Los impactos socioambientales del coche eléctrico: un debate necesario

El pasado 8 de noviembre, la Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculaciones se han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

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Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el «boom» del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro «post»).

 

Esta entrada ha sido elaborada por Guillermo Otano Jiménez, doctor en Sociología por la UPNA, que actualmente trabaja en la Fundación Alboan como responsable de incidencia de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto. Participa también en el proyecto de investigación del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad «Mecanismos de reclamación de derechos humanos a nivel corporativo» de la Universidad de Deusto.

¿Cómo funciona un microscopio electrónico?

La microscopía se define como el conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los objetos de estudio que, por su pequeñez, no son accesibles para el ojo humano. Para ello, se usa el microscopio. El primero que se inventó fue el óptico, que contiene dos o más lentes y que permiten obtener una imagen aumentada del objeto, el cual funciona por refracción. Sin embargo, presenta la limitación de que no se  puede obtener una magnificación más allá de mil aumentos. Por eso, en el siglo XX, se inventó el microscopio electrónico, mucho más potente.

El microscopio electrónico utiliza electrones con alta energía para realizar observaciones a diferencia del  óptico, que se sirve de la luz (fotones). La energía que se maneja en estos sistemas esta representada por una unidad denominada electronvoltio (símbolo eV).

Un electronvoltio se define como una unidad de energía para el electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. Este valor se obtiene experimentalmente y equivale aproximadamente a 1,602176462 x 10-19 Julios.

Un microscopio electrónico de barrido convencional puede alcanzar del orden de 30 KeV (1 KeV = 103 eV)

En 1924, el físico francés Luis De Broglie pudo comprobar como un haz electrónico acelerado a una determinada velocidad posee una longitud de onda determinada. Esta es la fórmula que lo representa:

[Donde h = constante de Plank; v= la velocidad, y m= masa de la partícula].

De aquí podemos deducir que, cuanto mayor sea esa velocidad de aceleración de los electrones, menor es la longitud de onda y, por lo tanto, el poder de resolución mayor.

 

A modo de comparación, el ojo humano puede ver hasta 0,1 milímetros; el microscopio óptico, hasta 0,0002 milímetros; y el electrónico de barrido, hasta más o menos 40 nanómetros. Un nanómetro equivale a 1/1.000.000 milímetros. De hecho, el microscopio electrónico, al utilizar electrones con alta energía, permite pasar de observaciones con una magnificación promedio de 2.000 aumentos a otra mayor de 300.000.

El microscopio electrónico posibilita también obtener una mayor profundidad de campo, lo que permite conseguir un efecto más real de las tres dimensiones.

En el mundo de lo más pequeño, no existe el color con la longitud de onda electrónica y, por lo tanto, las imágenes aparecen en blanco y negro.

 

Esta entrada ha sido realizada por José Javier Vesperinas Oroz, técnico del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad Pública de Navarra

 

El legado del geógrafo Leoncio Urabayen donado a la UPNA

Leoncio Urabayen Guindo (Erroz, 1888-Pamplona, 1968) está considerado como un geógrafo moderno, novedoso en la enseñanza y aprendizaje de la geografía, pionero en la realización de estudios de geografía moderna sobre Navarra. Llevó a cabo estudios de geografía humana a nivel local y comarcal, dedicando especial atención a la casa rural y a los asentamientos, además de contribuir a la mejora de la educación en Navarra, planteando un nuevo concepto de escuela y de maestro.

Tal y como escribió el también geógrafo Alfredo Floristán en su artículo “El pensamiento geográfico de Leoncio Urabayen”, Urabayen formuló una nueva doctrina según la cual la geografía de los paisajes humanizados, que así era como denominaba él a la geografía humana, debía estudiar las relaciones hombre-naturaleza y el proceso de humanización de la tierra basándose en lo que llamó precipitados geográficos, las huellas dejadas en la superficie terrestre por la acción del hombre.

