#UPNAResponde/#NUPekErantzun: ¿Qué pasará en el futuro con la economía? Economía inexplorada

Responde: Mar Rubio-Varas, profesora titular del Departamento de Economía y subdirectora del Instituto Inarbe (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra.

 

Cualquier cosa que se diga hoy sobre la economía a seis o doce meses vista seguramente estará equivocado. Nos adentramos en terreno inexplorado. Absolutamente desconocido. En todo mi bagaje de historia económica no consigo encontrar una crisis económica en la época moderna que se asemeje a esta. En ningún escenario anterior se había paralizado el movimiento de viajeros en todo el planeta. En las guerras (civiles o mundiales), las infraestructuras sufrieron daños que paralizaron la actividad, si bien la actividad económica se redobló para el esfuerzo bélico en algunos lugares. No es el caso ahora, dado que mantenemos las infraestructuras intactas y la actividad económica paralizada. En la Gran Depresión en los años 1930, se hundió la demanda y el comercio mundiales, en parte por las políticas de empobrecer al vecino y las devaluaciones competitivas que empeoraron la crisis durante más de lo debido. Tampoco es el caso ahora, el comercio sigue fluyendo a través de las fronteras, y salvo la tentación norteamericana de aumentar el proteccionismo, la mayoría de los países del G20 sigue favoreciendo el libre comercio. En la crisis del petróleo de los 1970, fue la oferta la que se hundió, porque los productores no pudieron afrontar el encarecimiento de un insumo básico para todos los sectores económicos y sobre cuyo precio no tenían ningún control los agentes económicos. Ahora hemos metido toda la economía global en el congelador durante un tiempo indeterminado pero controlado por cada gobierno. En la crisis de 2008, el contagio en el sistema financiero provocó el cierre del grifo crediticio a nivel global, lo que estranguló primero a las empresas y después a los gobiernos. El grifo está ahora abierto a chorro, cuán manguera de incendios desaforada, tanto por parte de las autoridades monetarias europeas como norteamericanas.

Lo que tendremos por delante, una vez pasemos el tsunami sanitario, es un escenario inédito. Tendremos que descongelar la economía, pero la heterogeneidad en el paso por el congelador es muy alta. Conseguir que autónomos y pymes de menos de diez empleados sobrevivan la congelación económica debería ser una de las primeras prioridades, no sólo porque de ellas depende una parte sustancial del empleo en Navarra y en España, sino porque precisamente son las más vulnerables ante la congelación de la actividad económica. Pero no todos podrán arrancar de nuevo intactos, aunque tengan toda su infraestructura y mano de obra disponible. Habrá sectores cuya demanda se habrá volatilizado y que llevará meses recuperar. Entre ellos, el sector turístico y todos sus derivados (ocio, restauración, viajes, transporte de pasajeros), en especial, el asociado al turismo internacional. Habrá sectores que pueden encontrarse con problemas en sus cadenas de suministro a la vez que su demanda se contraiga dado que la inversión de largo plazo, tanto de empresas como de particulares se verá mermada a su vez ante el nuevo escenario de incertidumbre. Otros sin embargo saldrán prácticamente indemnes: muchas actividades continúan trabajando desde casa con más o menos éxito (educación, servicios financieros y administrativos, prensa, radio y televisión, buena parte de la administración pública). Estas saldrán del congelador con algunas habilidades nuevas y el deseo de mejorar la logística de teletrabajo para el futuro (muchos nos hemos dado cuenta de que necesitamos mejores equipos en nuestros hogares).

Crisis

Cabe recordar en este punto que el gasto medio de los hogares españoles no había recuperado todavía los niveles anteriores a 2007. Navarra es la segunda comunidad autónoma con mayor gasto medio por hogar después de Madrid. Un tercio de ese gasto se dedica a vivienda. Cómo y cuando se van a pagar las hipotecas y alquileres de los próximos meses debería ser la otra prioridad de política económica. Porque en realidad, después del choque inicial de oferta al meter la economía en el congelador, lo que probablemente nos espera a la salida es una crisis de demanda sin precedentes si no ponemos remedio.

Los costes económicos serán catastróficos si no hay intervención pública. Y en esto, al menos en esto, estamos de acuerdo todos los economistas. Diferimos en qué priorizar y cómo pagar la factura. Pero todos recordamos nuestras clases de macro: ante una crisis de demanda, la inyección de dinero público es la única capaz de amortiguar el dolor. También aprendimos algo de la crisis de 2008: hay que dar liquidez a los mercados (y, por eso, la manguera del crédito está desaforadamente abierta). Priorizar la supervivencia económica de autónomos, pymes y hogares durante el periodo de congelación de la economía es el objetivo para minimizar la crisis de demanda en el periodo de descongelación. Pero sin presupuestos, con una economía congelada que no genera ingresos fiscales, y una Unión Europea que no acaba de elevarse sobre las desavenencias de los socios, el horizonte es sombrío. Sin solidaridad (geográfica, sectorial y generacional), será difícil salir indemnes. Porque, si algo deja patente esta crisis, es que todos dependemos de todos. Igual que todos estamos siendo la vacuna, también todos somos el rescate.

