Responde: Miguel Laparra Navarro, profesor titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
El coronavirus no sólo ha provocado una crisis sanitaria de primer orden. Está provocando ya una crisis de empleo aguda, con riesgo de larga permanencia. Lógicamente, el impacto social que esto tenga dependerá de las decisiones que vayan adoptando en primer lugar los poderes públicos, pero también los distintos actores de nuestra sociedad.
Sabemos ya que esta crisis va a tener un fuerte impacto en el empleo. La anterior crisis de 2008 supuso una pérdida de 55.000 empleos en Navarra hasta llegar en enero de 2014 a los 243.505 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más baja en muchísimo tiempo. El desempleo registrado creció en 38.000 personas hasta los 56.000. Los efectos sociales de estas crisis se dejan sentir durante mucho tiempo. En España, todavía en 2018, había 4,1 millones de personas en exclusión social severa, según FOESSA, un 45% más que en 2007, antes de la crisis. Algo similar, aunque a menor nivel, ha pasado en Navarra, donde todavía se estimaba para 2018 unas 37.000 personas en exclusión social severa.
¿Es posible que pase esto ahora? Evidentemente, lo es si se repiten los mismos errores que entonces. En principio, todos parecen trabajar ahora con la hipótesis de una crisis aguda: intensa, pero de baja duración y sin grandes efectos a largo plazo. Ese parece el escenario razonable ahora. La flexibilización del plan de estabilidad y la expansión de la política monetaria por parte las instituciones europeas, los importantes estímulos fiscales que están anunciando muchos países y la puesta en marcha de medidas sociales que minimicen el efecto en la capacidad adquisitiva de los hogares y refuercen la capacidad de reacción de los servicios públicos son iniciativas que no se tuvieron en la crisis anterior en la misma medida. Esa es, sin duda, la línea que habrá que seguir reforzando en el futuro tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, a la par que se articulan las medidas para evitar una nueva crisis financiera con los instrumentos que las instituciones europeas tienen a su alcance (compra de deuda pública y privada, eurobonos, planes de inversión…).
De lo contrario, ya tenemos evidencias de los riesgos que afrontamos. Se sabe ya que el desempleo está creciendo en marzo, un mes en el que habitualmente hay una cierta creación de empleo estacional: una media de 1.400 empleos más respecto del mes anterior en los últimos cuatro años. Además, en esta cifra no se recogen los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo: 4.128 en el último dato publicado el día 27 de marzo, que podrían afectar de 30.000 a 50.000 trabajadores. En España, se calcula que pueden ser 1,7 millones los afectados. Refleja perfectamente la situación en la que estamos. Es un proceso de socialización del coste de la flexibilidad de las plantillas para que no recaiga ni en las empresas ni en los trabajadores. Es una buena noticia que sean temporales, que se mantenga la relación de los trabajadores con la empresa y que estas empresas se preserven para el futuro. Y hay que esperar que las medidas aprobadas, que aumentan la protección de estas personas, y la negociación colectiva en curso hagan que su capacidad adquisitiva se reduzca lo mínimo posible. La situación de muchos autónomos, especialmente en los servicios, a la espera de ver qué pasa con sus negocios, es también muy preocupante. Evitar que esta reducción temporal del empleo se traduzca en permanente debe ser la máxima prioridad en este momento y no está claro el efecto que puede tener la restricción de los despidos en caso de no garantizarse la viabilidad económica del mantenimiento de los empleos. Si no se actúa contundentemente, el impacto en el empleo puede ser peor que en la crisis financiera de 2007.
La intensificación del confinamiento, paralizando todas las actividades no esenciales sin reducir los costes, puede empeorar significativamente la situación de muchas empresas pequeñas y medianas, comprometiendo su capacidad de retomar la actividad con normalidad posteriormente. Por eso, es importante que las medidas de confinamiento no se prolonguen en el tiempo más allá de lo que sea estrictamente necesario para afrontar la emergencia sanitaria. Es mucho lo que nos jugamos también en términos económicos y sociales.
Pero hay colectivos que están ya viéndose afectados sin contar con la protección adecuada todavía: trabajadores que ya están siendo despedidos sin haber acumulado tiempo suficiente de cotización, empleadas del hogar que se han ido a sus casas, desempleados de larga duración que están agotando sus prestaciones y otros grupos excluidos. Aquí, una Renta Garantizada puede suponer una última malla de seguridad, como sucede ya en Navarra o País Vasco. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades autónomas estas prestaciones no cuentan ni con presupuesto ni con cobertura suficiente (una décima parte que en Navarra en algunos casos). El compromiso del Ingreso Mínimo Vital que asumió el Gobierno del Estado para esta legislatura debería acelerar lo máximo posible su puesta en marcha para llegar a todos estos grupos si no queremos que se queden al margen y vuelva a incrementarse la bolsa de la exclusión social. Un total de 1,5 millones de hogares en pobreza severa están a la espera.
Nota: las personas interesadas podrán plantear a investigadores de la UPNA cuestiones relacionadas con el coronavirus o el estado de alarma a través del correo electrónico vicerrectorado.proyeccionuniversitaria@unavarra.es, incluyendo en el asunto #UPNAResponde/#NUPekErantzun.