Responde: Lucía Martínez Virto, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigadora del Instituto I-Communitas (Institute for Advanced Social Research-Instituto de Investigación Social Avanzada) de esta institución.
Las crisis económicas tienen un impacto directo en los modelos de atención a la ciudadanía. El impacto de la crisis económica de 2008 ha dejado, a día de hoy, huella en los servicios sanitarios, educativos y, cómo no, en la intervención en emergencia social. Ahora, en el 2020, nos enfrentamos, posiblemente, a una nueva crisis de envergadura global, pero con un impacto local muy significativo. Pero ¿estamos respondiendo igual ante esta emergencia? La crisis del covid-19 tiene elementos muy diferenciados a la crisis anterior. Es todavía pronto para avistar cómo responderá en sistema a las necesidades sociales emergidas, aunque las medidas de urgencia que están desarrollando algunos gobiernos apuntan, desde luego, a un escenario distinto. Tanto el gobierno central, como comunidades, ayuntamientos e, incluso, universidades se han dotado, de manera ágil, de prestaciones y servicios que amortiguen este impacto. Por tanto, es posible que veamos comportamientos muy distintos en el ámbito de las políticas sociales.
La inversión en gasto social tiene como objetivo, desde el desarrollo de los Estados de Bienestar, reducir las desigualdades que genera la renta y el mercado con el fin de tener una sociedad más cohesionada y con una brecha menor entre clases sociales. Ya desde los primeros seguros sociales aprobados a principios del siglo XX, las políticas sociales públicas han contribuido a la estabilidad social. Este hecho consiguió el acuerdo de la mayoría de la sociedad y, por tanto, su legitimación. En el siglo XXI, estas bases ideológicas permanecen en nuestro imaginario social, y la inversión social en momentos de crisis es más o menos legitimada en función del reparto democrático o no de sus consecuencias.
El sociólogo, profesor e investigador José Antonio Noguera (2020) apunta a que son varias las razones que llevan a pensar que la respuesta a la emergencia generada por el covid-19 no será la misma reacción a la crisis del 2008. La primera de ellas tiene que ver con que esta crisis tiene un causante externo e imprevisto, por lo que se considera que, a todas las personas, independientemente de su situación económica y social previa, la crisis les ha pillado por sorpresa. Por tanto, se destierra la sospecha a la responsabilidad individual y la lógica del “merecimiento” a la ayuda social se legitima ante situaciones socioeconómicas imprevistas. En segundo lugar, porque las consecuencias directas y colaterales de esta crisis han tocado a todas las puertas, familias y clases sociales. Por tanto, se intensifica la “empatía” y ello reactiva la solidaridad colectiva. En tercer lugar, la necesidad se ha asentado en los hogares de manera rápida e intensa, la incertidumbre y el miedo hacen que se tambaleen los pilares de la seguridad y, por tanto, esto refuerza cualquier medida pública que contribuya a aportar estabilidad y certidumbre. En este contexto, nadie, independientemente de su ideología, se atreve a valorar como contraproducente cualquier incremento de gasto público para superar la coyuntura. Por último, ser seres humanos que viven en un mismo planeta se constituye, más que nunca, como nuestro principal rasgo identitario y, ello, homogeneiza e intensifica nuestro sentimiento colectivo y de comunidad. Por tanto, estamos en un momento paradigmático de solidaridad y redistribución.
Sin embargo, si bien el escenario que rodea a las políticas sociales es más optimista que nunca, no podemos olvidar que, al igual que ocurrió en la crisis del 2008, los efectos de esta pandemia no se distribuirán de manera democrática. Si bien sabemos que el virus es más agresivo en algunas personas (por razones de edad, patologías previas, etc.), también se identifican situaciones que pueden apuntar a las graves consecuencias que esta cuarentena tendrá para las familias más vulnerables, con empleos temporales, que viven en situaciones de soledad o hacinamiento, con dificultades económicas, sin medios telemáticos para el seguimiento de las clases que incrementarán la desigualdad educativa, etc. Cabe señalarse que el último informe Foessa (2019) constataba que el 18,4% de la población española (8,5 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza y exclusión y que más de 4,6 millones de personas en España viven en casas que no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad o adecuación suficiente. Por tanto, el momento de emergencia social no entiende de clases sociales, pero, en sus costes y recuperación, las brechas sociales serán determinantes. En los momentos de crisis, las políticas sociales toman un papel determinante. No se trata sólo de contener sus efectos, sino de invertir en una salida fuerte y resistente que supere la fragilidad de una sociedad desigual.
Nota: las personas interesadas podrán plantear a investigadores de la UPNA cuestiones relacionadas con el coronavirus o el estado de alarma a través del correo electrónico vicerrectorado.proyeccionuniversitaria@unavarra.es, incluyendo en el asunto #UPNAResponde/#NUPekErantzun.