Contribuyó también a la renovación de la didáctica de la geografía escolar, introduciendo como principio básico de la enseñanza la observación directa, la búsqueda de las causas, la explicación de los fenómenos, con el objetivo final de que el niño comprendiera la lucha del hombre contra el medio. Para Leoncio Urabayen, el paisaje modificado por el hombre era lo que debía ser objeto de enseñanza de la geografía.

Urabayen, que estudió en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, fue profesor de Historia en la Escuela Normal de Maestros de Burgos y de Gramática y Literatura Castellana en la Escuela Normal de Pamplona, donde desempeñó el cargo de director. Ejerció también como secretario del primer Congreso de Estudios Vascos en 1918, fue cofundador de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza y vocal de enseñanza de esta entidad de 1918 a 1923.

Estuvo implicado no solo en tareas de investigación y culturales, políticas y de gestión académica (fue concejal en el Ayuntamiento de Pamplona). Además de un apasionado por la geografía humana, fue una persona polifacética en su actividad intelectual e investigadora. Escribió sobre una gran variedad de temas, incluso llegó a publicar una novela de ficción.

Urabayen publicó trabajos relevantes en la “Revista Internacional de Estudios Vascos”, “Hermes”, “Boletín de la Real Sociedad Geográfica”, “Munibe” y en diversas revistas culturales españolas y portuguesas. Entre sus obras, cabe destacar “Oroz Betelu” (Madrid, 1916), “Geografía humana de Navarra: la vivienda” (Pamplona, 1929-1932), “La casa navarra” (Madrid, 1929), “Geografía de Navarra” (Pamplona, 1931), “Atlas geográfico de Navarra” (Pamplona, 1931) o “Biografía de Pamplona” (Pamplona, 1952).

La familia de Leoncio Urabayen ha ido donando desde 2008 a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) su archivo profesional para su custodia, conservación y difusión.

Los documentos y obras originales de Leoncio Urabayen se conservan hoy día en la Biblioteca de la UPNA por decisión de su hijo Miguel Urabayen Cascante, profesor universitario, periodista y crítico cinematográfico recientemente fallecido. “Al no existir ya la Escuela Normal donde él fue profesor, lo mejor era donar todo el material a la institución que, por decirlo así, ha heredado aquella Escuela, ahora transformada en Facultad de la Universidad Pública de Navarra. Creo que mi padre hubiera estado satisfecho de ver su obra conservada allí”, escribía Miguel Urabayen en el prólogo del libro “Leoncio Urabayen y el Pirineo Navarro”, una obra impulsada y dirigida por el investigador Jose Etxegoien Juanarena y editada en 2010 por la Asociación Irati Bortuak y el Ayuntamiento de Orotz Betelu con la colaboración de la UPNA (entre otras entidades).

El legado consta de un importante archivo fotográfico, compuesto por fotografías, negativos, placas de cristal, postales y dibujos de Pamplona, pueblos de la geografía navarra, arquitectura y casas populares, además de otros lugares de España. Contiene obras originales mecanografiadas, documentos, planos, recortes de prensa, monografías publicadas, separatas, trabajos publicados en revistas, trabajos previos, conferencias, folletos y lecciones. Se conservan bastantes trabajos originales de la obra del autor, de los que de algunos de ellos no hay constancia de su publicación y otros presentan variaciones sobre lo editado definitivamente. También resultan de especial interés sus materiales de trabajo, apuntes, ficheros y varios volúmenes facticios en los que recopila su obra. El legado incluye, además, ejemplares de las diferentes ediciones de sus obras y estudios sobre el autor.

La Biblioteca  ha elaborado un inventario de todo el material recibido y se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico de la obra del autor y de estudios que versan sobre él. Así mismo se ha comenzado la digitalización del fondo empezando por el archivo fotográfico. En 2017, con motivo de la celebración del treinta aniversario de la Universidad, se presentó la exposición fotográfica “Casas populares de Navarra”, en la que se presentaron treinta fotografías de la obra “Casas populares de Navarra. Imágenes y comentarios”, publicada en 1950. Esta exposición fue expuesta posteriormente en el edifico El Sario y en el campus de Tudela.

 

Esta entrada ha sido realizada por Concha Guijarro Domínguez, jefa de la Sección de Servicios de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra

 

¿Se puede predecir la ocupación de camas de una Unidad de Cuidados Intensivos?

