Estadística y toma de decisiones en Economía

La Estadística tiene su origen en el desarrollo y uso de información numérica referida a los estados. De hecho, el término Estadística deriva de la palabra alemana “statistik”, que se utiliza para designar el análisis de datos estatales. Las principales decisiones de Política Económica (presupuestos, impuestos, pensiones…) se toman basándose en indicadores económicos que se han construido con información estadística.

Pensemos en dos de estos indicadores: el IPC (Índice de Precios de Consumo) y la tasa de paro. La evolución de estos indicadores se toma como referencia para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones de las autoridades públicas y de los principales agentes privados.

Por ejemplo, el índice de precios de consumo mide la evolución de los precios en un país o comunidad autónoma en un determinado periodo de tiempo. Para su elaboración, se observan las variaciones de precios de una serie de productos que constituyen la llamada “cesta de la compra”, que representa los hábitos de compra del consumidor promedio de ese país o comunidad. Su utilidad es indiscutible. Se emplea como referencia para fijar salarios en los convenios colectivos, para ajustar las pensiones públicas; para modificar los contratos de alquiler, etc.

El Instituto Nacional de Estadística informa de la tasa de variación mensual (variación de precios respecto al mes anterior) o la tasa interanual (variación de precios respecto del mismo mes un año antes). La primera tiene el inconveniente de que no informa de comportamientos estacionales, pudiendo dar a entender tendencias que no son tales, sino cambios puntuales debidos a la estacionalidad (por ejemplo, descenso de precios en el mes de enero, debido a las rebajas y no a una tendencia decreciente).

El índice interanual, por el contrario, refleja esa componente estacional, pero también oculta posibles cambios de tendencia que hayan sucedido durante el año. A veces, se interpreta de forma errónea y se considera que el IPC refleja la variación de precios que ha experimentado cada individuo en sus compras, cuando, en realidad, son valores promedio que tratan de representar el comportamiento conjunto, nunca individual. En el caso del IPC, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia “cesta de la compra” y, si bien es cierto que hay  precios, como el de la gasolina, cuyas variaciones nos afectan a todos, también lo es que hay determinados bienes y servicios que nos afectan de distinta manera según sean las pautas de consumo que tengamos. Por ejemplo, las variaciones de precio de los servicios hoteleros solo afectarán a los individuos que utilicen esos servicios y soportarán una inflación distinta de aquellos que no los usan.

Respecto al otro indicador citado, la tasa de paro, se estima el número de parados como la diferencia entre la población activa (mayores de 16 años que trabajan o que buscan empleo) y la población ocupada (mayores de 16 años con empleo remunerado). En ocasiones, un aumento en el número de parados se interpreta como “destrucción de empleo” y, sin embargo, no tiene por qué ser así. El número de parados puede aumentar debido a un crecimiento de la población activa, a una disminución de la población ocupada o a ambas causas.

Las variaciones de este indicador son una referencia fundamental para la toma de decisiones de política económica, su aumento genera normalmente iniciativas ligadas a aumentar la inversión pública y favorecer el consumo privado para estimular la actividad e incrementar la producción. Se fomenta, también, el seguro de desempleo, para proteger a los ciudadanos que se han quedado sin trabajo.

En definitiva, el contar con estadísticas públicas fiables permite definir indicadores cuya evolución sirve como señal para intervenir en la economía. Los decisores públicos y privados, empresas y consumidores, los utilizan para tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Saber interpretar correctamente los indicadores económicos es una tarea imprescindible para el buen gobierno de nuestra sociedad. La estadística afecta a nuestras vidas más de lo que podemos imaginar.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Carmen García Olaverri, catedrática del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Las consecuencias jurídicas de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria

Entre los incidentes negativos o “eventos adversos” que pueden perjudicar a los pacientes, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (en inglés, Health Care-Associated Infection -HCAI-), y especialmente las hospitalarias o nosocomiales, son, según la OMS, los que se producen con mayor frecuencia en el mundo. Entre las infecciones hospitalarias, las cuatro endémicas más comunes son las urinarias, las del sitio de una intervención quirúrgica, la neumonía y las relacionadas con el uso de catéteres intravasculares. En España, constituyen la segunda causa de eventos adversos, por detrás de la relacionada con la medicación, según el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), de 2005.