 

Nota: las personas interesadas podrán plantear a investigadores de la UPNA cuestiones relacionadas con el coronavirus o el estado de alarma a través del correo electrónico ucc@unavarra.es, incluyendo en el asunto #UPNAResponde/#NUPekErantzun. 

¿Creen realmente las empresas españolas que las personas son su principal activo?

Una de las ideas más recurrentemente expresadas por los directivos empresariales es la de que el principal activo de sus compañías son las personas. Un interrogante que surge de inmediato ante este tipo de declaración es si se trata realmente de un principio dominante en nuestro tejido empresarial con repercusiones en la manera en que se gestionan las personas. Creer de verdad en el valor de los trabajadores implica un enfoque particular en los diferentes ámbitos de la dirección de recursos humanos. Más concretamente, supone adoptar políticas y prácticas de alto rendimiento que otorguen al trabajador poder de decisión en su actividad diaria a través del rediseño de puestos de trabajo y la implantación de mecanismos de participación, alineen intereses mediante prácticas de remuneración que conectan el salario con los resultados, y fortalezcan el vínculo con la empresa proporcionando seguridad en el empleo, carrera profesional y formación.

La investigación realizada a partir de la información proporcionada por la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo y la Encuesta Europea de Empresas aporta luz sobre esta cuestión y permite un conocimiento mejor de la realidad de la dirección de recursos humanos en España desde una perspectiva internacional. Los resultados apuntan a que la situación española, en comparación con el resto de la Unión Europea, es manifiestamente mejorable, no siendo ello atribuible a diferencias en las estructuras demográfica y ocupacional de la población o en la estructura sectorial de la actividad económica. En una clasificación por el grado de adopción de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento, España se sitúa en el puesto 21 de 28 países. Su posición es cercana a la de países como Italia, Croacia y Bulgaria, estando claramente más cerca del grupo de países menos avanzados en este ámbito (Polonia, Chipre, Portugal y Grecia) que de los países de cabeza, que son Finlandia, Dinamarca y Suecia. España sale especialmente malparada en seguridad en el empleo, perspectivas de carrera profesional y formación en el trabajo.

En lo que respecta a la evolución entre 2005 y 2015, se aprecia que la difusión de las prácticas de alto rendimiento ha aumentado durante este periodo tanto en España como en Europa. ¿Cómo se traduce esto en términos de confluencia? Existe convergencia en la medida en que los dos ámbitos geográficos avanzan en la misma dirección positiva, pero no se ha producido un acercamiento que permita prever que España pueda llegar a situarse en un futuro inmediato dentro de los parámetros medios de la Unión Europea. De hecho, en lo que concierne a la formación y el desarrollo, la distancia con la media europea ha crecido.

Aunque la rigidez del mercado de trabajo español se propone en muchas ocasiones como una posible explicación a algunos de los males de nuestro país en materia de trabajo y empleo, en este caso no parece estar siendo una barrera a la adopción de mejores prácticas de recursos humanos. Lo mismo sucede con los aspectos relativos a las relaciones industriales, como la cobertura de la negociación colectiva. Sin embargo, la menor competencia en nuestros mercados es un factor explicativo relevante, puesto que no está animando a las empresas a impulsar estas políticas favorecedoras del capital humano. Los aspectos que emergen como más determinantes para entender la situación española son la visión poco favorable de los directivos hacia la implicación de los trabajadores en el funcionamiento de la empresa y un pobre clima de cooperación entre empleador y empleados.

En resumen, las empresas españolas presentan un retraso importante en su gestión de recursos humanos, lo que lastra su competitividad. Sus causas se localizan principalmente en el nivel más alto del sistema de dirección de personas, ya que la filosofía de gestión preponderante no parece confiar suficientemente en la importancia del papel activo de las personas, lo que se traduce en una menor implementación de políticas y prácticas que favorezcan su capacitación y motivación.

Nota: esta investigación ha sido realizada conjuntamente con Pere Ortín Ángel (Universitat Autónoma de Barcelona)

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Alberto Bayo Moriones, catedrático del Departamento de Gestión de Empresas e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

La brecha salarial por sexo

Las diferencias salariales por sexo son menores cuando se comparan salarios en un mismo tipo de ocupación y una misma empresa, porque no puede retribuirse de forma distinta a personas que desempeñan la misma tarea si esa retribución no está debidamente justificada (experiencia, antigüedad,…) y se desea evitar una demanda por discriminación. Así, el origen de las diferencias está en la segregación de los trabajadores entre empresas y entre categorías ocupacionales.