Una UCI o Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital se caracteriza por atender los enfermos que presentan una mayor gravedad o mayor necesidad de soporte para los diferentes sistemas orgánicos afectados. Al contrario de lo que se podría pensar, los pacientes que ingresan en ellas no lo hacen “para morir”, puesto que uno de los condicionantes de su ingreso es que exista una razonable expectativa de recuperación con buena calidad de vida. A pesar de ello, la mortalidad en estas unidades es elevada. Un estudio centrado en el Complejo Hospitalario de Navarra, fruto de mi tesis doctoral leída en 2015 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la situó en el 19,8%.

Debido a las necesidades tecnológicas y de personal sanitario, las UCI son caras. En Navarra, se estima que el precio diario de una cama de UCI es de unos 1.455 euros, frente a los 647 euros de la estancia diaria en una planta convencional. Por otra parte, las opciones de recuperación se reducen para aquellos pacientes que precisan ingresar en una UCI, pero no lo pueden hacer al no disponerse de una cama libre para ellos.

Así, la elección del número de camas de una UCI es un problema con dos vertientes: por un lado, un número de camas elevado supone un gasto excesivo, mientras que, por otro, un número escaso podría significar un problema de atención sanitaria.

Con el fin de buscar la solución más equitativa a este problema, un modelo matemático de simulación, desarrollado en mi tesis doctoral, ha servido para predecir la ocupación de las camas de la UCI-A del Complejo Hospitalario de Navarra (antiguo Hospital de Navarra), basado en los datos de ingreso y duración de la estancia de los pacientes atendidos durante nueve años, que en total ascendieron a 6.300.

A diferencia de los métodos clásicos utilizados previamente para esta finalidad, este método es capaz de contemplar la variabilidad tanto en los ingresos como en la duración de las estancias, por lo que su capacidad predictiva es superior. En la construcción de este modelo, se han resuelto problemas que aún quedaban pendientes en otros de este tipo, como el ajuste de las estancias prolongadas y, sobre todo, la incorporación de las decisiones médicas dirigidas a modificar la duración de la estancia de algunos pacientes.

Estas decisiones se manifiestan en la reducción de la estancia en la UCI de algunos enfermos cuando han alcanzado un nivel mínimo de recuperación que les permite continuar su proceso en una planta de hospitalización convencional, debido a que es necesaria su cama para otro paciente de mayor gravedad; en circunstancias de menor ocupación, el alta de estos paciente sería demorada algún tiempo.

En este sentido, el médico actúa a la vez como médico y como gestor de un recurso común que, en ocasiones, es escaso. La inclusión de este comportamiento en un modelo matemático de simulación ha sido un hecho inédito que ha permitido representar de forma correcta la ocupación de las camas de la UCI-A del Complejo Hospitalario de Navarra.

Este modelo matemático construido permite predecir cuáles van a ser las necesidades de camas o cuántos pacientes no van a poder ser ingresado por falta de cama ante múltiples supuestos. De esta forma, podemos conocer con precisión la necesidad de camas en el futuro si continua el incremento de ingresos de pacientes ancianos que se está observando en los últimos años; o las necesidades en situaciones agudas, como podría producirse tras una pandemia como lo fue la gripe A/H1N1; o las repercusiones, en la ocupación, de cambios de funcionamiento: por ejemplo, modificaciones en la programación quirúrgica de los pacientes que requieren pasar el periodo postoperatorio inicial en la UCI; creación de Unidades de Cuidados Intermedios, para aliviar la ocupación de las UCI, etc. Todos estos análisis ayudan en la búsqueda de la gestión más eficaz de las camas de UCI.

Para esta investigación, he contado con la participación de un equipo multidisciplinar formado por especialistas en Medicina Intensiva (compañeros de la UCI del antiguo Hospital de Navarra) y por expertos en Investigación Operativa, como los dos directores de mi tesis doctoral: Cristina Azcárate Camio y Fermín Mallor Giménez, profesores del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra.

