La “soap opera” del Brexit y su impacto en Irlanda del Norte

Desde que en 2015 Reino Unido decidiera convocar el referéndum sobre la salida de la Unión Europea, la situación ha ido complicándose de manera progresiva. El inesperado resultado favorable a la salida de la UE en el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 ha turbado la situación política en Inglaterra y sus relaciones con los países miembros. Y, además, los altibajos de los últimos tres años han salpicado de lleno a Irlanda del Norte, donde, ya de por sí, los equilibrios políticos son altamente delicados.

A día de hoy, el principal escollo en la larga negociación del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea versa sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República del Irlanda. Se trata de una frontera que ha permanecido en la agenda política de la región desde 1921, momento en el que se dividió la isla. El Alzamiento de Pascua de 1916 dio inicio al proceso de independencia irlandés y este finalizó en 1921 con el Tratado Anglo-irlandés, que definió la división administrativa actual. El Tratado no fue bien recibido por un amplio sector de la sociedad irlandesa y provocó una guerra civil entre 1922 y 1923, en la que se enfrentaron el sector republicano, liderado por el Sinn Fein de principios de siglo, y los sectores políticos favorables al Tratado y la creación del Estado Libre Irlandés (actual República de Irlanda), con Michael Collins a su cabeza.

Esa misma frontera que hace un siglo marcó la historia de Irlanda es la que está generando tanta discordia en la actualidad. Habida cuenta de sus interminables fases y numerosos altibajos, varios analistas ingleses ya definen de forma habitual las negociaciones del Brexit como “soap opera” (telenovela). Simplificando el proceso, podemos concluir que, hoy en día, la discordia radica en si la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda debe ser dura (“hard border”) o blanda (“soft border”). La cuestión no es baladí, sobre todo, si asimismo tenemos en cuenta los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. A finales de los años 60, los movimientos por la defensa de los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos detonaron movilizaciones por los derechos civiles de la comunidad católica y nacionalista (defensores de la reunificación de Irlanda) en Irlanda del Norte. La comunidad católica había sido tradicionalmente discriminada por parte la mayoría protestante y unionista (partidarios de la unión de Reino Unido) a través del sistema de voto conocido como el “gerrymandering” y las políticas de excepción establecidas por parte del Gobierno inglés. Las movilizaciones por los derechos civiles y políticos desencadenaron, entre otros sucesos, el “Bloody Sunday” o Domingo Sangriento (30 de enero de 1972), en el que el ejército británico acabó con las vidas de trece manifestantes en Derry. La escalada de violencia se aceleró y arrancó lo que hoy día conocemos como el conflicto norirlandés o los “Troubles”, un enfrentamiento a varias bandas entre grupos paramilitares unionistas (llamados lealistas), grupos armados republicanos (con el IRA a la cabeza) y fuerzas armadas del Gobierno británico e Irlanda del Norte (RUC). La violencia, que dejó más de 3.500 muertos, finalmente culminó con la firma del Acuerdo de Viernes Santo el 10 de abril de 1998.

A pesar de la firma del acuerdo de paz y sus notorios efectos positivos en la vida política y social norirlandesa, la política interna del territorio ha sido turbulenta en los últimos veinte años. Desde 1998, ha habido numerosas crisis políticas y pequeños picos de violencia. En 2016, además, a esta complicada situación se sumó el Brexit. Tras varios escándalos sobre corrupción en una serie de subvenciones, los partidos de Irlanda del Norte tuvieron que convocar elecciones en marzo de 2017. El Sinn Fein fue el partido más votado en aquella contienda electoral, algo que ocurría por primera vez en la historia de la región, pero, desde entonces, los partidos mayoritarios no han sido capaces de formar gobierno. Y el principal motivo de este desgobierno son precisamente las negociaciones del Brexit.

En junio de ese mismo año (2017), hubo una nueva cita electoral, esta vez para conformar el Parlamento de Reino Unido. El partido más votado en Irlanda del Norte fue el DUP, principal partido unionista (el Sinn Fein no toma posesión de los escaños que obtiene en Londres), y el batacazo del Partido Conservador en Inglaterra hizo que necesitara los diez escaños del DUP para formar gobierno. Así, con el DUP tomando fuerza desde Londres, el Sinn Fein sin poder hacer efectiva su posición de partido más votado en Irlanda del Norte y Theresa May sin alcanzar las mayorías suficientes para sacar adelante sus propuestas de Brexit, Irlanda del Norte se encuentra sumergida en un largo compás de espera político que cuenta con una serie de problemas sobre la mesa que llevan cerca de cien años sin resolverse.

Los partidarios de una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda alegan que esta es la solución más adecuada para que el Brexit sea verdaderamente efectivo y se establezcan los controles aduaneros pertinentes entre la Unión Europea y Reino Unido (la única frontera terrestre entre Reino Unido y la Unión Europea sería la irlandesa). Los detractores de la frontera dura, por su parte, argumentan que esta medida iría en contra de los acuerdos de paz de 1998, ya que establecieron una serie de mecanismos de colaboración entre el norte y el sur de la isla. Además, los sectores que apoyan la frontera blanda alegan que la versión dura podría poner el peligro la estabilidad política de la isla e incluso el proceso de paz en sí mismo (ver foto). También manifiestan que el resultado del referéndum en Irlanda del Norte fue mayoritariamente partidario de mantenerse en la Unión Europea. Por su parte, los partidarios de la frontera dura aseguran que este tipo de frontera es esencial para mantener la unidad del Reino Unido, dado que una frontera blanda podría dar lugar a una separación de facto entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido por las diferencias circunstancias políticas y económicas.

Al fin y al cabo, se puede concluir que las actuales negociaciones sobre la frontera de Irlanda esconden elementos relacionados con varios puntos clave de la historia: nos llevan a la política colonialista inglesa que comenzó en el siglo XVI con la conquista de Irlanda, al arranque de los procesos descolonizadores de inicios de siglo XX, a la integración europea y también al modelo de acuerdo de paz establecido en la década de los 90 tras culminar la guerra fría. Si bien en 2015 la motivación principal para convocar el referéndum sobre la salida de la Unión Europea era el control de la inmigración en Inglaterra en un contexto de crisis económica, el inesperado resultado positivo de la votación ha abierto varios melones políticos que el ex primer ministro David Cameron no calculó adecuadamente. El Gobierno de Theresa May está cada vez más debilitado, la situación política en Irlanda del Norte se ha alborotado (más de un sector opina que la crisis podría desencadenar el referéndum por la unificación de Irlanda a medio plazo) y las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y los países miembros, ya históricamente delicadas, no tienen visos de mejorar en un futuro próximo.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Amaia Álvarez Berastegi, investigadora del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

¿Qué son los daños ambientales huérfanos?

Desde la antigua Roma, el deber de resarcir al dañado ha constituido uno de los pilares del Derecho. Trasladar esta máxima al campo del moderno Derecho ambiental implica sencillamente que quien ocasiona un daño al medio ambiente está obligado a restaurar el bien ambiental afectado, devolviéndolo a la situación anterior a la producción del daño. Es lo que se conoce como principio de responsabilidad ambiental.