En el Reino Unido, se dispone de una fuente de información que permite comprender mejor el fenómeno. Las empresas británicas de al menos 250 trabajadores están obligadas desde 2017 a publicar las diferencias salariales por sexo medias y medianas, la distribución de sus trabajadores por cuartil de salarios y las diferencias de sus complementos salariales. En https://gender-pay-gap.service.gov.uk puede consultarse esta información para más de 10.700 empresas.

Es sabido que la actividad a la que se dedica una empresa en muchos casos se asocia a una especialización por sexo. El Barclays Bank UK, por ejemplo, está moderadamente feminizado (puede leerse el informe añadiendo esto a la dirección anterior: Employer/MxCVjH2H/2017), puesto que un 63% de sus trabajadores son mujeres (frente al 47% que representan las mujeres en el empleo total del Reino Unido -LFS, datos anuales, 2017-). Sin embargo, en el primer cuartil (el 25% de los trabajadores con menores salarios), hay un 73% de mujeres y en el segundo cuartil encontramos un 67%. Por el contrario, en el cuartil superior las trabajadoras suponen el 45% del total. En el Barclays Bank, el salario medio por hora de las mujeres es un 26% inferior al de los hombres (una diferencia superior a la media nacional, que fue en 2016 del 20,6% -Encuesta de Estructura Salarial (EES), Eurostat-). Este caso es un buen ejemplo de cómo la segregación ocupacional por sexo dentro de una empresa amplía la brecha salarial.

La empresa Ad Astra Academy Trust, dedicada a la Educación Primaria, nos permite ilustrar otro caso, el de aquellas empresas en sectores muy feminizados. En esta empresa, el salario medio de las mujeres (el 90% del total de trabajadores) es algo inferior al de los varones (9,5%) por la segregación ocupacional, pues el peso de las trabajadoras en el cuartil de salarios más altos (90%) es algo menor que en de salarios más reducidos (93%). Este caso nos permite entender otra constante empírica: en ocupaciones con un grado alto de “feminización”, las diferencias salariales por sexo son menores.

Esta fuente de información, que lógicamente presenta resultados dispares (empresas masculinizadas en las que el salario medio de las mujeres es algo mayor, o equilibradas en cuanto a participación y en las que las mujeres perciben un salario por hora mayor), nos permite extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, la existencia de una clara segregación por sexo en función de la rama de actividad (el transporte es un sector de varones y el de los cuidadores, de mujeres) y por categoría ocupacional (la proporción de varones en la parte alta de la distribución de salarios supera a la de mujeres en más de tres cuartas partes de las empresas de las que se dispone de información).

Otra de las conclusiones, menos conocida que la anterior, es que la diferencia salarial media por sexo, de acuerdo con los datos de estas empresas, es inferior a la diferencia que proporciona la EES (Eurostat) o la Annual survey of hours and earnings (del Reino Unido). Esto podría deberse a que la proporción de mujeres, con respecto a la de varones, es mayor en empresas con menores salarios medios. Cabe recordar que estos datos se refieren exclusivamente al salario por hora de asalariados en empresas medianas o grandes (más de 250 trabajadores).

La obligación de publicar esta información persigue que, al menos, cada una de estas empresas reflexione sobre la distribución de sus trabajadores por ocupaciones. No obstante, el problema de las diferencias salariales por sexo persistirá siempre y cuando no se retribuya de la misma manera un empleo de igual valor. Así, aunque se eliminara la brecha salarial por sexo en cada una de las empresas (el 10% de estas empresas dicen no retribuir de forma distinta y en una proporción algo mayor de empresas las mujeres ganan más que los varones) todavía seguirían existiendo diferencias a favor de los varones si se mantuviera la segregación sectorial por sexo, esto es, que una proporción algo mayor de varones fuesen contratados en sectores de salarios más altos. Hace años que nos encontramos con más población femenina con nivel superior de estudios (entre la población de 25 a 64 años, en 2017, en el Reino Unido, el 44,5% frente al 41%; -en España, el 38,9% frente al 33%-) y más entre los ocupados (49,4% frente al 43% -Reino Unido- y el 48,5% frente al 38,8% -España-), pero la especialización por sexo en la formación es un hecho, al menos entre un grupo de población. Islandia ha ido más allá al aprobar una norma que obliga (el momento de entrada en vigor de esta norma difiere según el tamaño de la empresa) a las empresas a obtener un certificado de igualdad de retribución por sexo, asimilable a los certificados de calidad. De todas formas, como ya se ha señalado, la brecha salarial por sexo en la empresa es solo una parte del problema.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Miren Ullibarri Arce, profesora titular de Universidad en el Departamento de Economía e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Actividad emprendedora e intraemprendedora

Se habla muy a menudo de la importancia de generar una mayor actividad emprendedora, pues existen evidencias que sugieren que esta genera mayor crecimiento económico, progreso y bienestar. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de emprendimiento? La definición más comúnmente aceptada de emprendimiento es aquella que la define como el proceso de detección, evaluación y explotación de oportunidades de negocio. Este proceso tiene dos grandes manifestaciones. Por un lado, está la creación de nuevas empresas, seguramente la manifestación que primero viene a nuestras mentes cuando oímos la palabra emprendimiento, y, por otro, la actividad innovadora que desarrollan las empresas ya existentes.