 

Esta entrada ha sido realizada por Julio Barado Hualde, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Intensiva en el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Navarra y doctor por la UPNA, con un tesis sobre modelos de simulación de la ocupación de las camas de una Unidad de Cuidados Intensivos

El ingreso de personas mayores en centros residenciales

El ingreso de una persona mayor en un centro residencial supone un cambio trascendental, tanto para la propia persona como para sus familiares o cuidadores, cuyas consecuencias se despliegan en muchos ámbitos (personal, económico, sanitario, etc.), y también en el jurídico.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia consagró la libertad de ingreso y permanencia en un centro residencial para todas aquellas personas que tengan reconocido un grado de dependencia, y, tras ella, numerosas leyes autonómicas de servicios sociales fueron reconociendo expresamente el derecho de todos los futuros usuarios, dependientes o no, a decidir libremente sobre su ingreso en un centro residencial, pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento; entre ellas, la Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales de Navarra (artículo 8.1.a).

No existe, pues, una norma aplicable en todo el territorio nacional que reconozca la libertad de ingreso y permanencia en centros residenciales. El problema aparece, no obstante, cuando la persona mayor cuyo internamiento se plantea carece de la capacidad necesaria para adoptar la decisión por sí misma, frecuentemente, por el padecimiento de una enfermedad crónica y degenerativa, de tipo Alzheimer o demencia senil. En tales casos, si la persona ha sido sometida a un procedimiento de modificación de su capacidad (anteriormente conocido como “incapacitación”), el tutor necesita autorización judicial para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental (art. 271.1º CC). Si no se ha procedido a modificar la capacidad de la persona mayor pero esta no conserva sus facultades mentales, el único procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el internamiento involuntario en centros psiquiátricos. La mayoría de autores y de Audiencias Provinciales (aunque no todas) habían asimilado los centros residenciales con los centros psiquiátricos a los que se refieren dichas normas, considerando, en definitiva, que, aunque tengan distinta finalidad en ambos casos, se trata de instituciones de régimen cerrado que la persona no puede abandonar por su propia iniciativa, sea por razón de su trastorno mental, o por razón de enfermedades asociadas a la edad.

Sin embargo, se constata que se han producido, y se siguen produciendo, internamientos de personas mayores que no conservan su capacidad de decisión y que han sido acordados directamente por sus familiares o cuidadores, admitiéndose por los centros, incluso públicos, sin ningún tipo de autorización o control judicial posterior. El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta situación, que considera frecuente y preocupante, estableciendo en sus sentencias de 29 de febrero de 2016 y 8 de julio de 2016 que el ingreso en un centro residencial para persona mayores, en cuanto constituyen centros de régimen cerrado, supone una privación del derecho fundamental a la libertad individual, reconocido en el artículo 17 de la Constitución. En consecuencia, el internamiento solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del afectado, o, si este no conserva la capacidad mental necesaria para consentir, con autorización judicial. Las sentencias citadas han remarcado, además, que dicha autorización judicial debe recaer con carácter previo a que se produzca el ingreso, mientras la persona mayor permanece todavía en situación de libertad.

Estos claros pronunciamientos deben encontrar reflejo en la forma de actuar de los centros residenciales, tanto públicos como privados, a la hora de admitir el ingreso de nuevos residentes cuya capacidad esté mermada por el padecimiento de enfermedades que afecten a su capacidad cognitiva y volitiva. Pero, al mismo tiempo, tampoco puede conducir a actitudes autodefensivas por parte de aquellos, exigiendo autorización judicial para el internamiento de cualquier persona mayor a la que le haya sido diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Existe un amplio grupo de personas, enfermos crónicos, que pueden considerarse personas con discapacidad, cuya capacidad puede encontrarse mermada, pero no anulada por completo, y respecto a las cuales se ha de promover que puedan tomar la decisión del ingreso por sí mismas, facilitándoles los apoyos que sean necesarios. La correcta valoración de la capacidad, exenta de prejuicios por razón de la discapacidad, destaca como una labor clave en el momento previo al internamiento.

