo consideramos desde la óptica de la sensibilidad y solidaridad humanas, reduciríamos las emisiones contaminantes en un 10%.

Volviendo al sector agrario y alimentario, el informe concluye que “las dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal (como cereales secundarios, legumbres, frutas y verduras) y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto invernadero presentan mayores oportunidades de adaptación al cambio climático y de limitación de sus efectos”. Por tanto, a lo que nos insta la ONU a los agentes del sector (técnicos, agricultores y ganaderos) es a afinar los modelos de producción, de manera que estos sean más eficientes y sostenibles, siendo más respetuosos con el medio ambiente, generando menos emisiones contaminantes, y asegurando siempre la calidad y la seguridad alimentaria para el consumidor. En este sentido, al igual que tras la II Guerra Mundial el sector agrario fue capaz de dar respuesta a la urgente llamada de los poderes públicos y de la sociedad en general para producir alimentos con el fin de abastecer las necesidades de la maltrecha Europa, no quepa duda de que, en los momentos actuales, también será capaz de responder a estas demandas que se señalan en el informe de la IPCC. Y con respecto a los consumidores, que son los que tienen la última palabra en los hábitos y conductas de consumo, es indudable que sabrán captar el mensaje de la ONU y demandarán cada vez más alimentos, además de sanos y saludables, que hayan sido producidos de manera respetuosa con el medio ambiente, el bienestar y el buen trato animal. Prácticas estas que ya vienen realizando la gran mayoría de agricultores y ganaderos navarros, pero que tendrán que ir intensificando y extremando en el futuro próximo.

Y ¿qué hay de la carne? Pues la palabra carne no aparece citada en ningún momento en el comunicado de prensa del IPCC que recoge las principales conclusiones del informe. Se sobreentiende que la carne está implícita en el término alimentos de origen animal, pero no hay una mención expresa al consumo de carne en el documento de prensa. Sí es verdad que hay un apartado importante sobre él en el capítulo de Seguridad Alimentaria del informe. Existen zonas del mundo donde el consumo de carne es elevado. Se mencionan en el informe algunos supuestos ilustrativos de la situación. Por ejemplo, si todas las naciones del mundo tuvieran el mismo consumo de carne que se da en Estados Unidos la totalidad de la superficie habitable de la tierra sería insuficiente para producir la carne requerida con los sistemas actuales de producción. Es previsible, además, que la demanda de proteína animal vaya creciendo en los países en desarrollo. Por tanto, es indudable la urgencia de ir optimizando los sistemas de producción de carne, en aras a reducir la presión sobre la tierra y sobre el uso del agua, y desde la perspectiva del consumidor, modulando el consumo de carne en algunos segmentos de población.

Tras todo lo expuesto, cabe realizar un par de reflexiones finales. Por una parte, hacer una referencia al trato mediático que, en general, se le da al consumo de carne. Titulares como “La ONU pide que se consuma menos carne para evitar el cambio climático”, que han abierto telediarios o han encabezado portadas de diarios, suponen una interpretación sesgada del informe mencionado. Por otra, hay que recalcar la importancia que el consumo de carne tiene en la alimentación humana. Su riqueza proteica, con algunos aminoácidos esenciales para el organismo humano, junto a su elevado contenido en ciertas vitaminas y minerales, hacen de la carne un alimento básico y fundamental en la dieta humana. No lo olvidemos.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por José Antonio Mendizabal Aizpuru, catedrático de Producción Animal e investigador del Instituto IS-FOOD (Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

 

La brecha salarial por sexo

Las diferencias salariales por sexo son menores cuando se comparan salarios en un mismo tipo de ocupación y una misma empresa, porque no puede retribuirse de forma distinta a personas que desempeñan la misma tarea si esa retribución no está debidamente justificada (experiencia, antigüedad,…) y se desea evitar una demanda por discriminación. Así, el origen de las diferencias está en la segregación de los trabajadores entre empresas y entre categorías ocupacionales.