Hablemos de esa primera manifestación ¿Cómo son las nuevas empresas que se crean? ¿Cuánto aportan al empleo o al crecimiento? Las estadísticas nos muestran que la mayoría de las empresas que se crean, en cualquier país del mundo, son pequeñas (normalmente emplean a una o dos personas), sin grandes aspiraciones de crecimiento y orientadas a la demanda interna. La orientación hacia la demanda interna es significativamente mayor en España que en los países de su entorno, una regularidad que parece extenderse a las empresas consolidadas. Más aún, las nuevas empresas tienen menos de un 50% de posibilidades de sobrevivir más de cinco años. El empleo que generan las nuevas empresas suele rondar el 5 o el 6% del empleo total de la economía. La elevada mortandad de las nuevas empresas hace que, tras cinco años, el crecimiento de las empresas que han sobrevivido apenas pueda compensar el empleo perdido por aquellas que han desaparecido.

¿Es, por tanto, el emprendimiento menos relevante para la economía de lo que se piensa? No, por supuesto que no. En primer lugar, porque la dinámica del emprendimiento, incluso la de creación de empresas, favorece el cambio técnico y la mejora de la productividad. En segundo, porque si bien la mayoría de las nuevas empresas crecen poco o desaparecen, hay un reducido grupo de nuevas empresas que sobreviven y crecen de manera significativa contribuyendo al crecimiento del empleo y la economía. Encontramos ejemplos de estas empresas, que reciben nombres como gacelas o unicornios, tanto a nivel mundial como nacional. Y en tercer lugar, porque las estadísticas a las que antes hacía alusión solo se refieren a la creación de nuevas empresas y no recogen la actividad innovadora o emprendedora que se desarrolla dentro de las empresas ya existentes (intraemprendimiento). El proceso de detección, evaluación y explotación de oportunidades de negocio se engloba dentro de lo que comúnmente hemos denominado actividad innovadora de las empresas, y se vincula con su capacidad para aprovechar oportunidades de generación de riqueza a través de la introducción de innovación de producto, de proceso, de modelos de negocio o incluso organizativas.

Por su capacidad para escalar los proyectos, es posible que la actividad intraemprendedora genere un impacto muy significativo en el crecimiento económico de los países y regiones. Sin embargo, aunque todas las empresas instaladas tienen el potencial para ser emprendedoras e innovar, esta actividad intraemprendedora no está presente en igual grado o intensidad en todas las firmas instaladas. Ni mucho menos. Y es que intraemprender (y, sobre todo, culminar con éxito este proceso) requiere no solo la voluntad de los gestores de las empresas, sino de una organización y una cultura acorde a dicho objetivo. Liderazgo de la gerencia, implementar mecanismos de participación de los empleados, generar un clima de confianza que favorezca la participación y la creatividad, motivar a los empleados, o desarrollar sistemas de incentivos que distribuyan las ganancias derivadas de los éxitos y no castiguen los fracasos están entre las medidas que fomentan el intraemprendimiento exitoso de las empresas instaladas. Si somos capaces de promover una cultura empresarial y laboral que incida en estas líneas, estaremos favoreciendo una economía más emprendedora, y a través de ella y del adecuado reparto de las ganancias del emprendimiento, un mayor desarrollo económico y social.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Martin Larraza Kintana, profesor titular del Departamento de Gestión de Empresas e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

¿Tipo fijo o variable? Poca broma

Hace un tiempo, se viralizó un vídeo en el que, después de una cena de empresa, dos asesores financieros glosaban las virtudes del endeudamiento a tipo fijo. Dicho vídeo hizo que la discusión entre tipo fijo y tipo variable sonara a broma. Ese recuerdo y una conversación de café en la que un compañero nos pregunta, en el contexto actual, qué le conviene más a su hijo (una “hipoteca a tipo fijo” o una “hipoteca a tipo variable”) nos sirven para reflexionar acerca del poco rigor que, en ocasiones, utilizamos para tomar nuestras decisiones financieras.

“¿Fijo o variable? No lo sé. Depende”, trato de escaquearme de la incómoda pregunta. “¿Cómo qué no lo sabes? Tú eres de finanzas. Tienes que saberlo. ¿Con qué alternativa va a pagar menos?”. La tentación, entonces, es responder algo genérico relativo a las expectativas de subidas de tipos en la zona euro, que los tipos fijos ahora mismo son atractivos, que con tipos fijos estará cubierto ante esta eventualidad, y que, seguramente, con esta alternativa acabará pagando menos. Nuestro compañero, muy probablemente, se irá satisfecho con la respuesta y nosotros habremos regateado una situación incómoda. Sin embargo, habremos contribuido a la extendida sensación de que nuestra profesión consiste en, poco más o menos, chuparnos el dedo, levantarlo y acabar señalando la dirección en la que sopla el viento.