Por otro lado, respecto a los ingresos ya producidos sin haber sido autorizados por un juez, se ha negado tajantemente por el Tribunal Constitucional que pueda solicitarse la autorización judicial con posterioridad a que se haya producido el ingreso, pues no se trata de subsanar una mera irregularidad administrativa, sino de una verdadera situación de vulneración de un derecho fundamental, cuya regularización no es posible. Los internamientos de personas mayores que no han sido autorizados judicialmente, por tanto, son ilícitos y dicha ilicitud puede tener consecuencias en distintos órdenes, como el sancionador, y, señaladamente, en el de la responsabilidad civil o patrimonial de las residencias privadas o públicas, respectivamente, por haber vulnerado el derecho fundamental del residente a su libertad individual (artículo 17 de la Constitución Española).

 

Esta entrada ha sido elaborada por Leyre Elizari Urtasun, profesora del Departamento de Derecho de la UPNA. Forma parte de la divulgación del proyecto de investigación “Discapacidad, enfermedad crónica y accesibilidad de los derechos”, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

 

La aplicación de la realidad aumentada en el contexto sanitario

La realidad aumentada consiste en combinar imágenes del mundo real con imágenes virtuales, en dispositivo móvil (teléfono móvil, tableta…). A diferencia de la realidad virtual, no sustituye al mundo físico por completo, sino que lo complementa, añadiendo información adicional.

Las nuevas tecnologías de este tipo tienen su aplicación en el ámbito sanitario, razón por la que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) se ha involucrado en la aplicación de esta tecnología para encontrar soluciones, a través de dos proyectos que se describen a continuación.

El primer proyecto, realizado en colaboración con el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y la empresa navarra Industrial Augmented Reality (iAR), ha permitido desarrollar un prototipo que permite utilizar, a través de dispositivos móviles como teléfonos o tabletas, la realidad aumentada en productos sanitarios.

La normativa española obliga al fabricante de productos sanitarios a que estos vayan acompañados de la información necesaria para su empleo con plena seguridad y de forma adecuada, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de las personas usuarias potenciales. Sin embargo, hay un límite en la capacidad física del embalaje para contener todos estos datos, lo que hasta ahora se solventaba con alternativas como incluir la información únicamente en el embalaje de varias unidades. Este proyecto propone recurrir a una aplicación de realidad aumentada para que el usuario tenga acceso a toda la información de cada producto sanitario, a través de un dispositivo móvil y en tiempo real.

La aplicación diseñada comienza a funcionar en el momento en que se enfoca el embalaje del producto con la cámara del dispositivo móvil y lo reconoce. Entonces, la persona usuaria accede a una pantalla de inicio o “home”, a través de la cual visualiza la imagen real del producto y puede clicar en cuatro accesos directos: una guía rápida de uso del producto, una descripción completa con distintas secciones, un vídeo que muestra cómo se utiliza el producto y una descripción del significado de la iconografía del embalaje. Desde la ficha técnica del producto e instrucciones de uso, hasta una visualización en tres dimensiones del contenido del embalaje individual, pasando por un vídeo explicativo de su utilización, todo puede estar al alcance del profesional, en tiempo real, a través de una aplicación instalada en un dispositivo móvil.

De esta forma, la realidad aumentada puede paliar los límites que posee el producto sanitario, pues se trasmite a quien lo utiliza toda la información relativa a la composición y uso, lo que aumenta la seguridad de los pacientes hospitalizados. Todo ello no solo puede facilitar el uso de nuevos productos que aparecen en el mercado o que ya existían, pero se añaden por primera vez al catálogo de los existentes en un hospital, sino que también ayuda a profesionales de reciente incorporación o a estudiantes en prácticas.

El segundo proyecto, sobre el que se está trabajando junto a la empresa antes citada Industrial Augmented Reality (iAR) y dos centros universitarios europeos (la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra, en Portugal, y la Erasmus Hogeschool de Bruselas, en Bélgica), busca desarrollar un software de realidad aumentada para que el alumnado del ámbito sanitario adquiera competencias técnicas en procedimientos clínicos invasivos, mediante la visualización de las estructuras anatómicas internas.

