25 años del 11‑S: cómo ha cambiado nuestra percepción del terrorismo

Responde: Sergio García Magariño, investigador del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Una rosa blanca colocada en el monumento del 11 de septiembre en Nueva York, simbolizando recuerdo y duelo. Lars Mulder en Pexels 
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(…) el terrorismo ha dejado de preocupar a los españoles. Actualmente, menos del 2 % considera lo considera una de los problemas importantes del país.

Una máxima de las ciencias sociales es que las percepciones que tienen las personas sobre la realidad, con independencia de lo ancladas que aquellas estén en los hechos, tienen consecuencias reales y alteran dicha realidad. Por ello, 25 años después de los dramáticos atentados de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas, examinaremos en este artículo la evolución, por un lado, de la percepción social sobre el terrorismo en España, y por el otro, de la naturaleza de esa amenaza.

El miedo al yihadismo

La percepción de los ciudadanos acerca del terrorismo ha cambiado en los últimos 25 años en base a cuatro ejes: el tipo de terrorismo que preocupa; el grado de preocupación que supone; la conexión que tiene con la polarización, y la fuente de la que proviene.

El tipo de terrorismo que hoy inquieta es el yihadista, en primer lugar, y el de extrema derecha, en segundo lugar, aunque mucho más lejanamente. Este rasgo no es exclusivo de España, sino que es compartido en los países occidentales.

Sin embargo, en España existe una particularidad muy importante: el terrorismo que seguía preocupando principalmente tras los atentados del 11-S era el de ETA. Tras su disolución, esta inquietud se ha ido disipando y la preocupación por la amenaza yihadista ha escalado hasta la primera posición.

Además, los estudios que se han realizado sobre el nivel de conocimiento del terrorismo de ETA de las nuevas generaciones indican que este es prácticamente inexistente.

El grado de preocupación también ha cambiado. Las encuestas del CIS ofrecen una perspectiva clara del patrón. Hasta 2005, el terrorismo era una de las principales inquietudes de los españoles, alcanzando cerca del 80 %. ETA era la principal preocupación. Pero, tras los atentados yihadistas en Madrid el 11-M de 2004, que dejaron 192 muertos y 1 856 heridos, el yihadismo también se veía como una amenaza.

A partir de entonces, y con la sola excepción de un pico de preocupación excepcional tras los atentados yihadistas de Cambrils (Tarragona) y de Barcelona en 2017, que dejaron 16 muertos y más de 120 heridos, el terrorismo ha dejado de preocupar a los españoles. Actualmente, menos del 2 % considera lo considera una de los problemas importantes del país.

El peligro de la extrema derecha

En Europa, en general, y en España, en particular, la polarización y el terrorismo se consideraban dos fenómenos inconexos, a pesar de que en Estados Unidos se percibieran como emparentados. Esta perspectiva también ha cambiado. En los últimos años, en Europa y en España se ha comenzado a pensar que puede haber un eslabón que los une, especialmente en lo relativo al terrorismo de extrema derecha y a la polarización ideológica y de los afectos. A mayor distancia emocional entre grupos ideológicos, menos sensibilidad de unos hacia otros, más deshumanización y más posibilidad de captar personas resentidas que puedan emprender acciones violentas con fines políticos.

La percepción sobre la fuente de la que proviene el terrorismo y de los colectivos más susceptibles de ser captados y convertidos en terroristas ha variado. Al inicio del siglo XXI, los vascos y, más en particular, los nacionalistas vascos, eran percibidos como la fuente medular del terrorismo en España. ETA se nutría de ellos y la amenaza, por tanto, era interna.

Hoy, los migrantes del norte de África, los menores no acompañados y los musulmanes son los colectivos más estigmatizados, percibidos, además, como vulnerables ante los agentes de radicalización violenta.

La fuente, por tanto, es exterior. Los grupos más movilizados en ambos polos del espectro ideológico, aunque poco representativos, también perciben a las personas de ultraderecha (si se encuentran en el extremo izquierdo) o a las vinculadas al socialismo más militante (si encuentran en el polo derecho) como potenciales terroristas; o, al menos, como filoterroristas.

