Responde: Mikel Casares Polo, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra.
La hibernación de la actividad económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha obligado a aprobar con urgencia ingentes planes de gasto con los que desde el sector público se pueda cubrir la falta de ingreso de muchas personas, autónomos y empresas. La búsqueda de fuentes de financiación de estos programas de gasto público para España e Italia no está resultando sencilla porque, además de ser los países que más están sufriendo la crisis sanitaria, presentan malos indicadores tanto de déficit público corriente como de deuda pública acumulada.
El Viernes Santo (10 de abril) el Eurogrupo acordó crear un paquete de ayuda financiera por valor de 540.000 millones de euros en préstamos individuales a los países, dejando de lado la posibilidad de agrupar la ayuda en una emisión de deuda europea conjunta (eurobonos o coronabonos). El dinero parece que saldrá del fondo europeo de rescates (MEDE) que aportará 240.000 millones de euros en financiación a los Estados, del Banco Europeo de Inversiones con créditos a las empresas de hasta 200.000 millones de euros y de un fondo europeo nuevo contra el desempleo por valor de otros 100.000 millones de euros que concederá financiación a los Estados (nuevamente troceada individualmente).
Imagen de Gerd Altmann en Pixabay
Unos días antes, el 28 de marzo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya anunció la puesta en marcha del Programa de Compras de Emergencia en respuesta a la pandemia del COVID-19, con una inyección monetaria prevista de 750.000 millones de euros, fundamentalmente destinada a la compra de deuda pública emitida por los países de la zona euro. Es una cantidad muy elevada. Muy superior a los 285.000 millones de euros que se dedicaron a la compra de activos desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2018, en respuesta a la crisis de deuda. Otra forma de ver la dimensión del programa de Lagarde es calcular la cantidad de euros que supone por ciudadano de la zona euro: 2193 euros por persona. Parece suficiente para cubrir tanto los ingresos de los trabajadores que han perdido su empleo como los pagos de las empresas que han dejado de obtener ingresos por la hibernación de la actividad. El programa del BCE, sin embargo, simplemente está ahí para garantizar que los mercados financieros pueden absorber las nuevas emisiones de deuda, manteniendo artificialmente bajos los tipos de interés al minimizar la prima de riesgo y permitiendo que los Estados altamente endeudados se sigan endeudando. ¿Tiene esto sentido? ¿Va a funcionar? ¿Serán capaces, países como Italia y España, de asumir los pagos de devolución de deuda e intereses en los plazos establecidos? Tengo serias dudas. Y parece que no soy el único; en las últimas dos semanas tanto la prima de riesgo del bono español como el Euribor han iniciado una senda alcista.
El economista Jordi Galí, uno de los investigadores con mayor prestigio internacional en Economía Monetaria, abogó hace unas semanas por una financiación directa y sin contraprestación del BCE a los Estados que no dispongan de fondos propios. Sí, se trata de poner en marcha el helicóptero monetario, evitando que los países altamente endeudados se enreden en otro programa de financiación que no puedan asumir. Voy a exponer mi opinión y mis ideas al respecto.
La producción de dinero tiene un coste muy, muy reducido y el BCE tiene capacidad ilimitada para crear dinero adicional. Si desconfiamos de los Estados porque en general son malos gestores y en algunos casos (como España) tanto en los años malos como en los buenos el presupuesto se cierra con un nuevo déficit público, ¿por qué no se plantea un reparto directamente a los ciudadanos necesitados? Creo que no va a generar inflación puesto que el contexto actual muestra debilidad de demanda y costes de la energía a la baja. Creo que es más un problema de gestión y de dudas sobre cómo hacerlo. El temor del BCE a lo desconocido, junto con su falta de espíritu innovador, pueden pesar igual o más que las posiciones de países con tradición calvinista en Europa (Holanda, Alemania) que no quieren ayudas especiales para aquellos que no han cumplido con sus deberes en el pasado.
Aunque muy probablemente no sirva de mucho, voy a proponer un procedimiento de creación monetaria directa para los ciudadanos. Para garantizar que el dinero se emplee como medio de pago (y no depósito de ahorro), se deberían conceder cupones de compra que puedan ser utilizados en establecimientos próximos a la residencia de la persona receptora. Por ejemplo, adjudicar 10 cupones de 40 euros para ser utilizados a lo largo del próximo mes. Los cupones podrían retirarse, una vez acreditada la situación de falta de ingresos, en aquellas entidades financieras que se adhieran al programa de reparto y canjeo de los cupones. Los propietarios de los establecimientos que acepten los cupones como medio de pago (supermercados, farmacias) podrían canjear las cantidades correspondientes en cualquier entidad financiera adherida al programa, a cambio de dinero en efectivo o un incremento correspondiente de sus cuentas bancarias. Los bancos y entidades adheridas al programa retornarían los cupones al BCE (intermediado por los bancos centrales nacionales) a cambio de una transferencia a las cuentas de reservas de los bancos en el BCE (con una pequeña prima para cubrir los gastos de gestión). El BCE asume la creación monetaria como una pérdida de capital propio que podrá cubrir con las reservas actuales y con provisiones sobre beneficios futuros (es difícil que un banco central llegue a tener pérdidas de explotación). El sistema puede extenderse concediendo cupones para el pago de rentas de alquiler, cuotas hipotecarias o cuotas de créditos concedidos a autónomos o PYMEs, obviamente, una vez se certifique la falta de ingresos del deudor como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Desde que estalló la crisis financiera de 2008 las inyecciones monetarias han sido la respuesta más utilizada por los bancos centrales para generar estímulos en un contexto de tipos de interés muy próximos a 0. Pero estas expansiones monetarias siempre se han diseñado como compras de activos emitidos por los gobiernos, los bancos y, en algunos casos, grandes empresas privadas en dificultades. En el caso del BCE, se consiguió contener, primero, y recortar, después, las primas de riesgo de la deuda soberana de economías periféricas (principalmente, Grecia, Italia y España). A pesar de ello, ni han disminuido los volúmenes de deuda de estos países ni se ha observado un crecimiento económico robusto. Sigue habiendo un riesgo real de que ocurra una suspensión de pagos en la deuda de estos países y ahora el mayor acreedor es el BCE, que tendría que asumir las pérdidas (de forma análoga a la emisión monetaria directa que he propuesto anteriormente). Todo esto quizás nos permita entender la desconfianza de los mercados en la conveniencia de estas medidas monetarias y las reticencias que han mostrado países como Holanda y Alemania a seguir por la vía del apoyo incondicionado a los países mediterráneos.
Nos enfrentamos a un momento de extraordinaria dificultad. La pandemia del COVID-19 exige una respuesta de contención del virus contundente y una acción solidaria de ayuda económica con los países que más la están sufriendo. Europa debería de apostar por salirse de las medidas convencionales para evitar tanto una profunda recesión como una segunda crisis de deuda soberana. Si no es así, me temo que pronto volverán los fantasmas de la desintegración de la zona Euro y del proyecto económico y social de la Unión Europea.
Nota: las personas interesadas podrán plantear al personal investigador de la UPNA cuestiones relacionadas con el coronavirus o el estado de alarma a través del correo electrónico ucc@unavarra.es, incluyendo en el asunto #UPNAResponde/#NUPekErantzun.