El daño huérfano y sus clases

Los daños ambientales huérfanos suponen una perturbación a la aplicación del principio de responsabilidad ambiental. Como su nombre indica, un daño huérfano es un daño que no tiene padres. Los padres, en este caso, son los sujetos responsables que puedan acometer la reparación del daño ambiental. Son tres las situaciones básicas por las cuales podemos llegar a detectar un determinado daño, pero no así ser capaces de resolver la responsabilidad en torno al mismo.

En un primer supuesto, puede ocurrir que simplemente se desconozca la identidad del sujeto causante del daño. Aunque no es lo más habitual, tampoco es extraño que, debido a la compleja interconexión que presentan los sistemas naturales y a su especial sensibilidad a las agresiones externas, el foco de contaminación del que se deriva el daño se encuentre muy lejos del bien ambiental que ha resultado dañado.

Otra posibilidad de que aparezca un daño ambiental huérfano es que sí sepamos quién causó el daño, pero este sujeto no resulte jurídicamente responsable. Desafortunadamente, conocer al causante de un daño ambiental no siempre significa que este vaya a ser finalmente el responsable obligado a repararlo. Determinar la responsabilidad supone atravesar y llegar al final de una especie de pasillo plagado de puertas cerradas que tenemos que ir abriendo con las llaves adecuadas. Cada una de esas puertas son los argumentos que puede oponer el sujeto al que pretendemos responsabilizar. Por citar algunos, puede ser que las leyes solo permitan exigir responsabilidad a determinados sujetos, que el concepto de daño que se adopte sea demasiado restringido o que la responsabilidad solo opere en un lapso de tiempo concreto.

Y un último tipo de daño huérfano es el que se da cuando se sabe quién causó el daño, además resulta posible determinar su responsabilidad, pero es insolvente y no es capaz de afrontar la obligación de repararlo. Un daño ambiental es, por principio, un perjuicio de especial gravedad. Normalmente, es el punto culminante de un largo periodo de latencia que implica que al ser detectado ya estemos ante un daño grave. O, en otros casos, es el fruto de accidentes que tristemente destacan por su espectacularidad. Las reparaciones son, por tanto, muy costosas en términos económicos y no siempre pueden ser asumidas por el responsable, que entra así en situación de insolvencia. La suscripción de seguros de responsabilidad ambiental es el principal instrumento para hacer frente a esta problemática, pero se trata de una práctica muy incipiente y poco desarrollada en la actualidad.

La tormenta jurídica perfecta

De las tres clases básicas de daño huérfano, la segunda es la que más tiene que ver con la configuración legal del sistema de responsabilidad ambiental. Y hablo de sistema porque, aunque en la actualidad existe una Ley de Responsabilidad Medioambiental como tal, esta no agota la regulación de la materia, de tal forma que existen otras muchas normas a tener en cuenta. Esta Ley fue aprobada en el año 2007 con el principal objetivo de hacer cumplir el principio de responsabilidad ambiental del que hablábamos al principio. Y es que, por lógica que pueda parecer la premisa de que quien causa un daño tiene el deber de proceder a su reparación, durante mucho tiempo han faltado las técnicas jurídicas apropiadas para llevarla a efecto.

Tradicionalmente, han coexistido en nuestro ordenamiento tres tipos de responsabilidad jurídica: la responsabilidad civil, que se ocupa de resolver las discrepancias entre sujetos particulares; la responsabilidad penal, encargada del castigo de los delitos contenidos en el Código Penal, y la responsabilidad administrativa, a la que corresponde la sanción de las infracciones recogidas en las diversas normas que sirven para regular nuestra convivencia.

En cualquiera de estos tres casos, de existir un daño, la respuesta ante el mismo se asegura vinculando su reparación a la exigencia del tipo de responsabilidad que corresponda. Es decir, a la condena civil, pena o sanción administrativa impuesta se une el deber de reparación del daño que se haya ocasionado. Pero, al contrario, si el bien ambiental dañado no tiene un propietario concreto que haya resultado perjudicado o si la producción del daño no encuentra encaje en ninguna de las conductas castigadas por el Derecho penal o administrativo, no será posible exigir de forma automática la reparación.

En realidad, este escenario es difícilmente imaginable en la actualidad, dada la multitud de normas que garantizan la protección de los recursos naturales. Pero, sin ir más lejos, fue lo que pasó con uno de los mayores desastres medioambientales de nuestra historia reciente: la rotura, en el año 1998, de la presa que recogía los residuos de la mina de Aznalcóllar a las puertas del Parque Nacional de Doñana. La exigencia de responsabilidad por los importantes daños que se ocasionaron dio lugar a un intrincado proceso judicial que llega hasta la actualidad. Precisamente porque no fue posible concluir la existencia de un delito contra el medio ambiente, porque los bienes afectados eran de titularidad pública, excluyendo así la aplicación del Derecho civil, y porque la Junta de Andalucía, principal administración pública afectada, no contaba con una norma que le otorgara la potestad para  exigir la reparación de los daños. Con sus limitaciones, de haber estado vigente por aquel entonces la Ley de Responsabilidad Medioambiental, no habría habido mayor inconveniente en declarar responsable del daño a la empresa titular de la mina.

Los daños ambientales difusos

Los daños ambientales difusos son un supuesto específico de daño huérfano en el que no es posible señalar con exactitud a uno o varios causantes a los que atribuir la responsabilidad. Así, un daño difuso es aquel que se deriva de una contaminación difusa, es decir, de una contaminación extendida, dimanante de multitud de fuentes y sin un origen cierto.

Un claro ejemplo de daño difuso fue el episodio de contaminación sufrido por el Mar Menor, en Murcia, y cuyo punto más crítico se vivió en el verano de 2016. Prácticamente de un día para otro, pudimos ver cómo las aguas cristalinas de la laguna se convertían en una gris masa pantanosa. Este colapso del ecosistema fue la culminación de una larga cadena de sucesos que, sinérgicamente agolpados, dieron lugar al desastre. Entre las principales causas del deterioro de la laguna, se encontrarían: la presencia histórica de la actividad minera, la presión urbanística ligada al turismo y, sobre todo, la sobreexplotación agrícola, incluida la existencia de centenares de desaladoras ilegales vertiendo continuamente sus residuos a la laguna.

¿Quién es entonces el responsable? Todos. Y a la vez nadie. Resulta imposible entender la producción del daño sin la confluencia de todos estos factores, pero, al mismo tiempo, el número de posibles implicados asciende hasta el límite de lo inabarcable para lo que habría de ser una solución jurídicamente justa. De este modo, un importante desafío en la actualidad es la concepción y diseño de un modelo de responsabilidad ambiental que sirva como solución para esta clase de situaciones. Ya que las principales y más graves problemáticas ambientales a día de hoy presentes a escala global responden a este patrón de causación. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad o la contaminación marina.