No me imagino a un médico siendo asaltado en la máquina de café y cuestionado: “Mi hijo tiene fiebre. ¿Le doy paracetamol o antibiótico?”. La respuesta, obviamente, sería “No lo sé. Depende”. Ante lo cual es, de nuevo, interpelado: “¿Cómo qué no lo sabes? Tú eres médico. Tienes que saberlo. ¿Con qué alternativa se va a curar?”. Si esta conversación nos parece ridícula, lo mismo debería pasarnos con la anterior sobre hipotecas y, por motivos como este, deberíamos insistir en una mayor cultura financiera en nuestra sociedad y en una adecuada formación especialista en asesoramiento financiero.

Volviendo a nuestra disyuntiva financiera. Si la pregunta es “¿con qué alternativa voy a pagar menos?”, la respuesta no es inmediata ni evidente. Es más, ni siquiera hay una respuesta. Cierto es que, actualmente, los tipos fijos que nos ofrecen las entidades financieras son aparentemente muy atractivos. Sin embargo, a la hora de realizar la comparativa, hay dos hechos que solemos pasar por alto. El primero es que, para los préstamos a tipo variable, el diferencial es conocido (euríbor+X%), mientras que, para los préstamos a tipo fijo, desconocemos el diferencial que nos está cobrando la entidad financiera respecto a la curva IRS (Interest Rate Swap; que representa, básicamente, los intereses de un préstamo a tipo fijo por los que se pueden intercambiar los intereses de un préstamo a tipo de interés variable a diferentes plazos). Y el segundo es que, habitualmente, el método de amortización utilizado es un sistema de términos amortizativos constantes, en el que el nominal del préstamo se va reduciendo con el tiempo y, con él, la cuota de intereses. O lo que es lo mismo, pagamos más intereses al comienzo que al final del préstamo. Ambos hechos dificultan la comparación directa entre alternativas.

Vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para un préstamo de nominal de 100.000 euros y que se amortizará en diez años. La hipoteca a tipo variable se ha calculado con un tipo de interés nominal el primer año del 1,75% y con un diferencial sobre el euríbor del 0,85% en cada uno de los siguientes años. Para aproximar el euríbor en cada una de las revisiones anuales, se han deducido los tipos a plazo implícitos en la curva de mercado. La hipoteca a tipo fijo se ha desarrollado con un tipo nominal del 2,19%, es decir, con un margen del 1,25% sobre el IRS a diez años. Estos datos se corresponderían con los existentes en el mercado y los ofrecidos por cualquier entidad financiera a finales de 2018. Los resultados de este ejercicio se encuentran expuestos en la Tabla 1.

Se puede observar que, aun teniendo en cuenta las subidas de tipos de interés recogidas en las expectativas de mercado y que hacen que el tipo de interés esperado del préstamo variable sea superior los cuatro últimos años, el coste esperado del préstamo fijo es superior. Evidentemente, la pregunta sería: “¿cuánto debería adelantarse la subida de tipos y de qué magnitud debería ser la misma para compensar este mayor coste del préstamo a tipo fijo?”. Para responder a esta cuestión, habría que hacer un análisis de sensibilidad de ambos componentes, dado que las combinaciones que dan respuesta a esta cuestión son múltiples, si bien el incremento en el tipo variable debería ser importante para compensar el importe pagado de más con el tipo en los primeros años, teniendo en cuenta que el capital vivo de la operación va disminuyendo a lo largo de la vida del préstamo. Con el ejemplo anterior, se observa un sobrecoste del 0,59% anual. ¿A cuánto importe asciende esta diferencia? Con los tipos actuales, se pagaría 3.074,03 euros en cantidad absoluta y 3.019 euros en valor actual (descontando la diferencia cada año entre el importe abonado a tipo fijo y variables a la curva cupón cero).

La segunda cuestión importante, y que causa la diferencia entre los tipos de interés fijo y variable, es el margen aplicado en las hipotecas a tipo variable (0,89%) y a tipo fijo (1,25%). Pues bien, ambos márgenes deberían ser equivalentes, que no iguales, porque hay ciertos costes de transacción que asume el banco al trasladarle el cliente el riesgo de tipo de interés. En este ejemplo, la diferencia es 0,40% anual. De la diferencia expresada anteriormente (3.074 euros), 2.032 euros se explican por esta diferencia. Ciertamente este importe parece excesivo.