En el Reino Unido, se dispone de una fuente de información que permite comprender mejor el fenómeno. Las empresas británicas de al menos 250 trabajadores están obligadas desde 2017 a publicar las diferencias salariales por sexo medias y medianas, la distribución de sus trabajadores por cuartil de salarios y las diferencias de sus complementos salariales. En https://gender-pay-gap.service.gov.uk puede consultarse esta información para más de 10.700 empresas.

Es sabido que la actividad a la que se dedica una empresa en muchos casos se asocia a una especialización por sexo. El Barclays Bank UK, por ejemplo, está moderadamente feminizado (puede leerse el informe añadiendo esto a la dirección anterior: Employer/MxCVjH2H/2017), puesto que un 63% de sus trabajadores son mujeres (frente al 47% que representan las mujeres en el empleo total del Reino Unido -LFS, datos anuales, 2017-). Sin embargo, en el primer cuartil (el 25% de los trabajadores con menores salarios), hay un 73% de mujeres y en el segundo cuartil encontramos un 67%. Por el contrario, en el cuartil superior las trabajadoras suponen el 45% del total. En el Barclays Bank, el salario medio por hora de las mujeres es un 26% inferior al de los hombres (una diferencia superior a la media nacional, que fue en 2016 del 20,6% -Encuesta de Estructura Salarial (EES), Eurostat-). Este caso es un buen ejemplo de cómo la segregación ocupacional por sexo dentro de una empresa amplía la brecha salarial.

La empresa Ad Astra Academy Trust, dedicada a la Educación Primaria, nos permite ilustrar otro caso, el de aquellas empresas en sectores muy feminizados. En esta empresa, el salario medio de las mujeres (el 90% del total de trabajadores) es algo inferior al de los varones (9,5%) por la segregación ocupacional, pues el peso de las trabajadoras en el cuartil de salarios más altos (90%) es algo menor que en de salarios más reducidos (93%). Este caso nos permite entender otra constante empírica: en ocupaciones con un grado alto de “feminización”, las diferencias salariales por sexo son menores.

Esta fuente de información, que lógicamente presenta resultados dispares (empresas masculinizadas en las que el salario medio de las mujeres es algo mayor, o equilibradas en cuanto a participación y en las que las mujeres perciben un salario por hora mayor), nos permite extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, la existencia de una clara segregación por sexo en función de la rama de actividad (el transporte es un sector de varones y el de los cuidadores, de mujeres) y por categoría ocupacional (la proporción de varones en la parte alta de la distribución de salarios supera a la de mujeres en más de tres cuartas partes de las empresas de las que se dispone de información).

Otra de las conclusiones, menos conocida que la anterior, es que la diferencia salarial media por sexo, de acuerdo con los datos de estas empresas, es inferior a la diferencia que proporciona la EES (Eurostat) o la Annual survey of hours and earnings (del Reino Unido). Esto podría deberse a que la proporción de mujeres, con respecto a la de varones, es mayor en empresas con menores salarios medios. Cabe recordar que estos datos se refieren exclusivamente al salario por hora de asalariados en empresas medianas o grandes (más de 250 trabajadores).

La obligación de publicar esta información persigue que, al menos, cada una de estas empresas reflexione sobre la distribución de sus trabajadores por ocupaciones. No obstante, el problema de las diferencias salariales por sexo persistirá siempre y cuando no se retribuya de la misma manera un empleo de igual valor. Así, aunque se eliminara la brecha salarial por sexo en cada una de las empresas (el 10% de estas empresas dicen no retribuir de forma distinta y en una proporción algo mayor de empresas las mujeres ganan más que los varones) todavía seguirían existiendo diferencias a favor de los varones si se mantuviera la segregación sectorial por sexo, esto es, que una proporción algo mayor de varones fuesen contratados en sectores de salarios más altos. Hace años que nos encontramos con más población femenina con nivel superior de estudios (entre la población de 25 a 64 años, en 2017, en el Reino Unido, el 44,5% frente al 41%; -en España, el 38,9% frente al 33%-) y más entre los ocupados (49,4% frente al 43% -Reino Unido- y el 48,5% frente al 38,8% -España-), pero la especialización por sexo en la formación es un hecho, al menos entre un grupo de población. Islandia ha ido más allá al aprobar una norma que obliga (el momento de entrada en vigor de esta norma difiere según el tamaño de la empresa) a las empresas a obtener un certificado de igualdad de retribución por sexo, asimilable a los certificados de calidad. De todas formas, como ya se ha señalado, la brecha salarial por sexo en la empresa es solo una parte del problema.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Miren Ullibarri Arce, profesora titular de Universidad en el Departamento de Economía e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Movilidades, innovaciones sociales e ingenierías socioterritoriales