Estas infecciones representan un serio problema, tanto desde la perspectiva de la salud pública (agravado por el incremento de la resistencia a los antibióticos), como desde el punto de vista económico. La Unión Europea recoge en la Recomendación de 9 de junio de 2009, del Consejo de la Unión Europea, sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (2009/C 151/01), que, según estimaciones del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), anualmente en Europa las infecciones hospitalarias afectan a unos 4,1 millones de pacientes y causan directamente unas 37.000 muertes. A ello debe añadirse la producción de pérdidas de aproximadamente 7 billones de euros solo en costes directos. En España, el reciente estudio EPINE-EPPS 2017 de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, realizado sobre 313 hospitales y 61.673 pacientes, informa que el pasado año la prevalencia de pacientes con infección nosocomial en España era del 7,74%, solo ligeramente inferior al 7,88% de 1995.

Sin embargo, y a pesar de su relevancia, se trata de un problema prevenible y evitable en un porcentaje que, en Europa, se estima en el 20-30%, lo que explica, primero, que la tasa actual de infecciones nosocomiales se considere inaceptable y, segundo, los numerosos programas que se han puesto en marcha desde principios de este siglo con el objetivo de reducir su incidencia. En España, las iniciativas para combatirlo se incluyen actualmente en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (2015-2020) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde la perspectiva de los pacientes afectados, las infecciones nosocomiales pueden originar daños como la ceguera o la amputación de algún miembro, un agravamiento del proceso que motivó inicialmente la asistencia sanitaria, la prolongación de la hospitalización o, incluso, el fallecimiento del enfermo. También pueden provocar otros daños económicos o morales; por ejemplo, cuando implican inactividad profesional o pérdida de habilidades para el paciente.

Se entiende así que el enfermo o sus familiares se planteen reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la infección hospitalaria. Sin embargo, mientras el sistema sanitario español está reaccionando seriamente ante el problema en lo que le corresponde, la respuesta de la jurisprudencia a las pretensiones individuales de los perjudicados por infecciones nosocomiales resulta más confusa: no siempre se entiende por qué en unos casos la reclamación prospera y en otros no, o por qué las cuantías del baremo de accidentes de circulación son en unos casos adecuadas y en otros, no; y lo mismo ocurre con la insegura aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, o de la antijuridicidad de la lesión… Tampoco parece posible anticipar si una mera referencia genérica, en el consentimiento informado firmado por el paciente, a la posibilidad de contraer “infecciones” se considerará o no como información “adecuada y suficiente” que libere de responsabilidad al prestador del servicio.

Lo cierto es que un paciente hospitalizado se ve sometido a un riesgo de infecciones nosocomiales cuya magnitud generalmente ignora. Salvo los supuestos infrecuentes de riesgo totalmente desconocido e imprevisible para la ciencia médica (en su día lo fue el contagio de VIH), que excluye lógicamente cualquier medida previa, en la mayoría de las ocasiones las infecciones nosocomiales son, bien debidas a negligencias o fallos -y por ello evitables-, bien conocidas y previsibles -pero inevitables por producirse, a pesar de la perfecta corrección técnica de los tratamientos o intervenciones y de la adopción de todas las medidas razonablemente exigibles-.

En el primer caso, si las infecciones pudieron y debieron haberse evitado, resulta razonable indemnizar sus consecuencias. En estos supuestos, uno de los problemas de mayor interés práctico radica en determinar si las dudas acerca de la causa del daño o de la negligencia supuestamente cometida -cuando esta es también necesaria- deben perjudicar al demandante (paciente, familiares) o al demandado (titular privado o público del centro, profesionales). Aunque el punto de partida es que la carga de la prueba corresponde al demandante, en ocasiones puede invertirse (aspecto en el que las sentencias no siempre resultan coincidentes), siendo entonces el demandado quien, para resultar absuelto, deba demostrar ser ajeno a la causa del daño o haber actuado diligentemente.

En el segundo caso –infecciones previsibles, pero inevitables-, parece que solo la asunción del riesgo por un paciente informado debiera permitir exonerar de responsabilidad al prestador del servicio. Pero la dificultad de este tipo de casos reside en precisar los límites de la información sanitaria legalmente exigible, porque, superada ya la idea de que aquella deba ser “exhaustiva”, hay que admitir que una información parcial puede resultar legalmente suficiente. Conviene recordar, de todas formas, que la falta de la información debida suele considerarse causa de un daño moral específico y distinto de los relacionados con el problema de salud, y que sería propiamente el perjuicio indemnizable.

 

Esta entada ha sido realizada por María Luisa Arcos Vieira, profesora titular de Derecho civil, investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la UPNA y autora del libro “Responsabilidad civil por infecciones asociadas a la asistencia sanitaria”