Ya hemos visto que, si la pregunta es “¿con qué alternativa voy a pagar menos?”, la respuesta es con el préstamo a tipo de interés variable, dadas las expectativas actuales de mercado recogidas por el IRS. Sin embargo, si la pregunta es “¿qué alternativa es más conveniente para nosotros?”, la respuesta dependerá de cuestiones como el volumen a financiar, el plazo de la hipoteca, nuestro plan de amortización (¿pensamos hacer amortizaciones anticipadas?), la posibilidad de desapalancarnos ante futuras subidas de tipos, nuestras expectativas sobre el comportamiento futuro de los tipos de interés, o nuestras preferencias por el riesgo. No olvidemos que, en una hipoteca a tipo fijo, hemos trasladado el riesgo de interés a la entidad financiera. Por lo tanto, para poder responder a esta cuestión, deberíamos hacer un análisis detallado de los flujos de caja familiares esperados (no solo de los gastos sino también de los ingresos). ¿Tipo fijo o variable? Poca broma.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Luis Muga Caperos, profesor titular de Universidad del Departamento de Gestión de Empresas e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y Roberto Cascante Rodrigo, profesor asociado del Departamento de Gestión de Empresas de la UPNA

Por qué las mujeres deberían pagar menos impuestos

Una de las preocupaciones de la teoría de la imposición óptima es el análisis de los costes de eficiencia de los impuestos. Uno de los determinantes del exceso de gravamen, o coste en bienestar de los impuestos, es la elasticidad precio de la demanda compensada del bien o de la oferta compensada del factor productivo. La noción de exceso de gravamen puede aplicarse a una gran variedad de situaciones e impuestos relevantes para la política fiscal.

Por otra parte, es preciso señalar otra gran preocupación social de los países de la Unión Europea (UE): la discriminación contra las mujeres y la existencia de varias brechas de género. Incrementar la participación laboral de las mujeres, especialmente en el sur de Europa, era un objetivo explícito de la agenda de Lisboa del año 2000. En el caso de las mujeres casadas en España, Bargain et al. (2014) estiman una elasticidad de la oferta del número de horas de trabajo de 0,5 (superior a la media de la UE occidental), mientras para los hombres casados apenas llega al 0,08. Hoy las evidencias de una brecha salarial, contratos parciales y temporalidad siguen siendo patentes. Por ejemplo, en Navarra, el 70% de los empleos parciales son mujeres.

En las propuestas fiscales contenidas en la variada oferta política electoral para las elecciones generales del 28-A, algunos programas proponían reducciones e incluso eliminación de algunos impuestos. De lo leído y escuchado, parece que ningún partido se decanta explícitamente por una tributación basada en el género (TBG). En el caso concreto del impuesto sobre la renta personal (IR), ninguna parece decantarse por reducir los impuestos sobre la renta de las mujeres (casadas o parejas sin vínculo matrimonial) e incrementar, aunque sea en menor cuantía, el IR de los hombres. Se puede argumentar la diferencia en los valores estimados de las elasticidades específicas de oferta de trabajo de género, referidas principalmente a las mujeres casadas. Las elasticidades de las mujeres solteras son más similares a las de los hombres. Por tanto, desde el punto de vista técnico, como sugieren las reglas básicas de la imposición óptima, y sólo pensando en minimizar el exceso de gravamen, requiere considerar las diferencias en tipos impositivos. Dicha propuesta no es nada novedosa. Hace ya doce años que Alesina e Ichino (2007) publicaron un artículo en el que proponían que las mujeres debían pagar menos impuestos que los hombres.

Más recientemente, Colombino y Narazani (2018), en un trabajo publicado por la Comisión Europea, proponen reformas fiscales en esa dirección. Otra posible razón de la tributación basada en el género (TBG), en forma de tipos impositivos marginales más bajos para las mujeres, es considerar que ese diseño fiscal podría contribuir a cerrar la brecha de género. Esto es: promover la igualdad de género y mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral y dentro de la familia. En particular, cabe esperar que la tasa de participación en el mercado de trabajo e ingresos de las mujeres incrementen y las tareas familiares se asignen más equitativamente entre los géneros.

La propuesta de TBG se basa en un resultado clásico de la teoría de la imposición óptima y en la evidencia empírica de que la elasticidad de la oferta laboral es más alta para las mujeres casadas que para los hombres. Por tanto, aunque sólo fuera por consideraciones de eficiencia y con el objetivo de minimizar los costes en bienestar, la regla de elasticidad inversa de Ramsey sugiere que las rentas de trabajo de las mujeres casadas deben ser gravadas a tipos marginales más bajos que las de los hombres. Diversos trabajos han estimado la elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres casadas en España. Así, por ejemplo, González-Páramo y Sanz (2004) estiman una elasticidad de 1,8 y considerando un tipo marginal promedio del 25%, obtienen un exceso de gravamen marginal de un 62% de la recaudación obtenida. Un coste de eficiencia similar al obtenido por Hausman para Estados Unidos.

En conclusión, una política de diferenciación en el diseño de los impuestos sobre la renta para mujeres y hombres, además de reducir las pérdidas de bienestar, derivadas de minimizar los excesos de gravamen, puede parecer particularmente atractiva para un país como España, donde persisten grandes brechas de género en las tasas de participación laboral de las mujeres, los ingresos, las ocupaciones y la asignación de tareas familiares.