El Derecho ambiental dispone de diversos instrumentos que persiguen la prevención y la corrección en la fuente de posibles daños antes de que estos tengan lugar. Pero el papel de la responsabilidad ambiental, como instrumento de reacción frente al daño, todavía encuentra importantes obstáculos en los casos de daño huérfano que se han tratado en esta entrada. Algunas soluciones pasan por dotar a los ciudadanos de mecanismos de participación adecuados, por reforzar el papel de las administraciones públicas en la gestión del daño, incluido el deber de proceder directa o subsidiariamente a su reparación, y por afianzar la financiación de esta actividad a cargo de los principales agentes contaminadores. Se trata, en definitiva, de dar cumplimiento a uno de los principios inspiradores del Derecho ambiental, hoy convertido en poco más que un mero eslogan, de tal forma que quien contamine pague y repare.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Jacobo Compains Clemente, doctor en Derecho por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una tesis referida a la normativa española sobre daño ambiental

 

Por qué las mujeres deberían pagar menos impuestos

Una de las preocupaciones de la teoría de la imposición óptima es el análisis de los costes de eficiencia de los impuestos. Uno de los determinantes del exceso de gravamen, o coste en bienestar de los impuestos, es la elasticidad precio de la demanda compensada del bien o de la oferta compensada del factor productivo. La noción de exceso de gravamen puede aplicarse a una gran variedad de situaciones e impuestos relevantes para la política fiscal.

Por otra parte, es preciso señalar otra gran preocupación social de los países de la Unión Europea (UE): la discriminación contra las mujeres y la existencia de varias brechas de género. Incrementar la participación laboral de las mujeres, especialmente en el sur de Europa, era un objetivo explícito de la agenda de Lisboa del año 2000. En el caso de las mujeres casadas en España, Bargain et al. (2014) estiman una elasticidad de la oferta del número de horas de trabajo de 0,5 (superior a la media de la UE occidental), mientras para los hombres casados apenas llega al 0,08. Hoy las evidencias de una brecha salarial, contratos parciales y temporalidad siguen siendo patentes. Por ejemplo, en Navarra, el 70% de los empleos parciales son mujeres.

En las propuestas fiscales contenidas en la variada oferta política electoral para las elecciones generales del 28-A, algunos programas proponían reducciones e incluso eliminación de algunos impuestos. De lo leído y escuchado, parece que ningún partido se decanta explícitamente por una tributación basada en el género (TBG). En el caso concreto del impuesto sobre la renta personal (IR), ninguna parece decantarse por reducir los impuestos sobre la renta de las mujeres (casadas o parejas sin vínculo matrimonial) e incrementar, aunque sea en menor cuantía, el IR de los hombres. Se puede argumentar la diferencia en los valores estimados de las elasticidades específicas de oferta de trabajo de género, referidas principalmente a las mujeres casadas. Las elasticidades de las mujeres solteras son más similares a las de los hombres. Por tanto, desde el punto de vista técnico, como sugieren las reglas básicas de la imposición óptima, y sólo pensando en minimizar el exceso de gravamen, requiere considerar las diferencias en tipos impositivos. Dicha propuesta no es nada novedosa. Hace ya doce años que Alesina e Ichino (2007) publicaron un artículo en el que proponían que las mujeres debían pagar menos impuestos que los hombres.

Más recientemente, Colombino y Narazani (2018), en un trabajo publicado por la Comisión Europea, proponen reformas fiscales en esa dirección. Otra posible razón de la tributación basada en el género (TBG), en forma de tipos impositivos marginales más bajos para las mujeres, es considerar que ese diseño fiscal podría contribuir a cerrar la brecha de género. Esto es: promover la igualdad de género y mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral y dentro de la familia. En particular, cabe esperar que la tasa de participación en el mercado de trabajo e ingresos de las mujeres incrementen y las tareas familiares se asignen más equitativamente entre los géneros.

La propuesta de TBG se basa en un resultado clásico de la teoría de la imposición óptima y en la evidencia empírica de que la elasticidad de la oferta laboral es más alta para las mujeres casadas que para los hombres. Por tanto, aunque sólo fuera por consideraciones de eficiencia y con el objetivo de minimizar los costes en bienestar, la regla de elasticidad inversa de Ramsey sugiere que las rentas de trabajo de las mujeres casadas deben ser gravadas a tipos marginales más bajos que las de los hombres. Diversos trabajos han estimado la elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres casadas en España. Así, por ejemplo, González-Páramo y Sanz (2004) estiman una elasticidad de 1,8 y considerando un tipo marginal promedio del 25%, obtienen un exceso de gravamen marginal de un 62% de la recaudación obtenida. Un coste de eficiencia similar al obtenido por Hausman para Estados Unidos.

En conclusión, una política de diferenciación en el diseño de los impuestos sobre la renta para mujeres y hombres, además de reducir las pérdidas de bienestar, derivadas de minimizar los excesos de gravamen, puede parecer particularmente atractiva para un país como España, donde persisten grandes brechas de género en las tasas de participación laboral de las mujeres, los ingresos, las ocupaciones y la asignación de tareas familiares.

 

Referencias:

Alesina, A. y Ichino, A. (2007): Gender based taxation. Working Paper, University of Bologna

Bargain, O.,Orsini, K. y Peichl, A. (2014): ”Comparing Labor Supply Elasticities in Europe and the United States. New Results”. The Journal of Human Resources, 49 (3), 723-838.

Colombino, U. y Narazani, E. (2018): Closing the Gender Gap: Gender Based Taxation, Wage Subsidies or Basic Income? JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 03/2018

González-Páramo, J.M. y Sanz, J.F. (2004): Evaluando reformas mediante el coste marginal de los fondos públicos, criterios analíticos y aplicaciones a España y otros países de la OCDE, Fundación BBVA.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Pedro Pascual Arzoz, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de esta institución

La energía eólica que viene: eólica “offshore”

Estamos viviendo uno de los momentos más interesantes en la historia energética moderna: la transición desde un modelo energético basado en combustibles fósiles a uno articulado en torno a las energías renovables y la eficiencia energética. Las tecnologías renovables sobre las que se asienta este cambio de modelo energético son la eólica y la solar fotovoltaica. Los retos tecnológicos que estas tecnologías renovables planteaban han sido superados gracias a los esfuerzos en I+D+i, dando paso a una reducción de costes que ha sorprendido incluso a los expertos del sector.

Hoy en día, es más barato generar un kWh (kilovatio hora) usando paneles fotovoltaicos (3,2 – 4 céntimos de euro/kWh) y aerogeneradores (2,6 – 5 céntimos de euro/kWh), que usando combustibles fósiles (nuclear: 10,1 – 17 céntimos de euro/kWh; gas-ciclo combinado: 3,7 – 6,7 céntimos de euro/kWh). Incluso estamos llegando, en numerosos países como España, al “tipping point“, o punto de no retorno: ese momento en el que producir energía a partir de nuevas instalaciones renovables es más barato que emplear las centrales de combustibles fósiles ya existentes.

Cuando hablamos de energía eólica, todos pensamos en los molinos instalados en tierra a lo largo de toda nuestra geografía, lo que se llama eólica “onshore” o terrestre. No obstante, hay una tecnología que está llamada a jugar un papel importante en el nuevo modelo energético. Esta es la eólica “offshore” o eólica marina. La eólica marina se basa en la instalación de aerogeneradores en el mar para extraer la energía del viento, presentado algunas ventajas con respecto a la eólica terrestre. En el mar, las velocidades de viento son superiores a las disponibles en tierra, con lo que la potencia que puede ser generada por un aerogenerador con el mismo tamaño de pala aumenta. Además, el viento en el mar se ve afectado por muchos menos obstáculos que en tierra, por lo que el aerogenerador puede funcionar durante un mayor número de horas a lo largo del año y requiere una altura de torre menor si se compara con un aerogenerador terrestre. Como los aerogeneradores se sitúan en el mar, tienen un impacto visual mucho menor a los terrestres. Por último, permite acercar la generación eléctrica al consumo, consiguiendo un sistema eléctrico más eficiente. Las regiones costeras, tanto en España como en otros muchos países, suelen tener grandes densidades de población. En estas zonas, con poca superficie por persona, la instalación de turbinas eólicas en el mar se presenta como una gran solución.