Normalmente, los estudiantes trabajan sobre modelos anatómicos, que reproducen una parte del organismo. Aprenden así procedimientos invasivos, es decir, técnicas que requieren la “invasión” del cuerpo mediante agujas, sondas y otros dispositivos. Por ello, se ven obligados a hacer el esfuerzo de imaginar las estructuras anatómicas internas, que en este tipo de procedimientos juegan un papel esencial.

La realidad aumentada, por su característica de combinar la realidad con imágenes virtuales, es idónea para solventar la dificultad encontrada en el aprendizaje de estos procedimientos invasivos con los modelos anatómicos: la falta de visualización de las estructuras internas. La posibilidad de visualizar esas estructuras internas permitirá mejorar la comprensión de las técnicas y puede ser un importante valor añadido para el aprendizaje.

 

Esta entrada ha sido elaborada por las investigadoras del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA Leticia San Martín Rodríguez, Nely Soto Ruiz y Paula Escalada Hernández

La prevención de accidentes laborales empieza en la infancia

En el entorno escolar, ocurren el 15% de los accidentes en la infancia, y en una edad en la que se pueden sentar las bases de una cultura preventiva futura. En los centros escolares, transcurre gran parte del tiempo de los menores y, además, realizan actividades, como determinados juegos y deportes, que implican riesgos añadidos a los habituales.

De hecho, un estudio realizado por la Universidad Pública de Navarra con 584 escolares navarros de 8 y 9 años de edad revelaba la percepción, tanto de niñas como de niños, de que son los varones los que padecen más siniestralidad escolar. Así lo creían el 76% de estos estudiantes para quienes las relaciones de convivencia son una esfera que puede desembocar en enfrentamiento con resultado de lesiones. Además, atribuyen a los chicos características personales (“son más brutos, atolondrados o movidos”, según dicen) y conductas de riesgo (pelearse, correr, subirse a las porterías…) para su mayor accidentalidad.

No hay que olvidar que la edad de 8 y 9 años es el momento propicio para adquirir habilidades, actitudes y comportamientos mediante el aprendizaje, a lo que se añade que los estudios epidemiológicos evidencian un aumento de la siniestralidad en esos años.

Ante un accidente, el razonamiento infantil difiere del adulto en cuanto a la interpretación de las causas. Durante la infancia, la conceptualización del accidente no sigue el esquema unívoco de causa-efecto, de tal manera que las respuestas de niñas y niños pueden identificar el resultado del accidente, por ejemplo, una caída, como la causa.

Sin embargo, pese a no tener tan arraigadas las ideas previas, la población infantil sabe identificar los accidentes como problema de salud y se cuestionan los múltiples elementos implicados; en este sentido, relaciona el origen y el tipo de los accidentes con mecanismos de prevención y de ayuda.

Entre estas medidas de prevención destacadas por los estudiantes, sobresalen la regulación de la conducta por una persona adulta, junto a otras como emplear medidas de ayuda generales (vigilancia y apoyo entre pares), arbitrar mecanismos de prevención (vigilancia ante el riesgo) o el desarrollo de valores (respeto, tolerancia y altruismo).

La conciencia de una mayor percepción de riesgo por parte de los niños no conlleva que eviten los peligros o adopten conductas preventivas, lo que abre un potencial de intervención educativa para concienciar, reflexionar y anticipar conductas en este grupo.

Por ello, hay que considerar a la infancia como activo de salud y fuente proactiva generadora de claves para la construcción de entornos escolares más seguros, por lo que las aportaciones de los escolares son un primer paso para desarrollar actitudes proactivas e instaurar programas preventivos. No hay que olvidar que la educación en prevención en los centros educativos sienta las bases de una cultura preventiva en el ámbito laboral futuro.