 

Referencias:

Alesina, A. y Ichino, A. (2007): Gender based taxation. Working Paper, University of Bologna

Bargain, O.,Orsini, K. y Peichl, A. (2014): ”Comparing Labor Supply Elasticities in Europe and the United States. New Results”. The Journal of Human Resources, 49 (3), 723-838.

Colombino, U. y Narazani, E. (2018): Closing the Gender Gap: Gender Based Taxation, Wage Subsidies or Basic Income? JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 03/2018

González-Páramo, J.M. y Sanz, J.F. (2004): Evaluando reformas mediante el coste marginal de los fondos públicos, criterios analíticos y aplicaciones a España y otros países de la OCDE, Fundación BBVA.

 

Esta entrada al blog ha sido elaborada por Pedro Pascual Arzoz, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de esta institución

Estadística y toma de decisiones en Economía

La Estadística tiene su origen en el desarrollo y uso de información numérica referida a los estados. De hecho, el término Estadística deriva de la palabra alemana “statistik”, que se utiliza para designar el análisis de datos estatales. Las principales decisiones de Política Económica (presupuestos, impuestos, pensiones…) se toman basándose en indicadores económicos que se han construido con información estadística.

Pensemos en dos de estos indicadores: el IPC (Índice de Precios de Consumo) y la tasa de paro. La evolución de estos indicadores se toma como referencia para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones de las autoridades públicas y de los principales agentes privados.

Por ejemplo, el índice de precios de consumo mide la evolución de los precios en un país o comunidad autónoma en un determinado periodo de tiempo. Para su elaboración, se observan las variaciones de precios de una serie de productos que constituyen la llamada “cesta de la compra”, que representa los hábitos de compra del consumidor promedio de ese país o comunidad. Su utilidad es indiscutible. Se emplea como referencia para fijar salarios en los convenios colectivos, para ajustar las pensiones públicas; para modificar los contratos de alquiler, etc.

El Instituto Nacional de Estadística informa de la tasa de variación mensual (variación de precios respecto al mes anterior) o la tasa interanual (variación de precios respecto del mismo mes un año antes). La primera tiene el inconveniente de que no informa de comportamientos estacionales, pudiendo dar a entender tendencias que no son tales, sino cambios puntuales debidos a la estacionalidad (por ejemplo, descenso de precios en el mes de enero, debido a las rebajas y no a una tendencia decreciente).

El índice interanual, por el contrario, refleja esa componente estacional, pero también oculta posibles cambios de tendencia que hayan sucedido durante el año. A veces, se interpreta de forma errónea y se considera que el IPC refleja la variación de precios que ha experimentado cada individuo en sus compras, cuando, en realidad, son valores promedio que tratan de representar el comportamiento conjunto, nunca individual. En el caso del IPC, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia “cesta de la compra” y, si bien es cierto que hay  precios, como el de la gasolina, cuyas variaciones nos afectan a todos, también lo es que hay determinados bienes y servicios que nos afectan de distinta manera según sean las pautas de consumo que tengamos. Por ejemplo, las variaciones de precio de los servicios hoteleros solo afectarán a los individuos que utilicen esos servicios y soportarán una inflación distinta de aquellos que no los usan.

Respecto al otro indicador citado, la tasa de paro, se estima el número de parados como la diferencia entre la población activa (mayores de 16 años que trabajan o que buscan empleo) y la población ocupada (mayores de 16 años con empleo remunerado). En ocasiones, un aumento en el número de parados se interpreta como “destrucción de empleo” y, sin embargo, no tiene por qué ser así. El número de parados puede aumentar debido a un crecimiento de la población activa, a una disminución de la población ocupada o a ambas causas.

Las variaciones de este indicador son una referencia fundamental para la toma de decisiones de política económica, su aumento genera normalmente iniciativas ligadas a aumentar la inversión pública y favorecer el consumo privado para estimular la actividad e incrementar la producción. Se fomenta, también, el seguro de desempleo, para proteger a los ciudadanos que se han quedado sin trabajo.

En definitiva, el contar con estadísticas públicas fiables permite definir indicadores cuya evolución sirve como señal para intervenir en la economía. Los decisores públicos y privados, empresas y consumidores, los utilizan para tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Saber interpretar correctamente los indicadores económicos es una tarea imprescindible para el buen gobierno de nuestra sociedad. La estadística afecta a nuestras vidas más de lo que podemos imaginar.

 

Esta entrada ha sido elaborada por Carmen García Olaverri, catedrática del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Las consecuencias jurídicas de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria

Entre los incidentes negativos o “eventos adversos” que pueden perjudicar a los pacientes, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (en inglés, Health Care-Associated Infection -HCAI-), y especialmente las hospitalarias o nosocomiales, son, según la OMS, los que se producen con mayor frecuencia en el mundo. Entre las infecciones hospitalarias, las cuatro endémicas más comunes son las urinarias, las del sitio de una intervención quirúrgica, la neumonía y las relacionadas con el uso de catéteres intravasculares. En España, constituyen la segunda causa de eventos adversos, por detrás de la relacionada con la medicación, según el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), de 2005.