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la instalación de estos aerogeneradores en el mar ha tenido que superar numerosos retos, lo que ha provocado que a día de hoy todavía sea una tecnología cara, con precios que oscilan entre los 7,2 y los 12,6 céntimos de euro/kWh. Sin embargo, comienzan a acercarse a los costes de generación de las tecnologías fósiles, y, de hecho, en algunos emplazamientos del mar del Norte, ya se ha anunciado la construcción de los primeros parques eólicos marinos sin ayudas estatales.

Pero, para llegar a este punto, se han tenido que superar un gran número de retos. Uno de los más problemáticos en los inicios, y que ya ha sido superado, fue la corrosión acelerada por el ambiente salino en el mar. Este problema obligó a cambiar de forma prematura un gran número de componentes en el parque eólico Horns Rev. Otro reto que hubo que superar fue el de la transmisión de la energía generada por la turbina hasta la costa, mediante líneas submarinas, la cual se realiza en corriente continua, frente a la transmisión en alterna normalmente utilizada.

Para reducir los costes de la energía, se ha incrementado el tamaño de las turbinas, alcanzando potencias de 10 MW (megavatios) a día de hoy. Para minimizar los costes de mantenimiento, que requiere de barcos o helicópteros (con el elevado coste que ello conlleva), se duplican algunos de los sistemas, con el objetivo de poder seguir trabajando en caso de fallo.

Por último, uno de los principales retos de la eólica marina es el anclaje de las turbinas al fondo marino. En mares cuyo suelo marino tiene profundidades inferiores a los 50 metros, como en el caso del mar del Norte en el que se concentra la mayor parte de aerogeneradores marinos, los aerogeneradores se anclan al mar mediante una estructura rígida. Sin embargo, para profundidades superiores, se necesitan estructuras flotantes, las cuales se amarrarían posteriormente al suelo.

En España, cuya industria es líder en el sector eólico y, en concreto, en el segmento “offshore”, solo existe un aerogenerador marino, situado en las Islas Canarias. Las costas españolas tienen la característica de tener profundidades superiores a los 60 metros a distancias relativamente cercanas a la costa, por lo que se requieren estructuras flotantes para estabilizar los aerogeneradores y anclarlos al mar. Este hecho, junto con unas políticas energéticas desfavorables hacia las energías renovables en los últimos años, han provocado que esta tecnología no se haya implantado en nuestro territorio. Sin embargo, las estructuras flotantes para aerogeneradores ya empiezan a comercializarse, permitiendo la expansión de la eólica “offshore” a un gran número de regiones en las que hasta ahora no era técnicamente viable.

En conclusión, el continuo desarrollo industrial y el viraje en la política energética española y mundial que hemos vivido recientemente hacen presagiar que no tardaremos mucho tiempo en ver estas máquinas en nuestros mares y alrededor de todo el mundo. La eólica “offshore” está llamada a jugar un papel importante en el cumplimiento de los compromisos medioambientales adquiridos en el Acuerdo de París en 2015.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Javier Samanes Pascual, investigador del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y doctor por esta institución, con una tesis sobre energía renovable eólica “offshore”

Las vivencias de Francisca Burdeos Zamboráin, una mujer soldado que pasó por hombre en el siglo XIX (y II)

Francisca Burdeos Zemboráin, seguramente, fue absuelta de los delitos de los que se le acusaba, pero no regresó con su hermano, tal como se solicitaba. De hecho, más adelante el periódico progresista “La Iberia” (1854) aseguró que había logrado ser presentada en Logroño a Espartero, quien le habría facilitado trasladarse a Madrid, a donde llegó a finales de 1848 para pedir al Gobierno una recompensa por sus servicios. También según esta publicación, ni Narváez ni Bravo Murillo le reconocieron sus servicios cuando fueron ministros, pero Lersundi, “dando más valor a las extraordinarias cualidades de esta mujer”, propició que la reina le concediera 112 reales mensuales.

No he podido recabar más noticias de los años 1849 a 1854, pero, en este último año, los periódicos se ocuparon de nuevo de Francisca, ya que en 1854 combatió contra las tropas de la guarnición de Madrid en las barricadas cercanas a la plaza de Bilbao. La prensa de la época señaló que tenía cerca de 44 años, era “de mediana estatura y lleva siempre el traje varonil”. El final del artículo es buena prueba de que su conducta no despertaba ningún rechazo, sino más bien lo contrario: “Indudablemente merece mucho más la consideración del gobierno una mujer que ha vivido y vive como un hombre esforzado, que muchos hombres que viven como flacas mujeres”.

Pese a valoraciones positivas de la prensa de la época, como la citada, la misma que merecieron algunas heroínas de la guerra de la Independencia (María Ángela Tellería, Susana Claretona y otras), con todo, su heroísmo no debió de ser premiado, más allá de recibir el mencionado subsidio. De hecho, de 1854, considerando que su pensión era insuficiente, pidió el empleo y sueldo de teniente o una pensión equivalente por los méritos que había contraído durante la Primera Guerra Carlista en defensa de la “causa nacional”. Sin embargo, en 1855 el Gobierno se lo denegó.

Algunos periódicos informaron de que, durante tres años, había sido asistente del comandante Francisco López Fabra (Barcelona, 1818-1891). Desgraciadamente, no precisaron los años en que había prestado sus servicios a este militar y gran montañero, al que quizá conoció en la Primera Guerra Carlista, ya que ambos coincidieron en el Segundo Batallón de los Cuerpos Francos de Aragón.

Entre 1851 y 1855, López Fabra recorrió casi todos los países europeos para trazar cartas geográficas, por encargo del Ministerio de la Guerra, y, en los años siguientes, se dedicó a seguir publicando sus trabajos cartográficos, lo que abre la posibilidad de que Francisca Burdeos hubiera estado en el extranjero con él.

Las noticias sobre las vicisitudes de nuestro personaje en los años siguientes se circunscriben prácticamente a que participó en la guerra de África, a pesar de que tenía ya 50 años, y al suceso siguiente. En 1861, vivía en la calle Silva de Madrid, donde pasó por hombre y trabajó como criado de cierta Carmen Caraza. Entonces, acaparó de nuevo la atención de la prensa por ser testigo de primera mano del asesinato de una prima de esa señora a las 9 y media de la noche del 29 de julio de ese año en la calle la Justa. La fallecida, Carlota Pereira (Adra), que estaba separada de su marido, Jerónimo Gener, oficial primero del Gobierno Civil de Almería, fue apuñalada cuando iba con sus dos hijas de 10 y 11 años. Con ellas, iba también Francisca/Benito Burdeos por deseo de su ama, quien temía que aquella fuera atacada por un individuo que hacía días les seguía. Francisca no pudo hacer frente el inesperado ataque del asesino, pero sí contribuyó a detenerlo. Se trataba de un almeriense, combinado con otros cómplices, al que presuntamente habría pagado su marido.