El desarrollo de competencias de prevención y promoción de la salud es uno de los principales desafíos de la educación actual. Por ello, no solo se trata de potenciar los planes de promoción y educación para la salud, que forman parte del currículo oficial como área transversal, sino elevar la educación para la salud a asignatura en el currículo oficial, y también incluir en todos los centros la figura de la enfermería escolar. En este sentido, el Gobierno de Navarra, dentro de su II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia, ha puesto en marcha un programa piloto de Enfermería Escolar para coordinar las acciones de promoción de salud escolar que se llevan a cabo en los centros educativos de la comunidad. Esta apuesta, cuya ampliación está prevista en los próximos años, permite interconectar las estrategias de Educación para la Salud en la escuela y se incorporan nuevos temas como las nuevas adicciones, promoción de la salud mental, ciberacoso, bienestar emocional, etc.

 

Este post ha sido realizado por las profesoras de la UPNA Inés Gabari Gambarte (Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación) y Raquel Sáenz Mendía (Departamento de Ciencias de la Salud)

 

Movimiento «Maker»: el cambio

La electrónica es un área de conocimiento capaz de generar apasionamiento. Más allá de los proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad, también se intenta dar cabida a esas pasiones acogiendo asociaciones y movimientos como los que nos presentan hoy en el blog

¿Te has dado cuenta del cambio?
Muchas personas no son conscientes, pero las más experimentadas sabrán de qué hablamos. ¿Revolución tecnológica? ¿Automatización? ¿Ciencia ficción?

En un periodo de nuevos procesos, cambio continuo y mejoramiento de la tecnología, las sociedades contemporáneas más avanzadas están evolucionando de una forma tan abrupta que, en algunos casos, hemos llegado a lograr inventos o artefactos propios de las películas de ciencia ficción. Podríamos abrir un extenso debate sobre cómo la tecnología sigue avanzando tan rápidamente en tan poco tiempo, pero hoy nos centraremos en una pequeña parte: la importancia de la tecnología electrónica.

Decíamos que las generaciones más jóvenes no habrán notado el cambio tan repentino que ha sufrido la ciencia y la tecnología las últimas décadas. Sin embargo, todo el mundo puede recordar los primeros televisores u ordenadores con forma de cubo, teléfonos móviles con teclado o una casa donde lo más parecido a la domótica era la desconexión de la red eléctrica cuando saltaban los plomos. ¿Te has dado cuenta del cambio verdad?

No queremos pasar por alto el hecho de que vivimos rodeados de electrónica. Sin quererlo ni beberlo, constantemente mantenemos contacto con lo tecnológico: coches inteligentes, electrodomésticos programables, robots autosuficientes, tarjetas de crédito, móviles, tabletas… Si bien hace medio siglo estos avances formaban parte de visionarios, hoy en día tenemos la enorme ventaja de utilizarlos.

A raíz de esta evolución, ha surgido lo que se conoce como movimiento “Maker”. Se trata de una comunidad de creadores que, mediante su ingenio y habilidad, consiguen hacer prototipos, invenciones o servicios que ayuden a la sociedad utilizando en gran medida la tecnología. Es aquí donde la electrónica toma notoriedad. El desarrollo de ideas de los “makers” está respaldado fuertemente por la electrónica, como, por ejemplo, en proyectos de domótica, impresoras 3D, realidad virtual o automatización de procesos. Todos los años se celebran grandes eventos para exponer o visitar creaciones de este movimiento en las grandes ciudades de todo el mundo: Roma, Bilbao, Barcelona, Berlín, Nueva York, Oaxaca…

Muchos y muchas nos estamos contagiando de esta fiebre de creación e investigación espontánea. Claro ejemplo somos la asociación i²tec de la Universidad Pública de Navarra, donde, gracias a la ayuda de estudiantes, profesores y personas voluntarias, estamos creciendo y fomentando proyectos tecnológicos ligados a la electrónica. Ya hemos ofrecido cursillos de Arduino, diseño de placas electrónicas, talleres de impresión 3D, charlas sobre drones, eventos y todo tipo de conferencias en pos de un futuro creativo y una sociedad innovadora.


Crea tu manera de expandir y desarrollar tus ideas en un ambiente “Maker”.  Como ya mencionábamos al comienzo de este artículo, los avances tecnológicos han favorecido la evolución industrial de las últimas décadas. En el futuro, seguiremos viendo nuevas invenciones y eventos relacionados con la electrónica, pues es una tecnología que está en crecimiento constante y presente en casi todos los ámbitos cotidianos. Si todavía no formas parte del movimiento “Maker”, no esperes más. ¡Participa y colabora!