La pregunta lógica que se desprende de este análisis es la siguiente: ¿hasta qué punto se corresponden estas percepciones con la realidad?

Naturaleza de la amenaza

España y la Unión Europea, desde el 2015, tienen un sistema que evalúa el potencial de atentados terroristas basado en una escala de cinco niveles, siendo el primer nivel “riesgo bajo” y el quinto “riesgo muy alto”. Desde su creación, España se ha mantenido en el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) 4: “riesgo alto”. Además, en momentos puntuales, como tras los atentados de 2017, la alerta ascendió a “Nivel 4 reforzado”.

Es importante tener en cuenta que el quinto nivel implica la presencia del ejército en las calles. Antes de 2015, la escala que usaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era diferente, pero siempre se mantuvo en niveles bastante altos.

Los expertos creen que la amenaza terrorista está más cerca de España que nunca, aunque la población y los representantes políticos la subestimen. Esta apreciación se fundamenta en el hecho de que la presencia de grupos yihadistas en el norte de África ha crecido considerablemente.

Aquí radica una de las claves de por qué España y Europa se han mostrado tibios en la respuesta ante actitudes y comportamientos de Marruecos que pueden interpretarse como desleales: es un aliado esencial en la lucha antiterrorista y la contención geográfica de terroristas.

El tipo de amenaza real también ha cambiado. Durante la primera década del siglo XXI, ETA era la principal amenaza, aunque el terrorismo yihadista de corte internacional ya había ocupado un espacio propio. Actualmente, el terrorismo yihadista, tal como se ha indicado, constituye la principal amenaza.

Los servicios de inteligencia de España y Europa también alertan acerca del riesgo de atentados terroristas de extrema derecha, ya que existen ciertos grupos operando en Europa. El peligro, no obstante, es notablemente menor. Por último, dichos análisis también mencionan la operación de ciertos grupos ecologistas extremos que pueden haber estado planeando acciones reivindicativas violentas.

En cuanto a la procedencia del riesgo, los estudios indican que en España ha pasado de ser eminentemente interna (nacional), en tiempos de ETA, a ser externa, en lo que concierne al terrorismo yihadista. Sin embargo, este último está comenzando a ser un fenómeno endógeno, ya que el lugar y procedencia de quienes se radicalizan actualmente es mayoritariamente es España.

Menos terrorismo, pero más letal

Finalmente, cabe mencionar una paradoja en lo que respecta al terrorismo global: mientras que los índices reconocidos muestran una caída drástica del terrorismo en el mundo, en Occidente se ha producido un gran incremento en su grado de letalidad. Además, el Sahel, no tan lejos de Europa ni de España, se ha consolidado como el epicentro del terrorismo global.

Lo expuesto muestra que, aunque la percepción ciudadana de la amenaza que constituye el terrorismo ha cambiado y se ha reducido hasta casi desaparecer, esta percepción no se corresponde con la realidad. Los hechos son tozudos: el terrorismo en el mundo ha caído, pero en Europa es más letal que antes y el epicentro del terrorismo global, localizado en el norte de África, se sitúa cada vez más cerca del sur de España y, por lo tanto, de la Unión Europea.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

¿Son todas las confesiones iguales ante el fisco en España?

Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático del Derecho Constitucional e investigador del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Imagen de NoName_13 en Pixabay

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En un Estado laico, la financiación de las confesiones religiosas debería provenir de las rentas del trabajo y del capital de las propias iglesias, así como de las donaciones (deducibles) de sus fieles.

La financiación directa del Estado español a la Iglesia católica es un viejo asunto que data de la Constitución de 1837. Ya en su artículo 11 comprometía a España a “mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”.

Siglo XIX: desamortización y Concordato

Dicha normativa fue, en parte, consecuencia de la política desamortizadora impulsada por Juan Álvarez Mendizábal en un decreto de febrero de 1836 por el que se pusieron “en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase, que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas (…)”. En 1835, se había ordenado la supresión de los monasterios con menos de doce miembros y se confiscaron sus propiedades, que luego pasaron a ser los bienes puestos en venta en 1837.