Se abrieron dos sumarios en Madrid y Almería, porque se consideró que el asesinato se había instigado desde esta última ciudad. El juicio fue muy sonado, porque el marido, muy próximo a González Bravo, fue absuelto, en medio de sospechas de favoritismo, y porque intervinieron en el juicio dos conocidos letrados: el expresidente del Gobierno Joaquín Francisco Pacheco y el político tradicionalista valenciano Antonio Aparisi y Guijarro. Los periódicos del momento recogieron puntualmente la causa, que se desarrolló entre 1862 y 1863.

Los antecedentes y las circunstancias del crimen se recogen puntualmente en el libro “Causa célebre: acusación, defensas y sentencia en las causa formada con ocasión del asesinato cometido en la persona de Carlota Pereira en la calle de la Justa, el 29 de Julio de 1861” (Madrid, Redacción y administración de El parte Diario, Imprenta de D. A. Santa Coloma, 1863). En nuestros días, se ha ocupado del asunto en tono literario Bernardo Díaz Nosty, que recoge algunas noticias sobre la actuación de Francisca en este asunto (“El crimen de la calle de la Justa”, ediciones Albia, 1983).

Lo que aquí importa es que nuestra protagonista tuvo que asistir y declarar en el juicio y lo hizo de tal modo que conmovió al público asistente. Y, sobre todo, se suscitó de nuevo la cuestión de su sexo, máxime considerando que en alguna sesión exhibió “sus múltiples condecoraciones de guerra”.

La defensa del acusado alegó que, según una ley de las Partidas, las mujeres vestidas y con maneras de hombre no podían declarar. En este sentido, explicó que, antes de ser autorizada para vestir de hombre, ya lo había hecho, alistándose para luchar en África, y que así había faltado a la verdad manifestándose como hombre sin serlo. Que después de la guerra de África fue a Madrid, donde había engañado a todos, al empadronarse como hombre y dedicándose al servicio doméstico. Terminó insistiendo en que, pese a todas sus cruces y honores, no podía ser testigo. Sin embargo, el fiscal, Ramón Gil Osorio, que había sido subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia, rechazó su pretensión, con el siguiente argumento:

“Esta testigo va vestido de hombre desde que un fusil en la mano defendió en los campos de batalla a la Reina y al país; esta testigo conquistó laureles en el campo de batalla y mereció cruces y mereció también pensión, por alguna de esas cruces que ostenta su pecho; desde entonces viste el traje de hombre para hacer más soportables las fatigas militares; con consentimiento de la autoridad militar se le concedieron esas cruces y con consentimiento de la autoridad civil y de cuantas personas la tratan, continúa aún vistiendo el traje de hombre, sin que su ánimo sea engañar a nadie, sin que tenga proyectos criminales ni inmorales; nada de eso; no está, pues, comprendida en el espíritu de la ley de Partidas”.

En febrero de 1862 y 1863, Benito asistió a las sesiones del juicio, por lo que no parece, aunque no hay descartarlo, que se trate del Benito Burdeos, de 50 años, enfermo, que figura en una relación de colonos llegados de España a la isla de Santo Domingo en el vapor “Ferrol” el 4 de mayo de 1862. Sea como fuere, a partir de estos años, parece que cayó en el olvido.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Ángel García-Sanz Marcotegui, catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación e investigador del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

 

Las vivencias de Francisca Burdeos Zamboráin, una mujer soldado que pasó por hombre en el siglo XIX (I)

Las mujeres que a lo largo de la historia se vistieron como los hombres (y, en muchos casos, participaron en acciones de guerra codo a codo con ellos) se prestan a relatos más o menos novelescos y más o menos sensacionalistas. Así ocurre, por poner algún ejemplo, con la donostiarra Catalina de Erauso (Antonio de Erauso), la famosa “monja alférez”, a la que el papa autorizó a vestirse de hombre y cuya participación en numerosos combates y lances armados hacen de ella uno de las mujeres más sorprendentes del siglo XVI, lo que explica el interés que despierta su figura.

Los condicionantes y objetivos del travestismo son particularmente un campo fértil para la especulación acerca de la sexualidad de estas mujeres-soldados. Una de ellas es Francisca Burdeos Zamboráin (protagonista de este artículo), de quien se ha dicho que en 1861 convivía con “su pareja”, una mujer con hijos, como veremos más adelante, pero, a mi juicio, sin base documental precisa. Por lo demás, parece que no pasaron de meras bromas sus promesas de casamiento a dos mujeres que lo tomaron por hombre. Sea como fuere, su caso es bastante similar al de Ana María de Soto (Aguilar, Córdoba, ca. 1777), infante de marina que, entre 1793 y 1798, participó en combates hasta que, en un reconocimiento médico rutinario, se descubrió que era mujer y recibió una pensión del Gobierno. De todos modos, sus peripecias, como las de Francisca Burdeos, fueron muy diferentes y mucho menos complejas que las de Teresa o Florencio Pla Meseguer, jefe guerrillero antifranquista que actuó en la provincia de Castellón, o el coronel Amelio Robles, “una mujer transgénero” del México revolucionario.

En este sentido, a la luz de los pocos datos que disponemos sobre Francisca Burdeos, su “transgresión a la feminidad normativa” es muy peculiar, como ocurre en los casos de mujeres que se mueven entre los márgenes que marcan el sexo, una condición social humilde y unos ideales políticos revolucionarios. La información disponible sobre ella, en su mayor parte procedente de sus propias declaraciones en el juicio que tuvo lugar en 1848 en Navarra, permite afirmar que estamos ante un caso en que se unen la decisión y la valentía para subsistir y alcanzar la independencia personal por encima de toda clase de riesgos, lo que hace de ella una adelantada, aparentemente sin pretenderlo, de la lucha por la igualdad y la emancipación femenina. Por ello, lo que más llama la atención de su figura son los parabienes que su comportamiento mereció a la prensa de mediados del XIX.

Francisca Burdeos Zamboráin, cuya abuela paterna era navarra (de Burgui), nació en Tiermas (Zaragoza) en 1810. Tuvo al menos tres hermanos (Sebastián, María Josefa y Benito; los dos últimos, nacidos en Eslava, Navarra).

Benito murió siendo muy niño y, desde adolescente, Francisca tomó su nombre y con él llevó una rocambolesca vida, ya que logró ocultar su condición femenina durante muchos años seguidos. Según refirió ella misma al periódico “La España” (1848), que publicó sus declaraciones para que el Gobierno premiara sus servicios, a los 5 años perdió a madre y quedó muy pobre con dos hermanos. Su padre se volvió a casar con una mujer que la maltrataba. Por ello, a los 13 años, “harta ya de sufrir”, decidió hacerse pasar por hombre con el nombre de su hermano Benito, pensando que, a su edad, ganaría más que como mujer “con el mismo trabajo”.