Estas infecciones representan un serio problema, tanto desde la perspectiva de la salud pública (agravado por el incremento de la resistencia a los antibióticos), como desde el punto de vista económico. La Unión Europea recoge en la Recomendación de 9 de junio de 2009, del Consejo de la Unión Europea, sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (2009/C 151/01), que, según estimaciones del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), anualmente en Europa las infecciones hospitalarias afectan a unos 4,1 millones de pacientes y causan directamente unas 37.000 muertes. A ello debe añadirse la producción de pérdidas de aproximadamente 7 billones de euros solo en costes directos. En España, el reciente estudio EPINE-EPPS 2017 de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, realizado sobre 313 hospitales y 61.673 pacientes, informa que el pasado año la prevalencia de pacientes con infección nosocomial en España era del 7,74%, solo ligeramente inferior al 7,88% de 1995.

Sin embargo, y a pesar de su relevancia, se trata de un problema prevenible y evitable en un porcentaje que, en Europa, se estima en el 20-30%, lo que explica, primero, que la tasa actual de infecciones nosocomiales se considere inaceptable y, segundo, los numerosos programas que se han puesto en marcha desde principios de este siglo con el objetivo de reducir su incidencia. En España, las iniciativas para combatirlo se incluyen actualmente en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (2015-2020) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde la perspectiva de los pacientes afectados, las infecciones nosocomiales pueden originar daños como la ceguera o la amputación de algún miembro, un agravamiento del proceso que motivó inicialmente la asistencia sanitaria, la prolongación de la hospitalización o, incluso, el fallecimiento del enfermo. También pueden provocar otros daños económicos o morales; por ejemplo, cuando implican inactividad profesional o pérdida de habilidades para el paciente.

Se entiende así que el enfermo o sus familiares se planteen reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la infección hospitalaria. Sin embargo, mientras el sistema sanitario español está reaccionando seriamente ante el problema en lo que le corresponde, la respuesta de la jurisprudencia a las pretensiones individuales de los perjudicados por infecciones nosocomiales resulta más confusa: no siempre se entiende por qué en unos casos la reclamación prospera y en otros no, o por qué las cuantías del baremo de accidentes de circulación son en unos casos adecuadas y en otros, no; y lo mismo ocurre con la insegura aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, o de la antijuridicidad de la lesión… Tampoco parece posible anticipar si una mera referencia genérica, en el consentimiento informado firmado por el paciente, a la posibilidad de contraer “infecciones” se considerará o no como información “adecuada y suficiente” que libere de responsabilidad al prestador del servicio.

Lo cierto es que un paciente hospitalizado se ve sometido a un riesgo de infecciones nosocomiales cuya magnitud generalmente ignora. Salvo los supuestos infrecuentes de riesgo totalmente desconocido e imprevisible para la ciencia médica (en su día lo fue el contagio de VIH), que excluye lógicamente cualquier medida previa, en la mayoría de las ocasiones las infecciones nosocomiales son, bien debidas a negligencias o fallos -y por ello evitables-, bien conocidas y previsibles -pero inevitables por producirse, a pesar de la perfecta corrección técnica de los tratamientos o intervenciones y de la adopción de todas las medidas razonablemente exigibles-.

En el primer caso, si las infecciones pudieron y debieron haberse evitado, resulta razonable indemnizar sus consecuencias. En estos supuestos, uno de los problemas de mayor interés práctico radica en determinar si las dudas acerca de la causa del daño o de la negligencia supuestamente cometida -cuando esta es también necesaria- deben perjudicar al demandante (paciente, familiares) o al demandado (titular privado o público del centro, profesionales). Aunque el punto de partida es que la carga de la prueba corresponde al demandante, en ocasiones puede invertirse (aspecto en el que las sentencias no siempre resultan coincidentes), siendo entonces el demandado quien, para resultar absuelto, deba demostrar ser ajeno a la causa del daño o haber actuado diligentemente.

En el segundo caso –infecciones previsibles, pero inevitables-, parece que solo la asunción del riesgo por un paciente informado debiera permitir exonerar de responsabilidad al prestador del servicio. Pero la dificultad de este tipo de casos reside en precisar los límites de la información sanitaria legalmente exigible, porque, superada ya la idea de que aquella deba ser “exhaustiva”, hay que admitir que una información parcial puede resultar legalmente suficiente. Conviene recordar, de todas formas, que la falta de la información debida suele considerarse causa de un daño moral específico y distinto de los relacionados con el problema de salud, y que sería propiamente el perjuicio indemnizable.

 

Esta entada ha sido realizada por María Luisa Arcos Vieira, profesora titular de Derecho civil, investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) de la UPNA y autora del libro “Responsabilidad civil por infecciones asociadas a la asistencia sanitaria”