Desde i2tec creemos que debemos crear una sociedad crítica y con iniciativa propia, independiente y con suficientes recursos como para plasmar sus pensamientos en creaciones y proyectos reales. ¡Por el futuro Maker!

 

Esta entrada ha sido realizada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería para el Impulso de la Tecnología Electrónica-i2tec

 

Videojuegos para enseñar Historia

A lo largo del tiempo que llevo trabajando con videojuegos en las aulas, he podido ir topando con opiniones diversas acerca de mi trabajo. He detectado en primera persona que el uso educativo de los videojuegos sigue siendo un tema controvertido. Compañeros de profesión han llegado a sentirse casi ofendidos por la sola idea de “jugar a maquinitas”, al entender que la enseñanza con videojuegos elimina el esfuerzo del alumno de la “ecuación” educativa, o que incluso con ello se pretende algún tipo de “revolución” que niega los efectos de las enseñanzas tradicionales. Por todo ello, conviene aclarar que la utilización de un videojuego en un aula debe tener un sentido, y que debe estar orientada a conseguir objetivos que otras metodologías no aportan. No se pretende desterrar las demás metodologías, sino señalar que determinados videojuegos, en determinadas circunstancias y con una acción didáctica complementaria, permiten aprendizajes concretos de un alto nivel de cognición que serían muy difíciles de conseguir con otras metodologías. Es decir, se ha demostrado que los videojuegos pueden aportar aspectos complementarios interesantes en la enseñanza y, también en concreto en la enseñanza de la Historia.

De hecho, el uso de videojuegos ambientados en diferentes etapas del pasado permite al alumnado de Educación Primaria y Secundaria entender conceptos complejos de la Historia, como aquellos relacionados con el tiempo (cambios, duraciones o sucesiones), y también realidades de las sociedades históricas asociadas a lo cotidiano (economía, desigualdad social o cultura). Así se constata en una investigación desarrollada en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) basada en varios talleres didácticos con estudiantes de entre 12 y 14 años de seis centros educativos de la Comunidad Foral: Cardenal Ilundáin y San Juan de la Cadena (ambos de Pamplona), Francisco Javier Sáenz de Oiza (Cáseda), Doña Álvara Álvarez (Falces), Santa María la Real-Maristas (Sarriguren) y el IESO de Berriozar.

La investigación siguió una doble línea de trabajo. Por un lado, se analizaron las representaciones sociales del Medievo, perceptibles en los propios videojuegos, en las producciones electrónicas de los “gamers” o jugadores (por ejemplo, foros, chats o diversos portales) y en la publicidad de estos juegos. Por otro lado, se buscó conocer el impacto de los videojuegos en las aulas, por medio de talleres realizados en centros de Educación Primaria y Secundaria. Los resultados del proyecto se pueden encontrar en la web www.historiayvideojuegos.com.

En estos talleres, no sólo se analizaron las respuestas de los alumnos a sencillas encuestas, sino que, además, se intentaron realizar pequeñas propuestas didácticas con la finalidad de enseñar Historia utilizando, junto a otros recursos más clásicos, videojuegos comerciales ambientados en épocas del pasado, en este caso, medieval. Es lo que se denomina Aprendizaje basado en juegos.

Por lo tanto, la utilización de los videojuegos puede ser una herramienta didáctica más, integrada dentro de las programaciones docentes ordinarias, para reforzar la comprensión de fenómenos históricos complejos no ligados a la Historia factual. Podemos afirmar que las estrategias lúdicas (gamificación, aprendizaje basado en juegos, juegos serios…) permiten lograr aprendizajes efectivos, interesantes, motivadores, diferentes y complementarios y, por tanto, deberían poder integrarse en todas las etapas educativas, si bien, hoy en día, suelen restringirse a Educación Infantil y Primaria.

 

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Esta entrada ha sido elaborada por Íñigo Mugueta Moreno, profesor del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación e investigador de la UPNA