Marchó a Sangüesa (Navarra), a unos veinte kilómetros de Tiermas, y, en un caserío llamado San Nicolás, trabajó como boyero o conductor de bueyes durante cuatro años. A lo largo de este tiempo, estuvo casi siempre en el monte y cada año ganó entre once y catorce duros y el calzado. En esta situación, según su testimonio, comenzó la Primera Guerra Carlista, lo que plantea algún interrogante, pues no concuerda, como se deriva de su propio testimonio, con que habría dejado de trabajar en Sangüesa en 1828 con apenas 18 años. Cabe pensar, por tanto, que omitió sus vicisitudes entre 1828 y 1833 o contó los años a partir del nacimiento de Benito.

En cualquier caso, cuando se inició la guerra, al saber (por los jóvenes que frecuentaba) que en el cuerpo de Tiradores de Isabel II de Navarra se pagaban seis reales, se alistó en él con el nombre de Javier Urbiza o Javier Burdeos. Como tal, participó en varias decenas de acciones de guerra en Navarra. Después, cuando en 1837 dicho cuerpo fue disuelto, se incorporó en Zaragoza al Segundo Batallón de Cuerpos Francos de Aragón con uno de los dos nombres citados. Siempre se portó como el más valiente soldado y no fue herida. Tras la disolución de su unidad, una vez obtenida la licencia absoluta en 1842, trabajó en el campo para varios propietarios sin decirles que era mujer.

En primer lugar, lo hizo en Olite durante un año como criado(a) en la casa de Isidro Lasaga. Después, como no quería ser comprendido(a) en la quinta, pues prefería seguir trabajando, se acordó de que sus padres habían vivido en Eslava y que habían tenido un hijo que se había marchado a Aragón y había muerto en Huesca. Entonces, fue a ese pueblo navarro y logró que el párroco le diera una partida de bautismo de su hermano Benito y comenzó a emplear ese nombre. Finalmente, no tuvo que utilizar este documento, pues resultó corto(a) de talla y no fue incluida en el sorteo. Desde entonces, utilizó el nombre de su hermano y ocultó siempre su condición femenina. Así, trabajó otro año más en Olite en la casa de Elías Gómez.

Por aquel tiempo, engañó a su propio hermano Sebastián, cuando volvió de América, pues le hizo creer que era Benito y que Francisca había fallecido. Probablemente, dada la proximidad entre Olite y Tafalla, fue cuando presuntamente prometió a una joven de esta última localidad que se casaría con ella, “broma”, según el “Diario de Palma” (1848), que obligó “a esta heroína” a cambiar de residencia para no descubrir su sexo. En efecto, pasó a trabajar dos años en la casa de Juan Domingo Mozaz en Mélida (Navarra) y otros dos, en la de Domingo Palacios en Castillo (¿Carcastillo?). Más tarde, vivió cinco meses en la casa de su hermano Sebastián en Moriones (Navarra), y le ayudó en las labores del campo, haciéndose pasar siempre por Benito.

Segura de encontrar trabajo como mozo de labranza y con un pase que le dio el alcalde de ese pueblo, se fue a Corella (Navarra), donde sirvió año y medio como criado en la casa de Manuel Lizar hasta que, con un pasaporte que le proporcionó el alcalde de esa ciudad, en 1848 fue a buscar otra colocación en Tudela. Ahí se presentó como Benito Burdeos y se empleó en la casa de un hojalatero de origen italiano, Juan Benturini, cuya esposa, María Malo, le puso a trabajar en su cantina. Al poco tiempo de su llegada a la capital de la Ribera, la falta de entendimiento con su patrona propició su detención y el descubrimiento de que era mujer.

En efecto, como no tenía pasaporte, se ordenó que fuera conducida, “de justicia en justicia”, hasta su pueblo de origen y, cuando un alguacil, que había combatido con ella en los Cuerpos Francos, la llevaba al próximo pueblo, fue detenida y encarcelada en Tudela acusada de estar implicada en una riña y de deber 24 reales a la dueña de la cantina por las comidas que le daba. Nuestra protagonista negó que tuvieras que pagárselas y afirmó que su patrona actuaba así resentida, porque quería dejar su trabajo.

Según algunos periódicos, como “El Clamor Público” (1848), otro motivo para ser detenida y encausada es que no habría cumplido la palabra dada a una sobrina del matrimonio para el que trabajaba y de la que habría obtenido algunas meriendas y jarros de vino. Fuera como fuese, como en la cárcel se le destinó a la misma celda que otros presos, “pidió, suplicó, rogó, instó y volvió a solicitar que le pusieran en una estancia separada por razones de conveniencia propia”. Al no conseguirlo, se vio obligada a declarar que era mujer y que se llamaba Francisca Burdeos.

Encausada por delito de estafa, en 1848 dio su poder a un procurador, Anselmo Arnedo García, para que la defendiese. La causa se vio en la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Pamplona. Según “La España”, Francisca declaró que “jamás” abusó de su disfraz de hombre para “no faltar en lo más mínimo a sus deberes de mujer honrada”, a pesar de “haber estado entre soldados libertinos que jamás advirtieron que fuese mujer”. También alegó que tomó “mil precauciones” para que los hombres con quienes trabajaba no advirtieran su condición, como servir en casas donde no hubiera otros criados o no embriagarse.

“El Clamor Público” dio por entonces una descripción de su vestimenta que viene a paliar la aparente falta de fotografías suyas. Este periódico progresista señaló que vestía “chaqueta de pana, ancho pantalón de ídem, chaleco de solapa, cachirulo en la cabeza, y largas guedejas [melenas] al estilo del país”.

¿Qué resolvió el tribunal sobre ella? La respuesta, la próxima semana en este blog.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Ángel García-Sanz Marcotegui, catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación e investigador del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Una microcámara para explorar el tubo digestivo

La tecnología es una gran aliada en la labor de los médicos para contribuir a mejorar la salud de los pacientes. Un ejemplo es la cápsula endoscópica, una nueva tecnología utilizada para explorar el intestino delgado, un órgano móvil localizado en el interior de la cavidad abdominal. Presenta una longitud media de seis metros y está formado por el duodeno, el yeyuno y el íleon. Esto hace que su accesibilidad hasta la aparición de la cápsula endoscópica mediante las técnicas existentes (gastroscopia y colonoscopia) fuera limitado, pues sólo permitía explorar unos pocos centímetros del duodeno y del íleon terminal.

En 2001, con la aparición y posterior comercialización de esta nueva tecnología (la cápsula endoscópica), el abordaje endoscópico del intestino delgado dejó de ser una utopía, pues permite explorar de una forma fácil y sencilla la totalidad de este órgano (enteroscopia).

Esta nueva tecnología consta tres elementos fundamentales: la cápsula endoscópica, la grabadora y un software especial instalado en el ordenador. La cápsula endoscópica es ligeramente mayor que un comprimido (de entre 11 y 26 milímetros) y fácil de ingerir por vía oral. Se caracteriza por capturar de dos a seis imágenes por segundo desde su activación en la boca y mantiene su función hasta que alcanza el colon o se agota la batería, cuya duración alcanza entre diez y doce horas de media. Las imágenes obtenidas son trasmitidas por radiofrecuencia a la grabadora que porta el paciente para, posteriormente, ser descargadas y procesadas por un software especial en un ordenador hasta obtener el vídeo final.