En vísperas del Concordato de 1851, firmado entre la reina Isabel II y Pío IX, con el fin de restablecer las relaciones oficiales entre España y la Iglesia católica tras las desamortizaciones. En esa época, la dotación de culto y clero consumía más del 10 % de los Presupuestos Generales del Estado. Si ese dinero se hubiera gastado en educación o en ferrocarriles más eficientes, probablemente España no habría liderado las tasas de analfabetismo de Europa Occidental a principios del siglo XX, ni heredado una red radial de ferrocarriles decimonónica.

Un acuerdo no cumplido

A pesar de diversos e infructuosos esfuerzos, como lo fue el artículo 26 de la Constitución de 1931, que preveía el fin de la dotación a la Iglesia católica en un plazo de dos años, el problema ha llegado hasta nuestros días.

La Iglesia católica es la única confesión que goza actualmente de asignación tributaria en el IRPF, por la que percibió casi 430 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024. Todo ello, pese a que el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 reza que ninguna confesión tendrá carácter estatal, o que el Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979 recogiera el propósito de que la Iglesia católica alcance por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

Medio siglo después, ¿sería posible que la Iglesia católica se autofinanciase con la aportación de sus fieles? Sí, si cada católico practicante –se calcula que son unos ocho millones– depositase cada domingo un euro en el cepillo de su iglesia (tomando en cuenta lo recaudado en el ejercicio 2024). Una cantidad razonable, máxime si se considera que sería deducible en un 80 % en el IRPF.

Más allá de la Iglesia católica

En lo que respecta a otras confesiones, los cristianos evangélicos, los musulmanes y los judíos, que firmaron los Acuerdos de 1992, tienen acceso desde 2005 a unas ayudas públicas directas otorgadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia de origen estatal. En comparación a la asignación tributaria que percibe la Iglesia católica, estas religiones apenas reciben, en su conjunto, cerca de un millón de euros, pero, igualmente, esos aportes son poco compatibles con el principio de laicidad del Estado.

A ello hay que sumar las exenciones en el IBI de las viviendas de los ministros de culto de las cuatro confesiones con acuerdos (católica, evangélica, judía y musulmana), así como de sus huertos y jardines, pese a su relativa conexión con el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de conciencia.

Por otra parte, las confesiones sin acuerdos con el Estado español (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comunidades budistas, testigos cristianos de Jehová, iglesias ortodoxas, bahaísmo, cienciología, comunidades hindúes, taoísmo, etc.) no tienen acceso ni a la deducibilidad de las donaciones ni a las exenciones en el IBI (ni siquiera por los lugares de culto).

De este modo, un Salón del Reino de los testigos de Jehová, un templo hindú o una catedral de la iglesia ortodoxa rumana, deben pagar puntualmente este tributo. Esto equivale a poner palos en las ruedas en el ejercicio de la libertad de culto, un derecho fundamental a personas iguales ante la ley y que son, en su inmensa mayoría, ciudadanos de la Unión Europea.

¿Mismo regimen fiscal para todas las creencias?

La Iglesia católica ha renunciado a algunos de sus derechos para adaptarse al régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro que el resto de religiones que tienen acuerdos con el Estado. Por ejemplo, en 2023, renunció a las exenciones en las contribuciones especiales y en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Esta renuncia, que incluye las obras en los lugares de culto, se hizo mediante un canje de notas entre el Gobierno de España y la Santa Sede.

Sin embargo, al igual que las confesiones que suscribieron los Acuerdos de 1992, sigue disfrutando de la exención del IBI y goza en exclusiva de asignación tributaria en el IRPF.

¿Pueden las religiones ser iguales ante la Ley?

En un Estado laico, la financiación de las confesiones religiosas debería provenir de las rentas del trabajo y del capital de las propias iglesias, así como de las donaciones (deducibles) de sus fieles. Así, se cumpliría finalmente con el artículo 16.3 de la Constitución, y, paradójicamente, también a la vez, con la máxima evangélica de dar a cada uno lo suyo: “Caesaris Caesari, Dei Deo” (“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”).

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.