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Los batallones de trabajos forzados organizados por los sublevados en la Guerra Civil y la posguerra se convirtieron en el mayor sistema de trabajos en cautividad de la España contemporánea. Nacieron como un modo de derivar parte del ingente número de prisioneros que desbordaban los depósitos y campos de concentración, y llegaron a incorporar a decenas de miles de personas (en 1939, estuvieron cerca de alcanzar los 100.000). Entre ellos, no solo hubo prisioneros de la Guerra Civil, sino que, una vez terminada la contienda, también se explotó de esta forma a jóvenes que debían realizar el servicio militar y fueron clasificados como “desafectos” al nuevo régimen y a parte de los sancionados por la Fiscalía de Tasas, que perseguía el estraperlo.

El origen del trabajo forzado en el sistema de campos de concentración se sitúa en 1937 con la creación de su principal institución impulsora: la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y fue progresivamente desapareciendo durante la primera mitad de la década de los 40.

Los trabajos forzados iban orientados, en unos casos, a las necesidades logísticas estrictamente bélicas (fortificaciones, apertura de trincheras, recuperación de material, intendencia…); en otros casos, cumplían necesidades militares (carreteras, puentes…) y, una vez acabada la guerra, quedaron para uso civil o directamente fueron “trabajos civiles” (labores agrícolas, repoblaciones, pantanos…).

El Estado fue el gran beneficiado de este sistema de trabajo, dado que el Ejército fue uno de los grandes empleadores, seguido de las autoridades civiles y, en menor medida, las empresas, eclesiásticos y particulares. Al tratarse de un recurso limitado, no se prestaba de forma ligera, ni mucho menos gratuita, y correspondía a Francisco Franco, desde el Cuartel General del Generalísimo, la decisión última sobre dónde serían empleados los cautivos y bajo qué condiciones. Las autoridades civiles, particulares, empresas y eclesiásticos debían pagar al Estado por el uso de los cautivos, además de darles techo y vigilarlos. No obstante, se beneficiaban porque obtenían mano de obra (entonces escasa) más barata, experimentada, disciplinada y profesionales con oficio.

Aunque queda pendiente el reto de conocer el número total de personas afectadas por el sistema de trabajos forzados, se ha podido contabilizar los volúmenes mensuales de mano de obra entre 1937 y 1945. Así, a comienzos de 1939, cerca de 250.000 cautivos estaban encerrados en campos de concentración (100.000 de ellos, derivados al trabajo forzado). El número de cautivos trabajadores no descendió de los 30.000 hasta 1942 y se mantuvo en cifras cercanas a los 50.000 hasta esa fecha. Hubo, al menos, 291 batallones de trabajo forzado, a los que se suman decenas de unidades que, sin la estructura de batallón, cumplieron funciones muy diversas durante la guerra, a disposición de los diferentes cuerpos del Ejército, regimientos, comandancias militares y otras entidades castrenses, así como fábricas militares y militarizadas.

Ha quedado un recuerdo de la experiencia subjetiva del trabajo forzado a través de las memorias y autobiografías de quienes experimentaron este tipo de explotación. Existen testimonios sobre la corrupción, los castigos físicos y psicológicos, las relaciones con la población civil y la situación de los cautivos, obligados a trabajar largas jornadas en condiciones climáticas y humanas que algunos ni siquiera habían vivido durante la guerra, en las que la humedad, el frío, los accidentes, las enfermedades o las agresiones físicas iban afectando a sus cuerpos.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Juan Carlos García-Funes, licenciado en Historia, Máster en Historia Contemporánea y doctor por la UPNA con una tesis doctoral sobre los trabajos forzados durante la Guerra Civil y la posguerra españolas