Tal ha sido el impacto de esta técnica en la medicina moderna que, en la actualidad, más de tres millones de exploraciones con cápsula endoscópica se han realizado en todo el mundo y se ha visto un incremento en las indicaciones para su uso. Todo ello, en parte, se debe a la sencillez de la prueba y a la buena aceptación del público en general. De hecho, actualmente todas las guías clínicas consideran a la cápsula endoscópica como la primera exploración a realizar para estudiar el intestino delgado, relegando a la endoscopia convencional al estudio del esófago, estómago y colon.

La cápsula endoscópica es capaz de detectar lesiones extra-intestinales de una forma fácil y sencilla, según recogen un gran número de estudios. Algunos de estos hallazgos son de una relevancia extrema, al tratarse de lesiones desapercibidas con anterioridad por otros procedimientos. Si bien los hallazgos obtenidos son prometedores, hay que tomarlos con cautela, pues que aún no se ha demostrado que esta tecnología sea superior a la endoscopia convencional, sino que más bien se trata de un complemento de esta.

En conclusión, nos hallamos ante una nueva herramienta útil y complementaria a la endoscopia convencional, que permite explorar de forma no invasiva todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano (panendoscopia). A pesar de este horizonte tan prometedor, se debe ir aún con cautela dadas las limitaciones que estos dispositivos aún presentan y, muy probablemente, pronto se pulirán.

 

Esta entrada ha sido elaborada por José Francisco Juanmartiñena Fernández, médico adjunto del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y doctor por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una tesis doctoral sobre lesiones extra-intestinales detectadas con cápsula endoscópica

La importancia de la motivación docente en las aulas

A menudo se habla sobre la importancia de la motivación estudiantil para el aprendizaje y el rol que ejerce el profesorado en su potenciación. Sin embargo, rara vez se discute sobre las estrategias para promover la motivación docente al momento de impartir las clases y el papel que juegan los distintos actores sociales en su promoción.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, ha expresado al diario “El País” (Silió, 2018) que el sistema educativo español no brinda suficiente apoyo al profesorado, lo que está haciendo que la carrera docente se vuelva poco atractiva. Esto se puede reflejar, por ejemplo, en que el salario es inferior a la media europea o el sistema de oposiciones alcanza un 9,6% de plazas desiertas. Otro ejemplo se observa en la insistencia política por instalar reformas educativas que siguen modelos curriculares propios de la revolución industrial, restringiendo así la autonomía docente, ya que el profesorado tiene poca libertad para interactuar con el grupo de pares, resolver cuestiones administrativas del estudiantado y tomar decisiones sobre los planes de estudios.

Este último ejemplo tiene directa relación con las situaciones de aula, dejando en evidencia la importancia de los factores contextuales en la motivación docente. Es decir, el profesorado motivado establece relaciones sanas de compañerismo con sus pares y jefaturas, tiene capacidad para resolver problemas estudiantiles en conjunto con padres y tutores y, por último, tiene autonomía para decidir los contenidos de aprendizaje que se deben tratar en las situaciones de aula. En este sentido, las administraciones educativas deberían promover dicho actuar docente mediante la implementación de proyectos educativos que fomenten la realización de actividades interdisciplinares, la participación activa de toda la comunidad educativa en las cuestiones académicas y el aprendizaje permanente del profesorado para mejorar su quehacer pedagógico.

En definitiva, la motivación docente en las situaciones de aula es una materia compleja que también debería ser tratada por la investigación educativa, porque los distintos actores sociales tienen un impacto en ella, especialmente, en los tiempos que corren, donde se aproxima una nueva reforma educativa. Específicamente, entre los actores no solo podemos considerar las jefaturas, docentes, estudiantes, padres y tutores; sino también debemos tener en cuenta a los agentes políticos por una cuestión muy simple: las reformas educativas cambian el “status quo” de la labor pedagógica, tanto desde el punto de vista curricular como económico.

A muestra de un botón, tenemos el caso de la educación artística en Educación Primaria, la que, tras ser eliminada del marco de asignaturas troncales con la entrada en vigencia de la LOMCE, comenzó a percibir menos financiación. Esto no solo provocó que se redujeran las horas lectivas para la asignatura, sino también gatilló que un sector del profesorado de música debiera dictar otras asignaturas distintas con el objeto de completar su horario laboral. Por consiguiente, la motivación docente se ha visto negativamente afectada por la aplicación de la LOMCE que regulan las administraciones educativas, ya que el profesorado de música ha estado perdiendo gradualmente su pasión pedagógica al verse forzado a impartir asignaturas distintas a la que optó profesionalmente.

Nuestro deber social es asegurar un sistema educativo de calidad. Para ello, es fundamental motivar al profesorado mediante estrategias basadas en el cariño y el respeto social, la dignificación laboral y la autodeterminación en la toma de decisiones pedagógicas, ya que, solo a través de dichas estrategias, se podrá garantizar la construcción de entornos socioeducativos afectivos que sirvan de catalizadores para la motivación estudiantil.

 

Referencia:
Silió, Elisa. (10 de octubre de 2018). Los profesores en España parece que trabajan en una cadena de producción. Diario El País. Recuperado de https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539106335_328097.html

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Rolando Angel-Alvarado, doctor por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una tesis que analiza el impacto en el aula de la eliminación de la Música en Primaria como asignatura obligatoria

¿Cuáles son los beneficios en salud de los nuevos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C crónica?

En 2015, la hepatitis C crónica constituía un problema de salud pública de importante magnitud, con, aproximadamente, 500.000 personas afectadas en España. Las complicaciones de esta enfermedad son potencialmente graves, como el cáncer hepático y la cirrosis y, por este motivo, la hepatitis C crónica constituía la primera causa de trasplante de hígado en nuestro país.

Ante este problema de salud, es importante disponer de una terapia eficaz. Precisamente, el objetivo del tratamiento antiviral es eliminar la infección por el virus de la hepatitis C, para evitar la progresión de la enfermedad y sus complicaciones. Hasta el año 2015, el tratamiento se basaba en interferón, con tasas de éxito limitadas y múltiples efectos adversos. Desde ese año, se han comercializado en España diferentes combinaciones de antivirales de acción directa contra el virus, lo que ha supuesto un cambio relevante en el manejo de la enfermedad.

 

Los ensayos clínicos de estos nuevos fármacos mostraban resultados prometedores, con alta eficacia para conseguir la curación de la infección. Esta situación generó una elevada demanda de tratamiento por parte de los pacientes, pero el elevado coste inicial de los fármacos dificultaba el acceso simultáneo de todos ellos al tratamiento. Por eso, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaboró un “Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C”, priorizando el tratamiento de aquellos pacientes que se encontraban en las fases más avanzadas de la enfermedad. El descenso progresivo del coste de los fármacos posibilita actualmente el tratamiento de todos los pacientes con hepatitis C.

Ante la llegada de los nuevos medicamentos, existía la necesidad de evaluarlos en la vida real, ya que los resultados terapéuticos en la práctica clínica pueden ser menos favorables que los observados en los ensayos clínicos.

La tesis elaborada por quien esto escribe se ha centrado en conocer el impacto real de los antivirales de acción directa en términos de efectividad, seguridad y efecto sobre la calidad de vida de los pacientes tratados en Navarra.