Las sociedades actuales están siendo profundamente transformadas por los flujos de información, personas y capitales, así como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En conjunto, han favorecido una progresiva hibridación las dimensiones sociales y técnicas, globales y locales, rurales y urbanas. Pero muchos de los planteamientos con los que organizamos la realidad social, como las políticas territoriales o los mapas de servicios, responden en gran medida a las clasificaciones y conceptos estáticos de las antiguas sociedades en proceso de modernización.

Por ejemplo, la accesibilidad que procura el automóvil privado no solo configura unos territorios porosos, sino unos tiempos y espacios cotidianos más personalizados. También la integración de las economías regionales en las dinámicas internacionales (como las cadenas agroindustriales o el turismo global) han cambiado los factores para el desarrollo económico. Y la eclosión de movilidades al comienzo del nuevo siglo (migraciones, cambios residenciales, desplazamientos pendulares de larga distancia) condicionan las estructuras demográficas, la sostenibilidad y las formas de gobernanza regionales.

Vegas de Almenara, antiguo poblado de colonización en la Gran Vega de Sevilla.

El proyecto “Movilidades, diversidad social y sostenibilidad. Los retos de la agenda europea para el desarrollo rural”, desarrollado en España y Portugal por investigadores del ámbito de la sociología, la arquitectura y la política territorial procedentes de la Universidad de Aveiro, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide y la Universidad Pública de Navarra, explora el papel que juegan estos procesos en el cambio social que define nuestra sociedad posglobal.

Los estudios desarrollados en la Región litoral portuguesa de Aveiro, el área peri-urbana de Sevilla y la montaña pirenaica navarra descubren, por un lado, el impacto de las políticas territoriales y las organización de las accesibilidades sobre los proyectos vitales de los grupos locales. Por otro lado, muestra las experiencias de innovación social que plasman las estrategias sociales (laborales, residenciales, de cuidados, etc.) de diferentes perfiles sociológicos basadas en las movilidades e hibridaciones mencionadas. Sus conclusiones evidencian la necesidad de concebir fórmulas para el planeamiento (de recursos, servicios, accesibilidades, etc.) que contemplen estas dinámicas.

Freguesía de Sao Jacinto, municipio de Aveiro (Portugal).

Por ejemplo, las áreas peri-urbanas han sido tradicionalmente consideradas como anomalías que debían ser ordenadas bajo la dicotomía rural-urbana, dada la complejidad de procesos que albergan (dispersión residencial, estructuras fragmentadas de gobernanza, mezcla y competencia de usos, diversidad social). Sin embargo, su generalización y persistencia ha llevado a considerarlas cada vez más como espacios que requieren un tratamiento específico. Y muchas de las sociedades rurales de montaña y litorales afrontan las paradojas de unos territorios ricos en recursos, pero pobres en servicios. Regiones que acumulan valiosos patrimonios naturales, culturales e identitarios, pero presentan fuertes desigualdades de accesibilidad y profundas fragilidades demográficas y económicas.

El municipio navarro de Roncal (Valle de Roncal).

Nuestros resultados demuestran como el uso de las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), el automóvil privado y los desplazamientos cotidianos, así como la combinación de residencias rurales y urbanas o las migraciones temporales, consolidan el capital social en el territorio, el arraigo juvenil, los negocios locales o la asistencia de mayores y niños en contextos rurales donde las políticas de recortes y la recesión económica se han prolongado durante la última década. Y que estas estrategias familiares pueden ser analizadas como formas de innovación social e incorporadas a las políticas públicas y la gobernanza del bienestar rural.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Jesús Oliva Serrano, profesor titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social e investigador del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)