El estudio se centró en tres ejes: saber cuánto curan los nuevos antivirales, cómo lo hacen (si son seguros) y el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, un aspecto novedoso ya que apenas había sido evaluado previamente en los ensayos clínicos. Se estudiaron los pacientes tratados con antivirales de acción directa en el Complejo Hospitalario de Navarra, desde 2015 a 2017. El tratamiento se consideró efectivo cuando no se detectaba el virus en sangre a las doce semanas de finalizar el tratamiento (respuesta viral sostenida).

La efectividad global de los antivirales de acción directa en Navarra fue del 97%. Los resultados han sido muy positivos incluso en aquellos subgrupos que se consideraban difíciles de tratar (presencia de cirrosis hepática, coinfección por VIH, fracaso terapéutico previo a interferón), con tasas de curación superiores al 95%.

 

El estudio de la seguridad terapéutica incluyó a 227 pacientes monoinfectados por el virus de la hepatitis C. No se produjo ningún abandono voluntario de la terapia y solamente en un caso se suspendió por toxicidad renal. La alteración analítica más frecuente fue la anemia (33%), asociada al empleo de ribavirina con los antivirales. Sin embargo, esta fue de grado leve y transitoria, ya que los pacientes se recuperaban al finalizar el tratamiento. Este fármaco se utilizó en los primeros años, pero actualmente está en desuso.

La participación en el estudio de calidad de vida fue elevada, incluyendo a 206 pacientes con respuesta viral sostenida (79% de las personas a las que se propuso el estudio). Después de eliminar la infección por el virus de la hepatitis C, se observó un descenso en la proporción de pacientes que referían problemas de movilidad (de 35% a 24%), dolor o malestar (de 60% a 42%) y ansiedad/depresión (de 57% a 44%). Asimismo, hubo un aumento de diez puntos en el estado de salud autorreferido, lo que refleja una mejoría en la valoración global de la salud por parte de los pacientes. Este beneficio sobre la calidad de vida se observó también en los pacientes coinfectados por el VIH y en los pacientes cirróticos.

La comparación de la calidad de vida con la de la población general española mostró más problemas entre los pacientes con hepatitis C crónica antes del tratamiento, principalmente, en aquellos que se encontraban en las fases más avanzadas de la enfermedad. Después de curar la infección, persistían las diferencias, hasta tres veces más frecuente la limitación en las actividades cotidianas y la ansiedad/depresión entre los pacientes con respuesta viral sostenida que en la población general. Sin embargo, la valoración global del estado de salud consiguió asemejarse a la de la población española (75 puntos y 77 puntos, respectivamente).

Cuando se comparaban los resultados en función del grado de fibrosis hepática, aquellos pacientes con fibrosis leve fueron los que más se equipararon a la población general después de la curación, con un nivel similar de problemas en movilidad, autocuidado, actividades cotidianas y dolor o malestar. En cambio, los pacientes cirróticos continuaron estando alejados de la población general española, principalmente en los problemas relativos a las dimensiones físicas de la salud. Mejorar la calidad de vida y los problemas referidos por los pacientes son un objetivo de salud importante una vez curada la hepatitis C.

En definitiva, los nuevos antivirales han demostrado tener un buen perfil de seguridad en práctica clínica, simplificando la monitorización de los pacientes durante la terapia, con un menor consumo de recursos sanitarios. La curación de la infección por el virus de la hepatitis C tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de los pacientes, consiguiendo equipararla a la de población general española del mismo sexo y edad para los pacientes en los estadios más leves de la enfermedad.

 

Esta entrada ha sido elaborada por la farmacéutica hospitalaria Regina Juanbeltz Zurbano, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una tesis sobre el tratamiento de la hepatitis C crónica con antivirales acción directa de segunda generación

Los efectos de la custodia compartida en el mercado laboral español

En las últimas décadas, se ha visto un cambio significativo en la sociedad española, en especial, en la nueva conformación de la población activa y la mayor participación de la mujer en ella. No sólo se ha podido observar ese cambio, sino también un aumento considerable de disoluciones de matrimonios y, al mismo tiempo, de la asignación de custodia compartida.

¿Puede afectar la custodia compartida de los hijos al mercado laboral de los padres? La respuesta es sí, de forma rotunda.

 

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2016, solamente el 28,3% de los casos de divorcio y separación obtuvieron la custodia compartida. Aunque el concepto de custodia compartida se incluyó en el Código Civil en España en 2005, la adopción del concepto no vino acompañada de una regulación general a nivel estatal. No fue hasta seis años después cuando cinco comunidades autónomas con legislación propia (Cataluña, Navarra, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana) tomaron la iniciativa de aplicar una regulación propia sobre la custodia compartida.

En consecuencia, son precisamente esas comunidades las que registran mayor porcentaje de custodias compartidas, según el INE, mientras que, en el resto del país, las madres siguen obteniendo la mayor parte (66%) de las custodias exclusivas de los hijos.

¿Qué consecuencias económicas puede tener esta situación?

En términos generales, el tiempo dedicado al cuidado de los hijos aumenta considerablemente cuando a uno de los padres se le otorga la custodia y guarda exclusiva y, por tanto, ese tiempo no puede ser invertido simultáneamente en el mercado laboral.

La diferenciación en el uso del tiempo y el tipo de jornada laboral de acuerdo con el género, un análisis desarrollado por el INE, han contribuido a cuestionar la existente desigualdad existente:

  • El 72% de las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas que los hombres y, del mismo modo, un 59% de la población femenina destina más tiempo al cuidado de los hijos que la población masculina.

 

  • El 56% hombres frente a un 44% mujeres son los porcentajes de la población ocupada. A primera vista, parecen equitativos, pero, al descomponer los datos, el 72% de esos trabajos ocupados por mujeres son a tiempo parcial.

Por lo tanto, la aparente igualdad en la que creemos vivir maquilla la realidad. En vez de desafiar la teoría del premio Nobel Gary Becker, quien explica que el hombre invertirá su tiempo únicamente al mercado laboral, mientras que la mujer a las responsabilidades en el ámbito privado (tareas domésticas, cuidado de hijos…), la estamos defendemos inconscientemente.

Mi trabajo de fin de grado consistió en poner la economía al servicio del estudio social y analizar los efectos de la custodia compartida en la tasa de empleo femenino. Usando una metodología econométrica, con una muestra de 2.437.792 individuos, se obtuvieron unos resultados estadísticamente robustos y significativos. Esta es el más contundente:

“Las mujeres nacidas en las cinco comunidades autónomas donde prevalece la ley de custodia compartida tienen mayor probabilidad de estar trabajando que las mujeres nacidas en el resto del país”.

En conclusión, la custodia compartida, es decir, el reparto equitativo del tiempo y costes en el cuidado de los hijos, contribuiría a la igualdad de género en el mercado laboral. Sin olvidar que igualdad no quiere decir que el hombre y la mujer sean iguales, sino que tengan los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Pilar Alvargonzález Muñoz, graduada en el Programa Internacional de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y ganadora del I Premio al Trabajo de Fin de Grado, concedido por la Asociación Española de Economía, por su estudio sobre los efectos de la custodia compartida  en la tasa de empleo femenino